miércoles, 9 de septiembre de 2009

La derecha emprende ofensiva para quebrar al "socialista" Obama


Por David Brooks, corresponsal de La Jornada (México)

Nueva York, 8 de septiembre. Con la advertencia de que el presidente Barack Obama urde un complot socialista, sectores sociales de la derecha y políticos conservadores han desatado una ofensiva para intentar derrotar las iniciativas de reforma del primer presidente afroestadunidense, al combinar racismo y antisemitismo con un frío cálculo político para quebrar esta presidencia.

El tema no importa; puede ser la reforma de salud, la educación pública, la inmigración, el estímulo económico, Honduras o cualquier otra iniciativa de este aún nuevo gobierno: el Partido Republicano se niega a colaborar (con excepciones de muy pocos legisladores moderados) con el presidente, mientras la derecha social, animada por voces cada vez más extremistas de comentaristas, reverendos y políticos ultraconservadores, se manifiesta contra todo lo propuesto por Obama.
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Hoy el presidente dirigió un mensaje a los estudiantes del país con motivo del inicio del año escolar, cuyo mensaje era simplemente trabajen duro y superen los desafíos al buscar la excelencia académica. Desde que se anunció el discurso, hace unos días, se movilizaron no pocas agrupaciones de padres de familia en diversos puntos del país expresando alarma de que éste era un intento por indoctrinar a sus hijos.

Rechazo al mensaje del presidente a estudiantes

Yo no quiero que nuestras escuelas sean entregadas a un movimiento socialista, declaró un padre en Texas, reportó el New York Times. Tal fue la respuesta contra el mensaje, que en varios distritos escolares se suspendieron planes de que estudiantes escucharan el discurso del presidente en vivo, como se había propuesto.

El presidente estatal del Partido Republicano en Florida se declaró pasmado de que se utilicen dólares de los contribuyentes para difundir la ideología socialista del presidente Obama. Los sitios de Internet y programas de radio de la ultraderecha nutrieron todo esto, unos provocando llamadas de padres preocupados a funcionarios escolares, y otros insistiendo en que sus hijos no asistirán a clases hoy si eran obligados a escuchar el discurso del presidente.

Estas expresiones se multiplican e intensifican en torno al tema de la reforma del sistema de salud en este país, la pieza central de las propuestas políticas del nuevo gobierno. La estrategia de los republicanos conservadores se reveló en comentarios del senador Jim DeMint en una teleconferencia de estrategia con sus colegas y activistas conservadores a mediados de julio, cuando declaró: si logramos parar a Obama en esto (la reforma de salud), eso será su Waterloo. Lo quebrará.

O sea, el punto no es el debate en sí sobre una reforma, sino la estrategia para quebrar el gobierno de Obama.

La derecha ha proyectado la propuesta como otra medida socialista de Obama, y ha intentado generar una resistencia para defender la libertad. En cientos de foros organizados por legisladores en sus distritos para escuchar la voz ciudadana, la derecha ha logrado imponer un discurso que llega a niveles histéricos y absurdos a través de sus bases. A tal extremo ha llegado que en múltiples instancias se han presentado ciudadanos que dependen del Medicare, el eficiente sistema gubernamental de seguro médico para los ancianos, para denunciar a todo volumen la intervención del gobierno en el sector salud.

En ciertos lugares han aparecido ciudadanos armados en los mítines contra las iniciativas de Obama. En agosto, una docena de hombres con rifles AR-15 y pistolas Beretta de 9 milímetros se presentaron entre manifestantes contra Obama, afuera de donde ofrecía un discurso el presidente en Arizona, reportó Los Angeles Times. Ese mismo mes, en un foro sobre la reforma de salud encabezado por un representante demócrata, un hombre acudió con una pancarta en la que se leía Muerte a Obama.

Un reverendo bautista en Arizona está bajo investigación del Servicio Secreto porque hace un par de semanas declaró a sus fieles que oraba por la muerte del presidente. El reverendo Steven Anderson agregó, en comentarios a una televisora local: me gustaría ver que Obama muriera de causas naturales. No quiero que sea un mártir. No necesitamos otro día feriado. Me gustaría verlo morir, como Ted Kennedy, de cáncer del cerebro. Otro reverendo, Wiley Drake, en Buena Park, California también informó que hace oraciones por la muerte de Obama.

Mientras tanto, legisladores y otros políticos conservadores no sólo no han denunciado este tipo de cosas, sino que las nutren, con declaraciones como las del senador Richard Shelby de que Obama obviamente desea convertir en país socialista a Estados Unidos.

