Su atención por favor

Por Martín Granovsky (Página 12, Buenos Aires)

Francisco Franco pensaba que su proyecto debía sobrevivirlo. Por eso buscaba que en España, tras su muerte, quedase “todo atado y bien atado”. Cuánto consiguió y cuánto no es cosa de historiadores. Pero algunos nudos son tan evidentes que todavía aparecen en la superficie: al Generalísimo, cuyos seguidores reciclados persiguen estos días al juez Baltasar Garzón, le encantaría saber que la ruina de Aerolíneas Argentinas comenzó con grupos de negocios nacidos a su sombra. Y festejaría si supiera que esos empresarios persisten en su intento de arruinar al Estado español y al Estado argentino en abril del 2010, casi 35 después de la muerte del Caudillo.

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No se trata de arqueología. Hoy mismo hay una causa relacionada con Aerolíneas abierta en el juzgado 35 de Madrid. La querella acusa a un grupo empresario español, Air Comet, de presunto desvío de fondos públicos y de supuesto delito fiscal.
Las cifras son altas. Se trata de 100 millones de euros de evasión impositiva y de 300 millones de euros que debían ir al Tesoro público español y terminaron en bolsillos privados.
Hay otras dos acusaciones en juego. Una es la presunta falsificación de documentos. La otra, la estafa procesal.
Según los documentos que obran en poder de la Justicia española y a los que tuvo acceso Página/12, el querellante Rafael Caro Moya acaba de reiterar el pedido a declarar a Pablo Olivera, Juan Masso y Juan Gurbindo. En el 2001 desempeñaban los cargos de vicepresidente, director de administración y director de recursos de la SEPI. Gurbindo es el único de los tres que está en la SEPI.
Turbulencias
La SEPI es toda una institución en España. Su nombre completo es Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Coordina y tutela las empresas del Estado o las acciones del Estado en 21 empresas privadas, desde Iberia al Hipódromo de La Zarzuela.
¿Qué tiene que ver la SEPI con Aerolíneas? Que en 2001 entregó Aerolíneas Argentinas y Austral a la empresa Air Comet.
¿Cuánto pagó Air Comet? Un dólar.
¿Eso fue todo? No. Además recibió un subsidio adicional de 800 millones de dólares.
¿Quién gobernaba España en el 2001? José María Aznar, del Partido Popular, conservador, hoy en la oposición.
¿Quién gobernaba la Argentina? Fernando de la Rúa, conservador, hoy bajo proceso.
¿Quiénes colaboraban con De la Rúa en las cuestiones de Aerolíneas Argentinas? Sobre todo cuatro personas:
Nicolás Gallo, entonces ministro de Obras Públicas y luego secretario general de la Presidencia. Alguna vez Gallo posiblemente explique en público qué piensa de la matanza del 20 de diciembre de 2001 en Plaza de Mayo, mientras él estaba físicamente en la Casa Rosada.
Basilio Pertiné, cuñado de De la Rúa. En un gesto que deleitará a algunos pero quizá podría molestar a una masa de cristianos, Pertiné no dudaba en mezclar la fe con la obra pública. El nombre de su empresa era Constructora San José.
Carlos Bastos, ex ministro de Energía de Carlos Menem y de Infraestructura con De la Rúa y Domingo Cavallo.
Patricia Bullrich, hoy diputada, que llegó a ocupar entonces el Ministerio de Trabajo y tenía llegada directa a De la Rúa, Gallo, Pertiné y al Grupo Sushi, encabezado por Antonio de la Rúa, que mezclaba jóvenes interesados en la política con otros más inquietos por mejorar velozmente el standard de vida.
¿Por qué la SEPI entregó Aerolíneas y Austral a Air Comet?
Fue en junio de 2001, cuando la Argentina era el paraíso de la fuga de divisas y la Convertibilidad ya se había convertido en una enorme masa de nitrato de amonio a la espera de un detonador.
Por la crisis, la SEPI decidió concursar Aerolíneas y Austral. Concursar es (Diccionario de la Real Academia Española) “declarar el estado de insolvencia, transitoria o definitiva, de una persona que tiene diversos acreedores”. Insolvencia significa “falta de solvencia, incapacidad de pagar una deuda”.
Pozo de aire
Aerolíneas es uno de los pocos símbolos nacionales en pie. La SEPI aprovechó que en el 2001, en medio de un país quebrado, miles de personas, algunas muy famosas como Enrique Pinti o la Selección Nacional, enarbolaran carteles o usaran camisetas que decían “Salvemos a Aerolíneas Argentinas”. Tal vez hubiera en esa causa la necesidad de aferrarse a un destino común en medio de deflaciones y depresiones. Pero, al margen de cuestiones técnicas y del resultado final, ¿cómo no iba a ser asunto de interés colectivo un servicio público que debía conectar un país con tres mil kilómetros de punta a punta?
Un dato más: oponerse a la liquidación de Aerolíneas en 2001 era recordar que Carlos Menem la había privatizado en 1990. En el epílogo de Alas rotas, el excelente libro sobre la privatización y la quiebra de Aerolíneas publicado en el 2001, escribe la investigadora Mabel Thwaites Rey: “No caben dudas de que se trató, del principio al fin, del resultado genuino de una decisión política económica binacional. Fue por una razón política que (el entonces ministro de Obras Públicas Roberto) Dromi batalló para que Menem firmara el traspaso en 1990. Fue atendiendo a esas mismas razones políticas que Cavallo aceptó, en 1994, dejarles las manos libres a los españoles para que resolvieran según su exclusivo criterio el destino de la aerolínea de bandera argentina”. Y sigue Thwaites Rey: “Es por decisión política que De la Rúa, otra vez con Cavallo escribiendo el libreto, opta por dejar que la SEPI defina en soledad cómo termina la historia. No hubo entonces ni después, argumentos microeconómicos convincentes para justificar la idea de que el Estado argentino no puede ni debe tener una política autónoma de aeronavegación comercial y poseer su propia compañía para servir sus necesidades de transporte aéreo”.
