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martes, 18 de mayo de 2010

Lo que no se dice de la crisis



Por Vicenç Navarro (*)

La crisis que están viviendo algunos países mediterráneos –Grecia, Portugal y España– e Irlanda se está atribuyendo a su excesivo gasto público, que se supone ha creado un elevado déficit y una exuberante deuda pública, escollos que dificultan seriamente su recuperación económica. De ahí las recetas que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo (BCE) y el Consejo Europeo han estado imponiendo a aquellos países: hay que apretarse el cinturón y reducir el déficit y la deuda pública de una manera radical.

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Es sorprendente que esta explicación haya alcanzado la dimensión de dogma, que se reproduce a base de fe (el omnipresente dogma liberal) y no a partir de una evidencia empírica. En realidad, ésta muestra lo profundamente errónea que es tal explicación de la crisis. Veamos los datos.
Todos estos países tienen los gastos públicos (incluyendo el gasto público social) más bajos de la UE-15, el grupo de países más ricos de la Unión Europea, al cual pertenecen. Mírese como se mire (bien gasto público como porcentaje del PIB; bien como gasto público per cápita; bien como porcentaje de la población adulta trabajando en el sector público), todos estos países están a la cola de la UE-15. Su sector público está subdesarrollado. Sus estados del bienestar, por ejemplo, están entre los menos desarrollados en la UE-15.
Una causa de esta pobreza del sector público es que, desde la Segunda Guerra Mundial, estos países han estado gobernados la mayoría del periodo por partidos profundamente conservadores, en estados con escasa sensibilidad social. Todos ellos tienen unos sistemas de recaudación de impuestos escasamente progresivos, con carga fiscal menor que el promedio de la UE-15 y con un enorme fraude fiscal (que oscila entre un 20 y un 25% de su PIB). Son estados que, además de tener escasa sensibilidad social, tienen escaso efecto redistributivo, por lo que son los que tienen mayores desigualdades de renta en la UE-15, desigualdades que se han acentuado a partir de políticas liberales llevadas a cabo por sus gobiernos. Como consecuencia, la capacidad adquisitiva de las clases populares se ha reducido notablemente, creando una economía basada en el crédito que, al colapsarse, ha provocado un enorme problema de escasez de demanda, causa de la recesión económica.
Es este tipo de Estado el que explica que, a pesar de que su deuda pública no sea descomunal (como erróneamente se presenta el caso de Grecia en los medios, cuya deuda es semejante al promedio de los países de la OCDE), surjan dudas de que tales estados puedan llegar a pagar su deuda, consecuencia de su limitada capacidad recaudatoria. Su déficit se debe, no al aumento excesivo del gasto público, sino a la disminución de los ingresos al Estado, resultado de la disminución de la actividad económica y su probada ineficacia en conseguir un aumento de los ingresos al Estado, debido a la resistencia de los poderes económicos y financieros.
Por otra parte, la falta de crédito se debe al excesivo poder del capital financiero y su influencia en la Unión Europea y sus estados miembros. Fue la banca la que, con sus comportamientos especulativos, fue creando burbujas que, al estallar, han generado los enormes problemas de falta de crédito. Y ahora están creando una nueva burbuja: la de la deuda pública. Su excesiva influencia sobre el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (este último mero instrumento de la banca) explica las enormes ayudas a los banqueros y accionistas, que están generando enormes beneficios. Consiguen abundante dinero del BCE a bajísimos intereses (1%), con el que compran bonos públicos que les dan una rentabilidad de hasta un 7% y un 10%, ayudados por sus agencias de cualificación (que tienen nula credibilidad, al haber definido a varios bancos como entidades con elevada salud financiera días antes de que colapsaran), que valoran negativamente los bonos públicos para conseguir mayores intereses. Añádase a ello los hedge funds, fondos de alto riesgo, que están especulando para que colapse el euro y que tienen su base en Europa, en el centro financiero de Londres, la City, llamada el “Wall Street Guantánamo”, porque su falta de supervisión pública es incluso menor (que ya es mucho decir) que la que se da en el centro financiero de EEUU.
Como bien ha dicho Joseph Stiglitz, con todos los fondos gastados para ayudar a los banqueros y accionistas se podrían haber creado bancos públicos que ya habrían resuelto los problemas de crédito que estamos experimentando (ver mi artículo “¿Por qué no banca pública?”, en www.vnavarro.org).
En realidad, es necesario y urgente que se reduzca el sobredimensionado sector financiero en el mundo, pues su excesivo desarrollo está dañando la economía real. Mientras la banca está pidiendo a las clases populares que se “aprieten el cinturón”, tales instituciones ni siquiera tienen cinturón. Dos años después de haber causado la crisis, todavía permanecen con la misma falta de control y regulación que causó la Gran Recesión.
El mayor problema hoy en la UE no es el elevado déficit o deuda (como dice la banca), sino el escaso crecimiento económico y el aumento del desempleo. Ello exige políticas de estímulo económico y crecimiento de empleo en toda la UE (y muy especialmente en los países citados en este artículo). No ha habido una crisis de las proporciones actuales en el siglo XX sin que haya habido un crecimiento notable del gasto público y de la deuda pública, que se ha ido amortizando a lo largo de los años a base de crecimiento económico. EEUU pagó su deuda, que le permitió salir de la Gran Depresión, en 30 años de crecimiento. El mayor obstáculo para que ello ocurra en la UE es el dominio del pensamiento liberal en el establishment político y mediático europeo, imponiendo políticas que serán ineficientes, además de innecesarias. Y todo para asegurar los beneficios de la banca. Así de claro.