La derecha, tan debilitada después del desastre del gobierno de George W. Bush, está logrando trabar, si no es que descarrilar, al nuevo gobierno. Como se perfilaba, los llamados grupos de odio están floreciendo en el país con la llegada al poder de Obama. El Southern Poverty Law Center (SPLC), especializado en monitorear a la extrema derecha, advierte que han aparecido por lo menos otros 50 grupos de odio desde la llegada de Obama a la Casa Blanca, y se han multiplicado las amenazas contra él en los sitios de Internet y otros medios de estas agrupaciones.

Cuando James Von Brunn entró disparando al Museo del Holocausto en Washington, en junio pasado, y mató a un guardia, todo indicaba que se trataba de las acciones de un loco. Resulta que Von Brunn es un supremacista blanco y antisemita que pensaba que Hitler no había matado suficientes judíos. En su automóvil se descubrieron apuntes donde repetía que Obama había sido creado por los judíos para tomar el poder contra los blancos y cristianos.

Un loco, sí, pero nutrido por un movimiento ultraderechista que se proyecta a través de medios masivos, y que se expresa desde el nivel local hasta la cúpula y que día con día promueve y da legitimidad a estas ideas.

Tal vez los actos de violencia de integrantes de grupos de odio más sangrientos de los últimos años han sido los realizados por activistas extremistas antiaborto, que han asesinado a varios médicos (incluso a George Tiller, abatido en una iglesia en junio), enfermeras y otros en clínicas que practican legrados. Por otro lado están los innumerables actos de violencia, incluso asesinato, de latinos, sobre todo inmigrantes latinoamericanos.

Nuevos informes, como el del Leadership Conference on Civil Rights Education Fund, reportan que la combinación de la crisis económica y la ola anti inmigrante han contribuido al incremento de los crímenes de odio, los cuales llegan a unos 7 mil 500 por año (los reportados), o sea, uno casi cada hora.

Así, por un lado reaparecen y se fortalecen las milicias ciudadanas, los vigilantes antimigrantes como los Minutemen, y los cristianos fundamentalistas, y por otro políticos de perfil nacional que buscan quebrar el gobierno, con acusaciones constantes de que es socialista y hasta de que, en asuntos internacionales, está de lado de los Castro y los Chávez, como en torno a Honduras.

El potencial de violencia en torno a esto preocupa a especialistas y las propias autoridades locales y federales, y se reporta extraoficialmente de un incremento en amenazas de muerte y complots contra el presidente.

Algunos recuerdan que el peor acto terrorista en este país antes del 11 de septiembre fue realizado contra el edificio del gobierno federal en la ciudad de Oklahoma por el veterano de guerra Timothy McVeigh y sus compañeros, todos ligados a estos movimientos ultraderechistas.

Creo que el presidente en efecto ha detonado temores entre un número bastante grande de personas blancas aquí, de que de alguna manera está perdiendo a su país, que ha perdido la batalla. Que de alguna manera les ha quitado la nación que sus antepasados cristianos blancos crearon, dijo recientemente Mark Potok, uno de los directores de SPLC, a ABC News.

Los problemas del éxito


Por Raymundo Riva Palacio, director de EjeCentral
(El País, Madrid)

El PRI tiene dos grandes problemas. Uno es de éxito y el otro es de fe. Tras las elecciones intermedias del 5 de julio, los mexicanos se quedaron con la percepción de que el PRI es una máquina de poder a la que será muy difícil de frenar en su cruzada por la reconquista de la Presidencia en 2012. Si esto generaba de sí el potencial para que todo lo malo que suceda en el país les pueda ser transferido mecánicamente con un costo político magnificado, el segundo problema es que la gran mayoría de los priistas se lo creyó. El PRI fue el partido que más posiciones logró en la elección, pero no avanzó más que en anteriores elecciones intermedias. Sin embargo, los grupos políticos del partido están entrando en una dinámica de confrontación interna, como si la campaña presidencial dentro de tres años fuera a ser de trámite.
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Tendrán que ubicarse o perecer nuevamente. En las elecciones de julio ganaron 237 curules en la Cámara de Diputados, que fueron apenas 13 más de las 224 que lograron en 2003, cuando en la prensa cantaron, como hoy en día, el "regreso del PRI". Esta afirmación es imprecisa. En el comportamiento histórico en elecciones intermedias, el PRI no rompió su estándar. Su 39.94% de la votación se mantuvo en los márgenes de 2003, cuando logró el 36.77% -seis centésimas menos que en julio pasado-, y tuvo un ligero retroceso del 38% alcanzado en las intermedias de 1997, cuando comenzó a perder la hegemonía política.