Y ahora, señores pasajeros, abróchense los cinturones y escuchen una cifra de junio del 2001: en esos tiempos de un peso igual a un dólar, el concurso de acreedores era el mayor de la historia argentina, con deudas por mil millones de pesos.
El beneficiario fue el grupo que controlaba Air Comet, Marsans, aliado a otro empresario, Antonio Mata. Son gente flexible, capaz de negociar con cualquier gobierno, incluida la administración socialista de Felipe González (1982-1996), sin olvidar sus raíces. Marsans en un momento llegó a ser estatal. Pascual Arias la recibió por una peseta. Arias era familiar de Carlos Arias Navarro, presidente del gobierno español en los últimos tiempos previos a la muerte de Franco y en los primeros tiempos luego de su muerte.
Viene matando y se va
Mata fue el accionista de Air Comet y hoy es propietario de un diario en la Argentina, contrata como lobbyistas a ex funcionarios y no esconde su simpatía por el PP de Aznar y Mariano Rajoy, por el primer ministro italiano Silvio Berlusconi y por el jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri. Mata contó al periódico Perfil que a los 24 años fue director de Rumasa, un grupo de 700 empresas expropiado en 1983 por Felipe González con el argumento de evitar una caída estrepitosa que arrastrara a la economía española. Luego el Estado fragmentaría el grupo y reprivatizaría las firmas.
Cuando Marsans y sus socios recibieron Aerolíneas de manos de la administración De la Rúa, Mata tenía una condena por presunto vaciamiento de empresas y antecedentes vinculados con la quiebra de la empresa española de charters Oasis.
Como suele ocurrir en la Argentina, la contratación de Aerolíneas por parte de Marsans estaba cercada por cláusulas de confidencialidad que sólo fueron cediendo cuando el juzgado 35 de España comenzó su indagación, en 2005.
La Justicia investiga hoy, por ejemplo, si Marsans y sus socios actuaron conforme a la ley cuando subrogaron créditos, es decir cuando reemplazaron sus deudas de 300 millones de euros por créditos a favor del propio grupo controlante, Air Comet. Esto hacía que la Aerolíneas de Marsans y Mata mantuviera sus deudas y a la vez que su acreedor fuese el propio dueño.
Los intríngulis pueblan la historia de Aerolíneas.
¿Qué pasó con los 800 millones de dólares que la SEPI otorgó en gracia a Marsans? ¿Fueron incorporados en su totalidad al patrimonio de Aerolíneas? ¿Qué constancias tiene el Tribunal de Cuentas de España?
¿Por qué Bastos había recomendado entregar Aerolíneas, en el 2001, a grupos españoles? ¿Qué relación tiene esa recomendación con la fuerte presencia de la Constructora San José, la del cuñado presidencial Basilio Pertiné, en España, a tal punto que participó en la remodelación de las Cortes?
¿Air Comet cuenta en sus activos la valuación de los resultados favorables que obtendría en el juicio que mantiene contra el Estado argentino en el Ciadi, por el cual dicen reclamar 1500 millones de dólares? (El reclamo es por el supuesto perjuicio provocado por el Estado argentino por el proceso de expropiación de Aerolíneas y Austral en el 2008.)
¿Por qué un fondo de inversión estadounidense estaría financiando con 25 millones de dólares los gastos de ese juicio, cuyos resultados podrían conocerse recién en el 2012?
Abogados entusiastas
Igual que en España, la historia argentina es fecunda en ardides y negociados. Pero a veces éstos viajan dentro de sistemas mayores. En esos casos, mientras la Justicia investiga nada impide hurgar en las tramas que sirven de marco a grandes operaciones como el caso Aerolíneas y sus idas y vueltas, y en alguno de sus personajes.
Un ejemplo de entramado es el de Horacio Pedro Fargosi.
Fargosi fue abogado de Aerolíneas tras la privatización. Luego fue fundador y presidente de Interinvest, una argucia para que una empresa de sólo 12 mil pesos de capital pudiese esquivar el Código Aeronáutico y ser receptora de las acciones de Iberia. Iberia era la controladora de Aerolíneas desde su privatización por Menem y Dromi, en 1990, lograda en tiempo record por un atajo de la Corte Suprema de entonces, que en la jerga se conoce como per saltum. Fargosi, a la cabeza del estudio Fargosi & Asociados, fundado en 1960, terminó de presidente del directorio de Aerolíneas cuando Mata se hizo cargo de la compañía.
Otro personaje como Fargosi es el abogado Andrés Marutian, que hoy defiende al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. Hombre versátil, durante el escándalo de la ley de precarización laboral conocida como Banelco, en el 2000, cuidó los intereses del entonces senador salteño Emilio Cantarero, miembro de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones. Marutian es socio de Armando Canosa, secretario de Transporte de Menem. El derecho al debido proceso es una de las bases de la democracia y los abogados ayudan profesionalmente a que ese principio se cumpla en la práctica. A veces ejercen la profesión con entusiasmo en defensa de su reo. En el juicio a las juntas de 1985, uno de los abogados del dictador Roberto Viola dijo que “en la guerra no existe represión sino combate, y éste es brutal y contundente. En ese ámbito no existe el homicidio o el crimen. El que no mata, muere. Y el que no pelea, fenece”. Y agregó entonces Andrés Marutian, alto, engominado, pelo negro peinado hacia atrás, largas pausas entre palabra y palabra: “Las limitaciones para el uso de las armas nunca son jurídicas, sino de logística y táctica”.