(*) Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University

jueves, 23 de julio de 2009

Las falsedades sobre Honduras

Por Vicenç Navarro, catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de ‘Policy Studies’ en The Johns Hopkins University. Ilustración: Mikel Jaso (Público)


A raíz del golpe de Estado ocurrido en Honduras, las derechas –tanto en España como en el extranjero– se han movilizado para explicar (y frecuentemente justificar) tal golpe con el argumento de que, en realidad, casi nadie en Honduras quería al depuesto presidente Zelaya y que muy pocos desean ahora su vuelta a la Presidencia de aquel país. Tal mensaje ha sido ampliamente promovido por autores y medios conservadores y liberales, expresándose en narrativas distintas y con matices diversos con un mensaje
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Así, J. Ibarz escribió en La Vanguardia (16-07-09) que “los hondureños no parecen desear el retorno de Zelaya”. La Vanguardia también publicó una entrevista con el cardenal Óscar Rodríguez Madariaga, arzobispo de Tegucigalpa, en la cual defendía el golpe militar refiriéndose a la falta de apoyo al presidente depuesto que había violado –según él– la Constitución hondureña (12-07-09). Mario Vargas Llosa se refirió también a esta falta de apoyo popular al presidente depuesto en su artículo publicado en El País (12-07-09), en el que criticaba el golpe militar por haber hecho del presidente depuesto un mártir para la opinión internacional, aunque no en la hondureña, donde Zelaya era muy poco popular, con poca gente deseando su regreso.

A nivel internacional, el liberal The Economist (que apoyó la elección de los candidatos republicanos a la Presidencia de EEUU en las últimas cuatro elecciones estadounidenses) promovió la misma visión de los hechos en Honduras, subrayando que el apoyo internacional al presidente depuesto no se reflejaba en la propia Honduras, donde no había habido una protesta por su deposición (04-06-09).Y en EEUU, The Wall Street Journal (cercano a la ultraderecha republicana de EEUU) publicó un artículo en el que, por primera vez, se cuantificaba esta falta de apoyo al presidente Zelaya haciendo referencia a una encuesta Gallup realizada en Honduras que señalaba que nada menos que el 41% de los hondureños estaban a favor del golpe que depuso al presidente Zelaya y sólo un 28% se opuso (10-07-09). Esta información fue distribuida por la agencia Reuters y puesto que esta era la única noticia en la que estadísticamente se podía mostrar el grado de apoyo al golpe y desafecto con el presidente, se convirtió en la referencia utilizada por todos aquellos que deseaban promover tal visión de falta de apoyo popular que explicaba (cuando no justificaba) tal golpe militar. En España, estamos familiarizados con este tipo de argumentos, pues también los utilizaron los golpistas de 1936.