Pero como la realidad no importa en México sino la percepción, en la Cámara de Diputados, la gran caja galvanizadora de ambiciones, los grupos políticos del PRI están comenzando a pelear entre ellos, desde sus ínsulas de poder en espera de alianzas estratégicas para 2012. Pero están cayendo en el mismo error de 1997, cuando pese a su mayoría perdieron la Presidencia en las elecciones de 2000, y en el de 2003, cuando tras martillar a sus adversarios se desplomaron en los comicios presidenciales de 2006 a su peor nivel histórico, y fueron desplazados a un tercer lugar vergonzoso, para su historia, como fuerza política nacional.

El PRI está recreando su monstruo de mil cabezas que extravió el rumbo desde que perdió la Presidencia. Educados en la disciplina, los priistas no pudieron aprender a caminar sin la guía que su Presidente, como jefe político máximo, proporcionaba. El PRI, para efectos prácticos, era una secretaría del Ejecutivo para asuntos electorales, que se regía bajo una cultura autoritaria centenaria. Hoy, la diferencia fundamental entre el viejo régimen y el nuevo régimen en construcción, es que no hay un rey que rija sus destinos, sino muchos señores feudales que pelean por sus pequeños reinos.

Las pasadas elecciones demostraron la fuerza de estos señores feudales. En aquellas entidades donde había gobernadores priistas, fueron ellos y no el partido quienes controlaron absolutamente todo en la victoria -candidatos, campañas, estrategia y recursos-. En aquellos estados donde había gobernadores de otros partidos, fue la dirigencia nacional del PRI la que impuso sus deseos. El tablero de operación política que antes manejaba el Presidente, está repartida entre los grandes jefes dispersos en el país. Por un lado, el más fuerte de todos, el gobernador del estado de México -la entidad con mayor peso electoral-, Enrique Peña Nieto, quien también encabeza las preferencias electorales para 2012, que apoyó campañas en varios estados del país para gobernador y diputados. Su abierto respaldo contribuyó a victorias de gobernantes en el rico y norteño Nuevo León, y en Querétaro, en el corredor industrial del centro del territorio, donde nadie pensó jamás que el PRI pudiera arrebatar el poder al PAN. Peña Nieto puede reclamar que en el Congreso tiene alrededor de 120 diputaciones -dos terceras partes más de las propias de su estado- que responden a sus intereses estratégicos, como pago de los apoyos en campaña.

Sin embargo, pese a contar con casi la mitad del total de priistas en el Congreso, no le alcanza el poder para imponer su agenda y construir desde ahí la buscada candidatura presidencial. Los gobernadores priistas del sur se han puesto en pie de guerra, de manera sibilina, pero firme. Son los gobernadores de Oaxaca, Ulises Ruiz, y de Veracruz, Fidel Herrera, de generación más vieja que la de Peña Nieto, pero que a diferencia de él, han sido curtidos por el trabajo electoral de campo y la experiencia legislativa federal. En ese sentido, son políticamente más completos y, por las medallas colgadas en sus pechos, más experimentados.

Las luchas intestinas no son a futuro. Ya se dieron hace unos días, cuando dentro del PRI se discutió la agenda legislativa para este año. Los representantes de la dirigencia, aliados tácticos de Peña Nieto, no pudieron imponer una votación sobre el documento en los términos que deseaban, y tuvieron que aplazar la decisión y permitir que los estados incorporaran sus necesidades para que pudiera ser aprobada. La revuelta de los diputados la encabezaron los diputados de Ruiz y de Herrera, quienes al respaldar también a candidatos en otras entidades, suman entre sus incondicionales y aquellos que se comprometieron a cambio de apoyos financieros, alrededor de 60 y 35 respectivamente legisladores, casi la otra mitad de los priistas en el Congreso.

La batalla intramuros del PRI tiene más complejidades. Hay diputados de mayoría y plurinominales. Aquellos de mayoría fueron designados localmente y necesitaron el aval del gobernador. Los plurinominales, que son de representación popular, fueron seleccionados por la líder nacional del partido, Beatriz Paredes, que tuvo que negociar con sus leales y los sectores que integran las bases del PRI, el obrero, el campesino y el popular. De los tres, Paredes sólo tiene poder sobre el campesino, y sobre los otros dos, el grupo de interés que los domina se encuentra vinculado al senador Manlio Fabio Beltrones, el priista con mayor poder ante el presidente Calderón, y un fuerte aspirante también a la Presidencia.