“No podemos vivir en medio del silencio”

Por Martín Granovsky (Página 12, Buenos Aires)

La Argentina procesó su pasado de plomo primero con la Justicia que comenzó a actuar con el juicio a las juntas de 1985. Luego, con la interrupción de la investigación judicial, vino la etapa de la memoria. Y la Historia llegó más tarde. Tras la muerte de Francisco Franco y la transición a la democracia, España decidió no hacer justicia y tampoco encaró políticas públicas o particulares de memoria. Los historiadores, en cambio, trabajaron desde un principio. Recién con el primer ministro José Luis Rodríguez Zapatero y su Ley de Memoria Histórica España destapó la olla de la dictadura franquista (1936-1975), a lo cual se agregó la intervención judicial de Baltasar Garzón desde el 2008.

Julián Casanova tiene la rara característica de actuar en los tres planos. Es historiador profesional y catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, Aragón. Escribió, entre otros libros, La Iglesia de Franco y Víctimas de la Guerra Civil, se interesa por las políticas de memoria vinculadas con la educación e interviene con frecuencia en el debate político cotidiano.

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En un diálogo telefónico con Página/12 Casanova aceptó ponerse sus tres sombreros.

–El nacional-catolicismo español es parecido al integrismo argentino. Usted investigó a fondo al primero y su relación con el régimen de Franco.

–La Iglesia Católica se comportó como un bloque muy homogéneo durante casi todo el franquismo. Reverdeció el mito medieval y por supuesto no escuchó ni los disparos ni la represión. Pero la situación social a partir de los años ’60 empezó a modificar los esquemas. El éxodo rural a las ciudades fue cambiando las cosas y aparecieron percepciones nuevas. Antes los sacerdotes no tenían conexiones con el mundo obrero. Cuando los campesinos se convierten en obreros de las grandes ciudades también aparecieron las comunidades cristianas de base y los sacerdotes relacionados con los nuevos trabajadores, a veces todos juntos en movimientos de tono asambleario y casi libertario. No olvidemos que ya existía la Teología de la Liberación y que el Concilio Vaticano II funcionó a principios de la década de 1960.

–¿Cómo estaba la Iglesia cuando a fines de 1975 muere Franco y luego con el comienzo de la transición democrática?

–Dividida. Ya no era aquel bloque monolítico.

–¿Por la pastoral obrera?

–No solamente. También había divisiones en la jerarquía. El cardenal Vicente Enrique y Tarancón apoyó la transición democrática mientras otros dignatarios aún lloraban la muerte de Franco. Al revés de la Iglesia, el ejército sí era todavía un bloque monolítico y estaba dirigido en parte por quienes todavía reivindicaban un ejército de guerra, prolongación de las fuerzas que habían vencido en la Guerra Civil y gobernado con Franco entre 1936 y 1975. La paradoja es cómo evolucionaron las dos instituciones.

–¿Cuál sería la paradoja?

–La jerarquía de la Iglesia Católica, ya sin Tarancón, volvió a hacerse monolítica. Hoy es monolíticamente reaccionaria. Y el ejército, en cambio, no está en la batalla de reivindicación del franquismo que vemos hoy en otros sectores. Si no estaríamos oyendo ruido de sables.

–Y no los oyen.

–No, claro que no. No se escuchan desde febrero de 1981, cuando el mundo asistió a la imagen extraordinaria de Antonio Tejero, aquel personaje que entraba a tiro limpio en un Parlamento de Europa occidental.

–¿Cuáles son algunos de los signos visibles del monolitismo que usted atribuye a la jerarquía eclesiástica española?

–Su peso permanente, en buena medida en aumento durante el papado de Juan Pablo II, que ejerció una influencia de homogeneización. Por ejemplo, no quiso ni negociar en la cuestión del aborto.

–A pesar de que el Congreso la votó por mayoría.