El único problema de esta explicación es que es falsa y los números son erróneos. En realidad, los números eran precisamente contrarios a lo que todos aquellos individuos y agencias habían indicado. El presidente de la compañía de encuestas Gallup, en una entrevista que dio a Voice of America (09-07-09), mostró los datos reales. Indicó que la encuesta realizada por su agencia mostraba que el 46% se oponía al golpe militar que depuso al presidente y sólo un 28% lo apoyó, precisamente al revés de lo que las derechas han citado. The New York Times (10-07-09) sí que publicó aquellas cifras correctamente, como también lo hizo The Associated Press. Hasta hoy, ninguno de los autores, medios o agencias que informaron incorrectamente de los resultados de aquella encuesta ha pedido disculpas por aquel error (o manipulación), ni tampoco han clarificado que era un error. Tampoco es cierto que el presidente Zelaya fuera impopular antes del golpe, tal como han indicado aquellas voces de derechas. Según una encuesta Gallup realizada el 8 de febrero, el 53% de los hondureños tenía una opinión favorable del presidente Zelaya y sólo un 23% la tenía favorable de Micheletti, que lideraba, en la práctica, la oposición al presidente.

Hoy, la mejor prueba de que hay oposición al golpe militar es el propio estado de sitio, enormemente represivo, con completa anulación de las libertades elementales en una democracia, incluida la libertad de prensa. Si hubiera tal apoyo generalizado al gobierno golpista de Micheletti, no se necesitaría tal brutal represión.

Otra justificación que se le ha dado al golpe militar es la necesidad del golpe para impedir la continuación de Zelaya como presidente, lo cual hubiera ocurrido de hacerse el referéndum. Aquí, de nuevo, la falta de veracidad es la norma. En primer lugar, lo que se llama referéndum no era tal. Era una encuesta (la Encuesta de Opinión Pública, Convocatoria de Asamblea Constituyente), que estaba gestionada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El presidente tenía plena autoridad, según la Ley de Participación Ciudadana de 2006, de pedir al INE que realizara tal encuesta. En tal pregunta de la encuesta, no se hacía ninguna referencia a la reelección del presidente. Se pedía a la ciudadanía su opinión sobre la conveniencia de que la Asamblea, que la población elegiría el día de las próximas elecciones en noviembre, se encargaría de escribir una nueva Constitución. La versión actual de la Constitución fue escrita en 1981 y fue aprobada al término de la dictadura militar (que tuteló su preparación), que impuso toda una serie de cláusulas que protegen el enorme poder económico y político de la oligarquía que rige el país, así como de los intereses extranjeros, predominantemente estadounidenses, que han tenido una enorme influencia en la vida económica y política de aquel país (la expresión “república bananera”, utilizada para referirse a un país gobernado en la práctica por una compañía bananera, se utilizó precisamente para definir a Honduras).

La enorme hostilidad de la oligarquía hondureña a que se modificaran tales privilegios garantizados en aquella Constitución fue la causa real del golpe militar. En cuanto a la continuidad de Zelaya en su mandato, el calendario –incluso si se hubiera iniciado el proceso constituyente– impediría que Zelaya continuara, pues el proceso constituyente no es un proceso inmediato y el mandato terminaría cuando se eligiera una nueva Asamblea. Este hecho, como otros, es ignorado en la constante manipulación derechista.

jueves, 16 de julio de 2009

La doble moral de los medios


Por Vicenç Navarro, Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de ‘Policy Studies’ en The Johns Hopkins University (Público)

Uno de los mayores problemas que tiene la democracia española es la muy limitada diversidad ideológica que existe en los medios de información de mayor tiraje del país. Y ello es fácil de demostrar. Si miramos, por ejemplo, el número de artículos críticos hacia el presidente Chávez y su Gobierno en Venezuela que se han escrito en los últimos doce meses en los cinco diarios de mayor difusión en España, vemos que se han publicado nada menos que 72. Si buscamos, en cambio, artículos favorables al presidente Chávez o a su Gobierno, no encontrarán ni uno (sí, leen bien, ni uno).
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Esta falta de diversidad contrasta con la existente en el país criticado –Venezuela–, donde pueden leerse, en la prensa venezolana de mayor tiraje, artículos críticos del presidente y de su Gobierno, así como artículos favorables. Lo mismo ocurre en los medios televisivos. En realidad es mucho más fácil encontrar artículos críticos sobre Chávez en los mayores medios venezolanos, que favorables a tal dirigente venezolano en los medios de mayor difusión en España. De tal hecho, fácilmente contrastable, puede deducirse que hay mayor diversidad ideológica y libertad de prensa en Venezuela que en España. Por mera coherencia ideológica, uno esperaría que las mismas voces liberales que están alarmadas por lo que consideran como un peligro para la democracia venezolana –la disminución de voces críticas en aquel país– estarían escribiendo artículos críticos de la extraordinaria limitación a la diversidad ideológica que existe en España. Pues no, permanecen callados. En realidad, son los mismos autores y editorialistas que denuncian alarmados la situación de Venezuela (preocupados por las limitaciones democráticas en los medios de aquel país), los que son responsables de la falta de diversidad ideológica en el nuestro. La doble moral de aquellos medios, en su supuesto compromiso con la libertad de expresión, es notoria y fácilmente demostrable.