Los diputados de los sectores se encuentran repartidos entre los estados, y no necesariamente, en los momentos críticos, responderán a los gobernadores o a sus líderes que los apadrinaron. Por ahora, es muy pronto para poder determinar el comportamiento que seguirán. En lo inmediato, después del ajuste en la agenda legislativa hay intereses comunes que defender, como la profundización de la federalización y un mayor acceso a los recursos procedentes de las exportaciones de petróleo. Eso quieren todos, ahí no hay discrepancias. Éstas vendrán más adelante, resueltos los problemas fundamentales para allegarse recursos a fin de enfrentar la crisis económica. Pero también porque es muy temprano para que los grupos políticos abran sus cartas y empiecen a jugar para 2012.

Hoy en día hay escaramuzas, escarceos y juego de músculos, pero no han llegado a la sangre. La correlación de fuerzas no es homogénea, ni interna, ni externamente. El país sigue dividido en tres fuerzas, y muchas veces ahora, como antes, las victorias en las elecciones intermedias los han vuelto ciegos. Soberbia y prepotencia llevaron al PRI a perder la Presidencia en 2000 y 2006, después de "el retorno" de la aplanadora tricolor en las legislativas previas. Eso no se extirpa, se neutraliza. Dicen los priistas que han aprendido y que es falso que genéticamente están destinados a pelear entre ellos. No fue en el pasado, cuando el Presidente los controlaba, pero sí ha sido sistemático desde entonces que se les fue la brújula. Las elecciones intermedias han sido un referente de fuerza del PRI, pero hasta ahora, no han sido síntoma de la recuperación del poder presidencial.

lunes, 7 de septiembre de 2009

¿El dólar dejará de ser la divisa de reserva del mundo?


Por Dennis K. Berman
(The Wall Street Journal)

Dentro de unas décadas, tal vez la crisis de 2008 no sea recordada como los últimos días de Bear Stearns‐ y Lehman Brothers, sino como el momento en que el dólar perdió su posición de privilegio indiscutido entre las divisas del mundo.

Suena como algo improbable ahora, pero para un activista de derechos humanos de Malasia; un legislador de Filipinas; el presidente del banco central de China, Zhou Xiaochuan, y el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, el rol del dólar como la divisa de reserva mundial presenta inestabilidades económicas inherentes, con consecuencias peligrosas.

Tanto en la fase que antecedió a la crisis como durante la crisis misma, una obsesión de mantener dólares en sus arcas contagió a las economías de todo el mundo. Actualmente, estos países temen la inflación del dólar, que podría decapitar sus reservas bancarias.

No se trata sólo de argumentos técnicos. Estados Unidos perdió credibilidad durante la crisis financiera, lo que abrió un flanco para cuestionar su supremacía.
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Sobran las razones para dudar de la teoría del derrocamiento del dólar. Pero uno también empieza a divisar, a lo lejos, la clase de cambio que se forja a lo largo de una generación. Algunos amenazaron con abandonar el patrón oro durante las crisis bursátiles de las décadas de 1870 y 1880. No volvió a ocurrir durante 50 años.

"Lo que era válido en 1945 ya no lo puede seguir siendo hoy", dijo Sarkozy recientemente. "El dólar ya no puede considerarse la única moneda del mundo".

En Malasia, el pacifista Chandra Muzaffar ha insistido que el dólar ha perdido su fuerza como la única moneda de reserva del mundo. "Ese es uno de los pilares de la hegemonía estadounidense", observa. "Hay señales de que estamos al borde de un cambio muy importante".

Un potente indicador del cambio apareció en marzo, cuando el presidente del banco central de China sugirió abandonar el dólar como una divisa de reserva. Las implicaciones prácticas son inmensas y llenas de consecuencias indeseadas, algo que los chinos conocen de sobra. La medida podría causar estragos en la economía de EE.UU., al elevar los costos del crédito y disminuir su capacidad de endeudamiento. Un alejamiento repentino del dólar también podría devaluar el gigantesco portafolio chino en esa divisa.