–Exactamente.

–¿Los gobiernos democráticos atacaron a la cúpula de la Iglesia?

–No. Al contrario. Ni siquiera cortó los conciertos subsidiados en los colegios católicos. Tampoco cuestionó las beatificaciones de Juan Pablo II a figuras de la historia española.

–¿A quiénes beatificó?

–A mártires de la Guerra Civil. Pero ése no es el punto. El punto, en relación con su pregunta sobre la actitud de los gobiernos democráticos, es que ningún papa había realizado beatificaciones y canonizaciones antes, en vida de Franco. Todas ocurrieron de la transición en adelante, cuando paradójicamente se fueron muriendo todos los últimos exponentes de la cruzada franquista.

–¿Qué pasó con aquellos movimientos asamblearios dentro de la Iglesia?

–La jerarquía los fue asfixiando. Hay algunos restos. De vez en cuando alguno levanta la mano, pero no tienen espacio.

–En los años ’60 el Opus Dei actúa como fuerza modernizadora dentro del gobierno de Franco. ¿Qué ocurre después?

–Efectivamente es así. El Opus Dei ingresa al gobierno en 1957 y no lo deja hasta 1974. Controla el final del franquismo. Después abandona la política directa y no pesa en la transición democrática. Sin embargo, sigue pesando en sectores de poder y en miembros de la jerarquía, sobre todo con Juan Pablo II.

–La transición se basó, entre otras cosas, en no perseguir los crímenes del franquismo, ¿no es verdad?

–La administración del Estado franquista fue desmontada sin demasiados problemas. No se buscaron responsabilidades y no se buscó a la gente comprometida con el régimen. Salvo expresiones y atentados residuales, el proceso de transición se realizó sin grandes resistencias de grupos ultraderechistas desde dentro de la administración. Esta es la gran paradoja de la transición española: ni las fuerzas relacionadas de alguna manera con las víctimas del franquismo protestaron y exigieron que la transición fuese más allá, ni la ultraderecha, debilitada, pudo oponerse a la propia transición. Fue muy impresionante, por otra parte, el nivel de manejo y de dominio del ritmo político evidentes en los franquistas que aterrizaron en la transición, como el presidente de gobierno Adolfo Suárez.

–Y se produjo el destape.

–Pero a la vez siguió el miedo.

–¿Miedo a qué?

–No olvidemos que los españoles estuvieron educados durante muchos años en la cultura política del orden y la estabilidad. Temían los desórdenes y las protestas. Temían un nuevo trauma. Y los discursos que explotaron ese miedo fueron claves y calaron hondo en la sociedad. Pero tengamos en cuenta también una cosa importante: todos, incluso los sectores más reaccionarios, entendieron que la democracia traía beneficios. Era conveniente para todos.

–En los últimos años, con la Ley de Memoria Histórica y decisiones como la del juez Garzón, ¿volvió el miedo?

–Es distinto. Sucede como si todo el mundo hubiera acordado en un momento que el pasado estaba directamente en el olvido. Y ahora todos se comportan como si les estuvieran cambiando un poco la historia. Pensaron que la habían superado y ahí está.

–¿Fue así?

–Lo fue a nivel masivo. No se trata de miedo a volver al pasado. Es el miedo a que les cambien la historia. El miedo se refiere no tanto a la Guerra Civil sino a la posguerra, a la dictadura, a la represión sistemática. Insisto: lo digo en términos masivos, porque la verdad es que los historiadores veníamos trabajando duro y con precisión en el estudio del franquismo e incluso de sus crímenes.

–¿Cómo juega en este proceso la intervención de Garzón?

–De hecho les dio una proyección masiva e internacional a los temas que los historiadores ya veníamos trabajando. Más allá de que un juez es un juez y un historiador tiene un oficio distinto, no es lo mismo para la visibilidad de un tema la intervención de un juez con prestigio internacional que el trabajo de un historiador capaz de vender, con suerte, 20 mil ejemplares de un libro. Con definiciones como la de Garzón estaba claro que a las instituciones en general no les iba a quedar más remedio que involucrarse.

–¿Para usted es positivo el proceso?

–Al principio, cuando comenzó a discutirse el tema de la Memoria Histórica, no había dudas de que era buena oportunidad de difundir el conocimiento. Siempre hay que saber. Es una forma más de evitar que el pasado traumático pueda volver en algunas de sus formas. Y habría sido bueno para recuperar una parte larga de la historia del siglo XX. Es inconcebible que no haya en España museos, memoriales, sitios donde reflexionar masivamente sobre lo que ocurrió. Cuando se pase la bronca política de hoy, ¿qué quedará? Habrá que reconstruir en los archivos, contribuir a la memoria, dar materiales para la educación. Y hay muchas discusiones pendientes. ¿Qué debe borrarse del pasado? Es obvio que no puede vivirse con todas las calles que se llamaban Generalísimo o Francisco Franco. Pero, ¿hay que sacar todo? Quitaron todas las placas de conmemoración del franquismo. ¿No había que dejar por lo menos una parte para que se entendiera el propio franquismo? Si no, se acaba borrando las memorias de los otros.