Este asfixiante sesgo de aquellos medios de información y persuasión liberales tiene dos consecuencias. Una de ellas es que constantemente se está proveyendo opinión como si fuera información, la cual se convierte rápidamente en la sabiduría convencional del momento, al no poder ser contrastada con puntos críticos, que son excluidos de tales medios. Así, el colaborador de El País Antonio Elorza escribía un artículo titulado “Eclipse de la democracia” (27-02-09) en el que, además de homologar a Hugo Chávez y a Evo Morales con Berlusconi, señalaba “el caos de la política económica llevada a cabo por el Gobierno de Chávez” sin citar ningún dato o referencia que avalara tal conclusión. En realidad, la evidencia empírica publicada por instituciones que gozan de alta credibilidad como el prestigioso Center for Economic and Policy Research de Washington, o la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, no apoyan tal opinión. El Gobierno de Chávez ha sido uno de los pocos gobiernos que ha conseguido sobrepasar el objetivo del programa de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas (de reducir la pobreza extrema a la mitad), disminuyéndola de un 25% de la población en el año 2003 a un 7,6% en 2007. Ha sido también uno de los países de América Latina que: 1) ha reducido más las desigualdades y el desempleo; 2) ha incrementado más el número de beneficiarios de la Seguridad Social, doblándolo; 3) ha reducido su deuda pública más extensamente, pasando de un 30% del PIB a un 14%; y 4) ha tenido un mayor crecimiento económico, una tasa promedio del 10,4% durante los últimos 20 trimestres, habiendo aumentado su PIB de 99.000 millones de dólares en 1999 a 227.000 en 2007.

Ninguno de estos datos ha aparecido en aquellos medios, donde la demonización de Chávez es una constante. De ahí la sorprendente noticia de que, según una encuesta reciente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Chávez es el dirigente internacional menos valorado por la población en España, menos incluso que el presidente Bush de EEUU, valoración negativa que fue ampliamente citada por tales medios. No se citó, en cambio, que según la misma encuesta realizada en la mayoría de países de América Latina, la población venezolana era la que indicaba, en mayores porcentajes en aquel continente, que “su Gobierno actuaba para el bien de la población”, y que expresaba mayor satisfacción con la situación económica y social del país. Y era el segundo país de América Latina que creía que “la democracia funcionaba bien en su país”.

Tal negativismo hacia Chávez contrasta con el positivismo hacia el presidente Uribe de Colombia, uno de los gobiernos de América Latina donde los derechos humanos son más vulnerados. El Gobierno utiliza su campaña contra la guerrilla para reprimir a las fuerzas de izquierda, incluyendo partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales que no tienen ninguna relación con la guerrilla. El 60% de los sindicalistas asesinados en el mundo lo han sido en Colombia, tal como documentó la Confederación Sindical Internacional el pasado 10 de Junio en París. Sólo en 2008 fueron asesinados 46 dirigentes sindicales. La conexión entre el Gobierno y los paramilitares es bien conocida y documentada, siendo estos últimos conocidos por su campaña de terror contra las fuerzas progresistas. Muy pocas de estas noticias han aparecido en aquellos medios.

Una última observación. Este artículo no es sobre Chávez o sobre Uribe. No es mi objetivo ni defender a Chávez (con quien tengo acuerdos y también muchos desacuerdos) ni denunciar a Uribe (labor que otros han hecho, más elocuentemente de lo que yo pueda hacerlo). Este artículo es sobre la falta de diversidad ideológica en los medios mayoritarios de nuestro país, que debiera ofender a cualquier persona demócrata que, independientemente de sus simpatías o antipatías hacia aquellos dirigentes, debiera
preocuparle lo que está ocurriendo en aquellos medios, que son más de persuasión que de información.