La opción preferida por el presidente del banco central chino es pasar a depender más de los SDR, o derechos especiales de giro, una divisa creada por el Fondo Monetario Internacional. El SDR es una divisa sintética que consiste de una canasta que incluye el dólar, el euro, el yen y la libra esterlina, y contribuye a las reservas de los bancos centrales.

El SDR sigue muy ligado al dólar. Desde el fin del patrón oro, sin embargo, ha sido lo más cercano a una moneda internacional. hace dos semanas, sin ir más lejos, el FMI distribuyó la mayor cantidad de SDR de la historia, unos US$250.000 millones que repartió entre los bancos centrales del mundo. Pero el SDR sigue siendo irrelevante.

"No será fácil", dice Walden Bello, un crítico de la globalización y miembro del Congreso de Filipinas, quien calcula que deshacerse del dólar podría llevar hasta 15 años. "Hay todo un nuevo equilibrio de poder. Una gran cantidad de países podría decidir que ya no podemos permitir que nuestras economías se sometan a las políticas económicas de EE.UU.".

Michael Pettis, un profesor de la Escuela de Administración Guanghua de la Universidad de Pekín, cree que todo esto es una ilusión. Pettis apuesta a que el dólar se fortalecerá en los próximos años. "En mi opinión, en tres o cuatro años, este debate estará muerto", observa.

viernes, 4 de septiembre de 2009

Hecha la ley...


Por Martín Caparrós (Crítica de la Argentina)

Ayer a las 11.36 –o quizás unos minutos antes– me terminó de impresionar la magnitud que ha tomado el debate de la ley de “Servicios de Comunicación”: como si el problema decisivo de la Argentina actual fuera quién maneja las radios y las televisiones. Me dije que era lógico: la ley conmueve los intereses de quienes promueven –o, habitualmente, aplastan–los debates, así que esta vez se lanzaron y lanzaron sus jaurías. Pero enseguida me contesté –estaba teniendo un gran diálogo– que el batifondo también era el resultado de un gobierno que cree, como ninguno que yo haya conocido, en los medios de comunicación. Que cree en ellos como otros –y ellos mismos– creen en la fuerza de un dios, las armas, el dinero.
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Al principio tanta creencia resultaba casi halagadora: recuerdo por ejemplo cuando ministros llamaban por teléfono a los periodistas de aquel programa de televisión porque no les gustaba lo que habían dicho en el bloque anterior y querían discutirlo. Los periodistas –algunos más que otros– siempre hemos tenido una rara posición frente a los políticos en el poder: decimos que los despreciamos pero nos gusta mucho que nos tomen en cuenta y, de algún modo secreto y culposo, solemos envidiarlos. Así que esos llamados eran un buen masaje para el ego. Hasta que, pasada la novedad, se hicieron irritantes: ¿y si dejaran de preocuparse por lo que que diga cada quien? ¿Y si, en lugar de mirar la tele, gobernaran?

Eran, es cierto, episodios casi amables. Después vinieron las presiones más torpes sobre ciertos medios, el manejo de la pauta oficial, el uso de las ondas del Estado para propaganda del gobierno, la reticencia a cualquier diálogo presidencial con los periodistas –pero yo seguía diciendo que les agradecía que creyeran tanto en el poder del cuarto poder: que su pasión me daba ánimos.

Hasta que, no hace mucho –los periodistas somos lentos– empecé a sospechar que esa actitud era coherente con la forma en que el matrimonio K se planta ante la realidad: como si creyera que con hablar alcanza. Quiero decir: no es extraño que se preocupen tanto por los medios quienes creen en la palabra más que en la vida misma, quienes creen que alcanza con decir que no hay inflación para que no haya inflación, con decir que hay muchos menos pobres para que haya muchos menos, con decir que recuerdan a los desaparecidos para que una política de concentración capitalista se vuelva un proceso igualitario. Los Kirchner confían tanto en la potencia del discurso que, lógicamente, necesitan y temen a las grandes usinas de discurso. Así que, en esta etapa de la revolución, el enemigo principal es cierta prensa –mientras los chicos pasan hambre y frío y las empresas echan trabajadores. Aunque el fútbol, es cierto, ya es de todos.

Así fue cómo la discusión sobre la nueva Ley de Servicios de Comunicación se volvió el tema del momento; ya la semana pasada foristas de criticadigital me reprochaban que no escribiera sobre él. Yo también me lo reproché: debería tener una opinión sobre el asunto –porque parece que ahora mi trabajo consiste en tener una sobre cada asunto e, incluso, escribirla. Pero no tengo una opinión sobre la ley y su debate; tengo muchas.