–Incluidas las víctimas.

–Incluidas. Y ya que habla de las víctimas, permítame aprovechar para aclarar algunas cosas para los lectores argentinos. Puede ser que se haya interpretado la decisión de Garzón de sentirse en condiciones de entender en los crímenes del franquismo como algo con una consecuencia directa: que Garzón iba a por los verdugos.

–Supongo que los verdugos, en su mayoría, murieron.

–Claro. Y otro punto es el de los desaparecidos. Hubo desaparecidos en la Guerra Civil y puede haber habido algunos después, pero ésa no fue la norma represiva del franquismo.

–¿Cómo reprimió Franco?

–Lo predominante no fueron las desapariciones al estilo de la represión argentina, porque Franco fusilaba. Por supuesto que los acusados no tuvieron un juicio justo, pero no hay mayores misterios. Los investigadores registramos los asesinatos. Conocemos sus nombres. Escribimos libros.

–¿Cuántos fueron?

–Por lo menos hay registrados 50 mil asesinados después de la Guerra Civil. Es una enormidad. Y la decisión de Garzón funcionó como un modo de hacer más visible ese tema. Lo atacan porque dicen que es un juez-estrella. Pero es su forma de que las cosas aparezcan en la superficie. Y, más allá de Garzón, una sociedad no puede vivir para siempre entre miles de muertes del pasado y en medio del silencio. Las muertes siempre merecen una retribución jurídica y política. Veremos cuál es, pero la merecen.

Una versión brutal del catolicismo

Por Sinead O´Connor (La Nación, Buenos Aires)

Dublín.- Cuando era niña, Irlanda era una teocracia católica. Si se acercaba un obispo por la calle, la gente se apartaba para dejarle paso. Si asistía a un acontecimiento deportivo, el equipo se aproximaba a arrodillarse y besarle el anillo. Si alguien cometía un error, en vez de decir "nadie es perfecto", decíamos: "Podría pasarle hasta a un obispo".

Esta última frase era más certera de lo que imaginábamos. Hace unos días, el papa Benedicto XVI escribió una carta personal en la que pedía perdón -por decir algo- a Irlanda por los decenios de abusos sexuales a menores que cometieron unos sacerdotes en los que se suponía que debían confiar esos niños. Para muchos irlandeses, esa carta del Papa es un insulto no sólo a nuestra inteligencia, sino a nuestra fe y a nuestro país. Para entender por qué, hay que tener en cuenta que los irlandeses hemos sufrido una variante brutal del catolicismo, basada en la humillación de los niños.

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Yo lo viví en persona. Cuando era niña, mi madre -una madre maltratadora y todo lo contrario de lo que debe ser una buena madre- me animaba a que robara en las tiendas. En una ocasión me atraparon y pasé 18 meses en el Centro de Formación An Grianan, una institución para niñas con problemas de conducta en Dublín, por recomendación de una trabajadora social. An Grianan era una de las hoy tristemente famosas "lavanderías de las Magdalenas", patrocinadas por la Iglesia, que albergaban a adolescentes embarazadas y a jóvenes poco dóciles. Trabajábamos en el sótano, lavando la ropa de los curas en fregaderos con agua fría y pastillas de jabón. Estudiábamos matemáticas y mecanografía. Teníamos poco contacto con nuestras familias. No cobrábamos ningún sueldo. En mi caso, por lo menos, una de las monjas fue buena conmigo y me regaló mi primera guitarra.

An Grianan era un producto de la relación del gobierno irlandés con el Vaticano; la Iglesia gozó de una posición especial, reconocida en nuestra Constitución hasta 1972. Todavía en 2007, el 98% de los colegios irlandeses estaba en manos de la Iglesia Católica. Pero los colegios para niños difíciles han estado siempre plagados de castigos corporales salvajes, maltratos psicológicos y abusos sexuales. En octubre de 2005, un informe encargado por el Gobierno identificó más de cien acusaciones de abusos sexuales cometidos por sacerdotes entre 1962 y 2002 en Ferns, un pueblo a unos cien kilómetros al sur de Dublín. La policía no investigó a los sacerdotes acusados; se dijo que padecían un "problema moral". En 2009, un informe similar involucró a los arzobispos de Dublín en la ocultación de varios escándalos de abusos sexuales entre 1975 y 2004.

¿Por qué se toleraba esa conducta criminal? Según el informe de 2009, el "importantísimo papel que ha desempeñado la Iglesia en la vida irlandesa es el motivo por el que se consintió que no se pusiera fin a los abusos cometidos por una minoría de sus miembros".

A pesar de la larga relación de la Iglesia con el gobierno irlandés, la carta en la que el papa Benedicto pide, teóricamente, perdón no asume ninguna responsabilidad por las infracciones de los curas irlandeses. Dice que "antes, la Iglesia en Irlanda debe reconocer ante el Señor y ante los otros los graves pecados cometidos contra unos niños indefensos". ¿Qué hay de la complicidad del Vaticano en esos pecados?

En su texto, Benedicto da la impresión de que se ha enterado hace poco de los abusos. Se presenta como una víctima más: "No tengo más remedio que compartir la desolación y la sensación de traición que habéis experimentado tantos de vosotros al saber de estos actos pecaminosos y criminales y de cómo se ocuparon de ellos las autoridades eclesiásticas en Irlanda". Sin embargo, la carta de infausta memoria que envió Benedicto en 2001 a los obispos de todo el mundo les ordenaba guardar secreto sobre las acusaciones de abusos sexuales so pena de excomunión. Es decir: actualizaba una perniciosa política de la Iglesia, expresada en un documento de 1962, que establecía que tanto los sacerdotes acusados de delitos sexuales como sus víctimas debían "observar el más estricto secreto" y "atenerse a un silencio eterno".

Benedicto, entonces Joseph Ratzinger, era cardenal cuando escribió esa carta. Hoy, cuando ocupa el sillón de San Pedro, ¿vamos a creer que su opinión ha cambiado? ¿Y vamos a conformarnos ante las recientes revelaciones de que en 1996 se negó a destituir a un sacerdote acusado de haber abusado de hasta 200 niños sordos en el Estado norteamericano de Wisconsin?

La carta de Benedicto afirma que su preocupación es "sobre todo, ayudar a sanar a las víctimas". Sin embargo, les niega lo que podría sanarlas: una confesión inequívoca del Vaticano de que ocultó los abusos y de que ahora está tratando de ocultar el ocultamiento. Asombrosamente, el Papa invita a los católicos a "ofrecer vuestro ayuno, vuestras oraciones, vuestra lectura de las Escrituras y vuestras obras de misericordia para obtener la gracia de la curación y la renovación de la Iglesia de Irlanda". Y sugiere, cosa aún más asombrosa, que las víctimas irlandesas pueden sanar acercándose más a la Iglesia, la misma Iglesia que exigía votos de silencio a los niños víctimas de los abusos, como ocurrió en 1975, en el caso del padre Brendan Smyth, un sacerdote irlandés que más tarde acabó en la cárcel por delitos sexuales repetidos. Muchos irlandeses, cuando se nos pasó la risa, nos dijimos que la idea de que necesitamos la Iglesia para aproximarnos a Jesús es una blasfemia.

Para los católicos irlandeses, lo que insinúa Benedicto -que los abusos sexuales en Irlanda son un problema irlandés- es arrogante y blasfemo. El Vaticano está actuando como si no creyera en un Dios que todo lo ve. Quienes dicen ser los guardianes del Espíritu Santo se dedican a aplastar todo lo que el Espíritu Santo representa. Benedicto es culpable de dar una imagen falsa del Dios al que adoramos. Todos sabemos, en el fondo de nuestro corazón, que el Espíritu Santo es la verdad. Por eso sabemos que Cristo no está con esos que lo invocan con tanta frecuencia.

Los católicos irlandeses tienen una relación disfuncional con una organización que comete abusos. El Papa debe hacerse responsable de las acciones de sus subordinados. Si hay sacerdotes católicos que abusan de los niños, es Roma, y no Dublín, la que debe responder por ello, con una confesión inequívoca y sometiéndose a una investigación criminal. Mientras no lo haga, todos los buenos católicos -incluidas las ancianitas que van a misa todos los domingos, no sólo los cantantes de protesta como yo, a quienes el Vaticano puede ignorar sin problema- deberían dejar de acudir al templo. Ha llegado la hora de que en Irlanda separemos a nuestro Dios de nuestra religión y nuestra fe de sus supuestos dirigentes.

Hace casi 18 años, rompí una fotografía del papa Juan Pablo II en un episodio de Saturday Night Live . Muchos no entendieron la protesta. La semana siguiente, el presentador invitado del programa, el actor Joe Pesci, dijo que, si hubiera estado presente, me hubiera dado una bofetada. Yo sabía que mi acción iba a causar problemas, pero quería provocar un debate necesario; ése es uno de los ingredientes de ser artista. Lo único que lamenté fue que la gente pensara que no creía en Dios. No es verdad, en absoluto. Soy católica de nacimiento y cultura, y sería la primera en presentarme a la puerta de la iglesia si el Vaticano ofreciera una reconciliación sincera.

Mientras Irlanda soporta la ofensiva carta con la que Roma pide perdón y un obispo irlandés dimite, pido a los estadounidenses que comprendan por qué una mujer católica irlandesa que sobrevivió a los malos tratos de niña pudo querer romper la foto del Papa. Y que piensen si a los católicos irlandeses, por no atrevernos a decir que nos merecemos algo mejor, se nos debe tratar como si mereciéramos algo peor.

Publicado orinalmente por The New York Times.

Las vueltas de la historia

Por Mario Wainfeld (Página 12, Buenos Aires)

“Una de las dos Españas
ha de helarte el corazón”.
Antonio Machado

Una vez ganada la guerra civil, el franquismo tomó una decisión brutal, apropiarse de los hijos de muchas mujeres republicanas presas, muertas o a punto de ser condenadas a muerte. La fundamentó en perversas teorías psicologistas: considerando a los marxistas “psicópatas antisociales”, “segregarlos de sus madres desde la infancia ahorraría una plaga a la sociedad”. Dicho y hecho, miles de familias fueron privadas de la patria potestad, que se endosó al Estado. Decenas de miles de niños, quizá centenares de miles, fueron “resocializados” en orfanatos creados al efecto y, eventualmente, entregados en adopción borrando todos los datos de su familia de origen. Todo se legisló, urdiéndose una pesada trama burocrática y pseudoasistencial.