Para empezar, opino que los grandes medios tipo Clarín y La Nación, que ahora lloran desconsolados por la terrible amenaza del Estado a la libertad de expresión, se preocupan muy poco por esa libertad y esa expresión todos los días, cuando deciden qué informaciones publican o no publican en función de sus negocios o sus alianzas políticas o sus pautas morales o sus pautas publicitarias. Y no veo en esta ley nada que perturbe la libertad de expresión más que lo que ya la perturban las maniobras habituales del gobierno. Y, ciertamente, mucho menos que lo que la perturba el avance de las corporaciones que definen cada vez más qué se dice y qué no.

También opino que los grandes medios tipo Clarín y La Nación, que ahora lloran desconsolados por la terrible intromisión del Estado en sus comercios, nunca se quejaron en los treinta años en que el Estado les proveyó, a través de Papel Prensa, papel a precios infinitamente más baratos que los que pagan sus competidores.

Opino, además, que los medios del grupo Clarín le han hecho un daño ¿irreparable? a la cultura argentina media, la han rebajado, la han reblandecido, la han limado, la van empujando poco a poco hacia el punto en que imaginaron que estaba: la mente de un chico incapaz de leer, de pensar, de cuestionar.

Y opino que los canales de televisión privada han seguido con gran éxito ese mismo camino –y nos toman por idiotas redomados, sólo capaces de consumir idioteces redomadas para idiotas redomados. (¿No es sabroso “idiotas redomados”?)

Entonces opino que me gusta la idea de que el Estado maneje un tercio de las radios y televisoras, porque los medios privados sólo quieren hacer plata y suponen que para hacerla tienen que ser cada vez más redomados y tratarnos cada vez más redomados, así que le queda al Estado el papel de hacer algo diferente. Y opino que Canal 7 y el canal Encuentro son tentativas interesantes en ese sentido.

Pero opino que, aún en ellos, una vez más, el gobierno se ha entregado con fervor y delicia a la costumbre argentina de usar los medios del Estado como si fueran del partido gobernante, y que si la nueva ley no toma recaudos decisivos contra eso va a ser un mamarracho. Por eso la discusión encarnizada sobre cómo se va a conformar el “órgano de control” –que, en el proyecto actual, tiene mayoría automática del Ejecutivo, igual que el nuevo cuerpo director de los medios públicos, o sea que no va a controlar nada de nada. Lo cual se reafirma con la ausencia de una definición sobre cómo se debe repartir la pauta oficial para que deje de ser un sistema de premios y castigos y amenazas.

Y opino que la idea de que las entidades no gubernamentales ni comerciales –universidades, asociaciones, cooperativas, ¿iglesias?– dispongan de un tercio de los medios electrónicos puede dar resultados interesantes. O no, pero que el principio es bueno y que ciertamente vale la pena intentarlo.

Y, al mismo tiempo, opino que el gobierno ya mostró demasiado cómo trata de aprovechar reivindicaciones que muchos consideramos justas –jubilación pública, recuperación de aerolíneas, subida de ciertos impuestos– para su beneficio político o económico. Y que eso justifica la sospecha de que, en este caso, pueda pasar algo parecido: que aprovechen el eventual desmembramiento de los grandes grupos mediáticos para quedarse con sus partes, que traten de controlar medios de las organizaciones civiles, que sigan usando los medios públicos como si fueran propios. Y que han precipitado la sanción de esta ley –tras seis años de desinterés– justo en el momento en que su legitimidad política vacila y el Congreso no es el que debería.

Y opino que la discusión está dada, por supuesto, con la mejor mala fe de cada cual: cuando los opositores dicen, por ejemplo, que las revisiones cada dos años comprometen la libertad de las empresas –aunque saben que son revisiones técnicas de las emisoras. O cuando el gobierno dice, por ejemplo, que se interesa por la libertad de prensa y la pluralidad de voces tras haber concentrado y controlado, en su provincia, la circulación de las noticias –e intentado, después, la aplicación del modelo a escala nacional.

Pero opino –es una obviedad– que, en medio de toda la hojarasca discursiva, lo que en realidad importa es esa parte de la ley que dice que los operadores de cable no pueden tener canales de televisión abierta ni más de un canal de cable y que no pueden tener cables que lleguen a más de un tercio de la población y que no pueden tener más de diez radios y televisoras: lo que se debate en realidad es la desconcentración que la ley debería producir, desarmando los tres o cuatro oligopolios que controlan el mercado mediático argentino y, sobre todo, el desmembramiento del Gran Grupo.

Aunque opino que las razones por las que Kirchner ahora decidió desarmar el imperio Clarín son más que oscuras: que durante años lo favoreciese y ahora quiera cargárselo es perfectamente sospechoso, la típica pelea de barras bravas. A menos que, de pronto, haya visto la luz libertadora. O que la base de todo esté en la vía libre para que las telefónicas tengan radios y televisoras: la posibilidad de armar oligopolios todavía más monstruitos pero amigos.

Y, para terminar, opino que una ley que va a romper las grandes corporaciones mediáticas tendrá consecuencias favorables para todos. Yo creo en el cambio en general –porque veo muy pocas cosas que no lo merezcan–, y en el cambio de la estructura de medios argentinos en particular –porque son una desgracia. No me gusta del todo cómo se hace éste, pero me parece que es bueno patear hormiguero tan nocivo. Estoy convencido –opino– de que lo que salga no puede ser peor que lo que hay. Aunque la realidad, a veces, se empeñe en desmentir mis optimismos.

martes, 1 de septiembre de 2009

México: la mediocridad de unos demócratas


Por Sabino Bastidas Colinas, investigador del Centro de Investigación para el Desarrollo de México
(El País, Madrid)

En México se instala el 1 de septiembre una nueva legislatura del Congreso de la Unión y el Presidente Felipe Calderón presenta por escrito su tercer informe de gobierno. Propiamente dicho, se inicia la segunda mitad de un Gobierno marcado por la urgencia de reformas.
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México arranca esta segunda mitad del sexenio de Calderón francamente muy estropeado: Con un crecimiento negativo, según el Banco de México, de 10,3% del PIB en el segundo trimestre del año; con una tasa de desempleo abierto, según el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), de 6,12% en el mes de julio, que agrega 431.000 personas más al paro, consolidando la tasa de desempleo abierto más alta de los últimos trece años; con nuevas cifras de pobres que alcanzan un incremento de cinco millones de mexicanos más a la pobreza extrema, que es la pobreza alimentaria, la cifra pasó de 13,8% a 18,2%, y la cifra total de pobres en México, ascendió de 42,6% a 47,4% de la población total.

A esos problemas se suma por supuesto la caída en la recaudación y en los ingresos fiscales, una reducción en las remesas que mandan los mexicanos que trabajan en Estados Unidos, la caída en la producción y en los precios internacionales del petróleo, una de las peores sequías de los últimos años, una guerra muy violenta contra el narcotráfico y, por si fuera poco, el riesgo de un rebrote de la epidemia de influenza en el próximo invierno.

Este apretado resumen de calamidades exige tomar decisiones. Es el entorno económico y social más preocupante que se ha vivido en México en décadas, y constituye un recuento de malas noticias, que conforma quizá el escenario límite posible, para que la clase política, todavía en democracia, sea capaz de ponerse de acuerdo y tomar decisiones.

En México debemos preguntarnos: ¿Cuánto tiempo resiste una democracia la mediocridad de sus demócratas?

El nudo de la transición a la democracia en México está en la incapacidad de tomar las grandes decisiones. El Ejecutivo y el Legislativo funcionan con relativa normalidad en el día a día. Se cumple en general con la inercia y se toman las decisiones simples: se aprueban los presupuestos, se votan los impuestos inerciales y se votan decenas de leyes sobre temas sencillos, pero en cuanto llegan los temas difíciles o delicados nada ni nadie es capaz de destrabar los desacuerdos.

En México no es posible entrar a discutir y decidir sobre las llamadas reformas estructurales, de las que todos hablan, en las que todos coinciden, pero que nadie es capaz de concretar.

En el Congreso opera realmente un sistema de vetos más que un sistema de votos.

Las iniciativas planteadas como reformas estructurales, cuando se presentan, poco a poco se van rasurando al calor de las presiones de los grandes intereses y de las críticas de los medios de comunicación. Conforme avanzan los debates, las propuestas van perdiendo densidad, se van haciendo inocuas, mediocres y se opta al final por un estilo de legislación minimalista, que al final no sirve y que no resuelve los problemas de fondo.