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En España, aún hoy día, poco se conoce sobre el asunto, memorablemente narrado en el libro Mala gente que camina, de Benjamín Prado. Es una novela inusual, que combina elementos ficcionales con una formidable investigación. Prado es novelista, ensayista, poeta, periodista. Hasta letrista, colaboró en las letras de las canciones del último disco de Joaquín Sabina. El año pasado presentó Mala gente... en la Feria del Libro de Buenos Aires. En varias entrevistas, burla burlando, dijo que una de sus finalidades era aliviar de culpas a los argentinos: “Quiero contaros que vuestra dictadura no inventó nada”.

Ironías (y diferencias de implementación) aparte, bastante de eso hay. La violación de derechos humanos es una constante expandida en varias latitudes, potenciada en el siglo XX. También el surgimiento de una justicia universal que saltea fronteras para impedir la impunidad de los crímenes de lesa humanidad.

Baltasar Garzón fue pionero en esa brega, aunque no su inventor. Para el movimiento de derechos humanos argentino, las causas abiertas por ese magistrado fueron un catalizador, un impulso llegado de ultramar que revitalizó la gesta contra la impunidad en nuestro territorio.
* * *

Hiperactivo y bastante solitario, Garzón encarnó una proeza persiguiendo a represores de este rincón del mundo. Contaba con pocos “fierros”, siendo apenas juez de primera instancia. Pero su tarea movilizó a víctimas, organizaciones nobles y militantes, abogados tan comprometidos como creativos. Ese inesperado colectivo litigó en España, abriendo ventanas en la formidable lucha de los movimientos de derechos humanos argentinos.

En un alarde de coraje y prepotencia de trabajo, Garzón arrestó a Augusto Pinochet en Londres, tras escribir sus fundamentos con la sola cooperación de un empleado de su juzgado en una noche febril.

Las réplicas primeras de los gobiernos argentino y chileno fueron deplorables. Por acá, bajo el mandato de dos presidentes argentinos, Carlos Menem y Fernando de la Rúa, brotó un nacionalismo de opereta, pretendiendo poner fronteras al derecho de gentes. Entre tanto, se glorificaba la globalización y se permitía el despliegue irrefrenable de los mercados del mundo. Los flujos financieros no requerían pasaporte ni aduana, pero eso sí: la Argentina devino un aguantadero para represores genocidas. Para colmo de inconsecuencias, se lo justificaba con una retórica chauvinista que apestaba a naftalina. Y a complicidad.
* * *

Los escenarios han cambiado, en España y en Argentina. Tras vicisitudes (y con enormes bretes aún) se abrieron procesos por los crímenes de la dictadura. En su patria, Garzón está siendo asediado por una avanzada de la derecha, que tiene aliados transversales en cierta sedicente progresía. Como explicó con minucia y garbo el colega Martín Granovsky el domingo pasado en Página/12, el señor juez no se privó de nada. Puso en el banquillo a los criminales sudamericanos, a la ETA, a los GAL prohijadas por Felipe González, a terroristas islámicos. En los últimos tiempos pateó dos hormigueros domésticos. Uno fue la corrupción del Partido Popular, consagrada en el apodado caso Gürtel que está hoy día a punto caramelo, enlodando a la flor y nata del centroderecha hispano.

Además, consistente con su prédica para otras comarcas, Garzón interpretó que la Ley de Amnistía de su país no ampara los delitos contra la humanidad, imprescriptibles e imperdonables por vía de pretensas leyes. Develar los crímenes del franquismo fue un reto al silencio y a las componendas de décadas. Una coalición amplia y mediocre busca revancha: quiere juzgar al juzgador, condenarlo penalmente, privarlo de su cargo. Esa pelea está desplegándose y la solidaridad internacional tiene algo que hacer. Desde estas pampas, sumarse es un deber de gratitud.

La batida contra Garzón no es, tan solo, un ajuste de cuentas personal. Frena las causas contra los crímenes del franquismo. Los corsi y ricorsi de la historia validan la movida que se hará mañana, de la que se da cuenta en la nota central de estas páginas. La doctrina que ha recorrido el mundo se postulará ante los tribunales locales, a quienes se recabará que apliquen la ley universal.

Carlos Slepoy, el abogado argentino que representó a muchas víctimas en España, definió lo que se viene como “una devolución a Garzón”. Abrir los tribunales argentinos para evitar la inmunidad de crímenes afrentosos es un rizo de la historia, también un modo justo de pagar una deuda. ¿Encontrarán los demandantes un magistrado de la talla de Baltasar Garzón? Parece muy difícil, aun tomando en cuenta su personalismo y algunos errores, propios de quien hace tanto.

¿Encontrará el reclamo, al menos, jueces que se hagan cargo de lo que es legal y digno? No es seguro, no es imposible, sería justo y necesario.