Las fuerzas políticas del país han sido incapaces de tomar las decisiones correctas cuando tocan intereses duros, cuando son incómodas o cuando son impopulares. En la práctica, ni el Presidente ni el Congreso son capaces de asumir su responsabilidad. Al final nadie da la batalla política por los temas y nadie quiere pagar los costos políticos y electorales, pensando en la próxima elección.

Se opta por el populismo legislativo, con leyes complacientes, descafeinadas, que quieren quedar bien con todos y que al final no le sirven a nadie.

Claramente en el diseño institucional no hemos creado los mecanismos para desarrollar un verdadero diálogo entre poderes. Constitucionalmente no tenemos un sistema de colaboración eficaz entre el Ejecutivo y el Legislativo. No existen las instituciones con los incentivos políticos para decidir: no existe la reelección, no existen momentos de evaluación popular, no hay momentos mediáticos de alta visibilidad, ni plazos fijos para aprobar, en un sentido u otro, las reformas que resuelven los grandes problemas nacionales.

El país ha aguantado nueve años, desde la alternancia, sin las decisiones que hacen posibles los cambios prometidos. Sencillamente, no le entramos a los grandes temas de la agenda: petróleo, improductividad en el campo, tenencia de la tierra, recaudación, rendición de cuentas, corrupción, monopolios, privilegios, sindicatos y rentistas.

El Ejecutivo y el legislativo son dos instituciones que se confrontan y que se obstruyen. Son dos poderes que no se ven, que no se hablan y que física y materialmente nunca se encuentran. Con la reforma que elimina definitivamente la presencia del Presidente ante el Congreso para rendir anualmente su informe de gobierno, el Presidente nunca habla formalmente con el Congreso de la Unión. ¿Sabía usted que el Presidente de México solamente asiste una vez al año al Congreso? y ¿Sabe para que? ¡Para entregar una presea, la medalla Belisario Domínguez!

Parecida a nuestra ya casi bicentenaria experiencia del siglo XIX, de tan lamentable memoria, estamos reproduciendo en la democracia del siglo XXI los mismo errores.

Con los atentos saludos de Santayana, estamos repitiendo la historia: dos poderes que se estorban y que se anulan, que son incapaces de decidir lo importante y que se pelean por nimiedades, mientras afuera, el país se pierde.

En la 61 legislatura que ahora inicia, la Cámara de Diputados conformada por 500 representantes, quedó integrada por 237 diputados del PRI, 142 del PAN, 71 del PRD y 50 diputados de minorías. Por su parte, la Cámara de Senadores conserva su integración, de 128 Senadores, 52 son del PAN, 32 son del PRI, 26 del PRD y 18 de las minorías.

Con esta integración, si no se construyen acuerdos entre opositores, concretamente entre PAN y PRI, sencillamente no habrá reformas estructurales.

No tenemos nada nuevo y no hemos hecho nada para que las cosas sean diferentes.

Lo único es que hoy tenemos tal cantidad de problemas y rezagos, que quizá se pueda construir cierto sentido de urgencia que estimule y sea capaz de despertar la conciencia y la responsabilidad de la clase política.

Los partidos tienen que optar y decidir. México llegó a un punto de quiebre y necesita con urgencia reformas estructurales. Alguien tiene que pensar en el interés público, por encima de los intereses particulares o de grupo. México tiene que tomar decisiones incómodas. Es como el niño que debe tomar la medicina amarga para curarse.

El Congreso y el Presidente necesitan emprender un diálogo productivo como nunca en la historia de nuestra democracia. Pese a sus diferencias, deben hacer a un lado sus fobias, y desarrollar el sentido de urgencia necesario, para integrar muy pronto, un paquete de reformas estructurales de emergencia.

Claramente hay dos opciones: Tenemos la opción del México de acuerdos en el que el Congreso y el Presidente se fajan y emprender las reformas incómodas e impopulares que México necesita, o bien tenemos la opción del México mediocre, en el que el Presidente y el Congreso hacen suyas todas esas expresiones tan características de nuestra mexicana cotidianeidad: "No es mi culpa...", "¿y yo porqué?..., "no pasa nada...", "ya casi...", "por poquito...", "ya merito...", "no es pa' tanto", "no se pudo...", "es lo que hay...", "ya ni modo...", "no hay manera...", y "aí' se va".

Si escuchamos estas expresiones, seguramente habrán optado por el México mediocre. El problema es que seguir por la opción del México mediocre ya pone en riesgo la viabilidad del país y la consolidación de nuestra democracia.

Muy pronto veremos de qué están hechos los políticos mexicanos de la generación de la alternancia.