El costo de la crisis en EE.UU. es menor a lo previsto

Por Deborah Solomon (Bloomberg)

Washinton.- El salvavidas que el gobierno de Estados Unidos lanzó para rescatar a compañías en problemas y los mercados financieros parece menos oneroso y prolongado de lo que se temía.
Las empresas que hace apenas unos meses funcionaban como zombies empiezan a devolver las inyecciones de recursos fiscales que recibieron en medio de la crisis financiera y el costo del rescate se ha reducido a una fracción de lo que se había estimado previamente.

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Funcionarios del Departamento del Tesoro de EE.UU. estiman que el costo final podría ascender a US$89.000 millones, una cuenta que incluye el Programa de Alivio de Activos en Problemas (TARP, por sus siglas en inglés), las inyecciones de capital en los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac, garantías de préstamos emitidas por la Administración de Vivienda Federal y medidas de la Reserva Federal como la compra de valores respaldados por hipotecas y el apuntalamiento del mercado de papeles comerciales.
El Departamento del Tesoro se siente cada vez más optimista de que incluso American International Group Inc. (AIG) funcione en forma independiente en un año. Según fuentes cercanas, el gobierno evalúa formas de desprenderse de su participación de 80% en la aseguradora. AIG se encamina a pagar el préstamo de la Fed a través de ventas de activos que recaudarán US$51.000 millones.
El Tesoro estadounidense, asimismo, planea vender su participación de US$32.000 millones en Citigroup Inc. mientras que General Motors Corp. da los pasos necesarios para devolverle al gobierno su inversión de US$6.700 millones y prepara su regreso a la bolsa en unos meses. Las dos empresas quedarían libres de restricciones estatales este año.
Hace apenas un año, la Oficina de Presupuesto del Congreso estadounidense y la de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca estimaron que el costo del paquete de rescate bordearía los US$250.000 millones. Sin embargo, el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, dijo el mes pasado que la cifra llegaría a "menos de 1%" del Producto Interno Bruto. La proyección de US$89.000 millones es 42% más baja que el costo de la crisis de ahorro y préstamos que agobió a EE.UU. a finales de los años 80 y comienzos de los 90.
El precio más bajo de lo esperado refleja la veloz estabilización de los mercados financieros, lo cual ha ayudado a las empresas a devolver el dinero de los contribuyentes (a menudo con interés) y le ha permitido a Washington gastar menos en algunos programas de asistencia que lo que había proyectado.
El gobierno también recibe dividendos, pagos de intereses e ingresos por otros programas de rescate relacionados que varían desde el pago de 5% de interés anual sobre la deuda de US$1,5 billones (millones de millones) de Fannie Mae y Freddie Mac hasta US$4.000 millones provenientes de la venta de bonos de prenda (warrants) que recibió a cambio de sus participaciones en las empresas que recibieron fondos del TARP.
De todos modos, el costo directo del rescate palidece frente al impacto económico y político, dicen muchos expertos. Es probable que EE.UU. demore varios años en recuperarse de la miseria económica, el incremento de la deuda, la pérdida de ingresos fiscales y la agitación política desencadenada por la crisis financiera.
"Si se mira el precio de la crisis financiera… los costos del rescate son a menudo una pequeña parte", dijo Kenneth Rogoff, profesor de economía de la Universidad de Harvard y coautor de un libro sobre la historia de las crisis financieras.
El gobierno estadounidense, por ejemplo, aún suministra apoyo crítico a los mercados financieros y de bienes raíces. Y el Estado seguirá con una carga importante sobre sus hombros: con una inyección directa del gobierno de US$125.900 millones, se espera que Fannie Mae y Freddie Mac sigan dependiendo por años de las arcas fiscales. Ambas instituciones tienen una línea de crédito ilimitada con Washington.
De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso, se espera que las pérdidas relacionadas con los portafolios de inversión de Fannie Mae y Freddie Mac alcancen US$370.000 millones para 2020, aunque la cifra puede fluctuar dependiendo de la salud del mercado inmobiliario.
El malestar generalizado del público hacia los rescates ha complicado la capacidad del gobierno de Barack Obama de conseguir la aprobación de iniciativas clave en el Congreso, como la reforma financiera. "¿Cómo le pone un precio a la ira popular que ha contaminado la formulación de políticas económicas?", dijo Anil Kashyap, economista de la Universidad de Chicago, quien ha criticado el programa de rescate del gobierno estadounidense.
Los economistas señalan que las preocupaciones económicas y financieras han restado varios miles de millones de dólares a la recaudación tributaria. Los impuestos a la renta corporativos e individuales descendieron drásticamente, mientras que los impuestos a las ganancias de capital se han movido al son de los mercados bursátiles. Los ingresos del gobierno estadounidense para 2009 se ubicaron en US$2,1 billones, unos US$200.000 millones por debajo de lo proyectado por la Oficina de Presupuesto del Congreso.
De todas maneras, de los US$245.000 millones inyectados en los bancos, el gobierno ha recuperado US$169.000 millones hasta el momento y se estima que obtendrá una ganancia de US$8.000 millones.