Un pato es un pato

Por Santiago O’Donnell (Página 12, Buenos Aires)


Si camina como un pato y dice cuac, debe ser un pato. Más allá de algunas formalidades importantes, el gobierno de Porfirio Lobo (foto) en Honduras se parece demasiado a una dictadura. O por lo menos a lo que muchos argentinos entendemos por dictadura.

Hace dos semanas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe lapidario. “Deplora asesinatos, secuestros y agresiones en Honduras” desde el título y cuenta cosas que suenan conocidas.

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“La CIDH condena y lamenta los asesinatos de tres miembros activos de la resistencia al golpe de Estado, registrados el último mes en Honduras. Asimismo, la CIDH deplora los secuestros, detenciones arbitrarias, violaciones sexuales y allanamientos ilegales de que han sido víctimas personas de la resistencia contra el golpe de Estado y sus familiares. La CIDH expresa también su profunda preocupación ante la información obtenida de que hijos e hijas de activistas están siendo amenazados y hostigados, y que en dos casos han sido asesinados.”

El informe pasó desapercibido en los grandes medios que entonces desplegaban la noticia de Orlando Zapata Tamayo, quien había muerto haciendo huelga de hambre en una cárcel de Cuba. Uno no puede defender que un recluso muera de inanición en su celda, ya sea prisionero de conciencia o delincuente común. Pero ésa es otra historia.

El caso es que al mismo tiempo, no muy lejos de Cuba y casi en silencio, un grupo de represores, escuadrones de la muerte activados por un golpe de Estado, inventaba una nueva metodología terrorista para suprimir la protesta social: usar a los hijos.

“La Comisión observa con consternación que se estaría asesinando, secuestrando, agrediendo y amenazando a los hijos de los líderes del Frente de Resistencia, como una estrategia para acallarlos. En este sentido, el 17 de febrero de 2010 apareció ahorcada Dara Gudiel, de 17 años de edad, en la ciudad de Danlí, departamento de Paraíso. Dara Gudiel era hija del comunicador social Enrique Gudiel, quien dirige un programa de radio llamado Siempre al Frente con el Frente, donde se transmiten informaciones sobre la resistencia. Días antes de aparecer ahorcada, Dara Gudiel había sido liberada, luego de permanecer secuestrada dos días, durante los cuales habría sido maltratada físicamente.

“Por otra parte, el 9 de febrero de 2010 fueron secuestrados cinco miembros de una familia que es activa en la resistencia, por siete hombres fuertemente armados que vestían uniforme militar y tenían el rostro cubierto con gorros pasamontañas. Una de las personas secuestradas era una joven que había denunciado en agosto de 2009 haber sido violada sexualmente por cuatro policías luego de haberla detenido en una manifestación contra el golpe de Estado perpetrado el 29 de junio. El 9 de febrero, los hombres armados interceptaron un vehículo en el cual viajaba la joven junto a su hermano, su hermana y otras dos personas, cuando les ofrecieron las llaves del auto, respondieron que lo que querían era a la joven, ‘a ver si esta vez los denunciaba’. Los cinco fueron obligados a caminar montaña adentro, donde dos de las mujeres fueron violadas sexualmente, la tercera fue víctima de robo y amenazas de muerte, y los dos hombres fueron sometidos a torturas físicas.”

Quizá la denuncia no llamó la atención porque no fue nada a contracorriente de los últimos acontecimientos a nivel regional. En la cumbre de Cancún del mes pasado, Brasil dio luz verde para el regreso de Honduras a la Organizacion de los Estados Americanos. No es un dato menor. Además de ser el país más poderoso de Latinoamérica, Brasil había sido el que más se había comprometido con la continuidad democrática en Honduras, al punto de albergar durante varios meses en su embajada de Tegucigalpa al presidente derrocado, con la esperanza de que el golpe se pudiera revertir.

La semana pasada, bajo la atenta mirada de la secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton, de gira por la región, los países de Centroamérica, incluida la Nicaragua sandinista, aceptaron el regreso de Honduras al organismo regional, SICA, y comprometieron su apoyo para su vuelta a la OEA. Horas más tarde, el flamante presidente salvadoreño y referente del frente Farabundo Martí, Mauricio Funes, fue recibido por Obama en el Salón Oval, un logro que líderes de países más importantes y gobiernos más afines todavía esperan concretar. Al salir de la reunión, Funes abogó por la reinserción de Honduras en la comunidad internacional.

El aislamiento ha terminado. Las elecciones hondureñas del 29 de noviembre promovidas por Estados Unidos fueron razonablemente participativas, aunque hasta el día de hoy no se conoce bien el nivel de abstención que tuvieron, ya que ningún organismo internacional de talla las monitoreó. Pasó el tiempo, Brasilia y Washington arreglaron sus cuitas y Manuel Zelaya, el presidente derrocado, quedó en el olvido. Salvo honrosas excepciones, claro está.

Pero como todo fruto de un árbol envenenado, el gobierno electo de Porfirio Lobo ha continuado ciertas prácticas de la dictadura que son mortales para la salud de cualquier democracia que se precie de tal.

La persistencia del terrorismo de Estado en Honduras no es casual. En este gobierno el dictador Goriletti ocupa una banca de diputado vitalicio y el general golpista Romeo Vázquez Velázquez ha sido premiado con un puesto gerencial en la telefónica estatal.

Para colmo, la seguridad está a cargo del sobrino y ladero del militar que introdujo a los represores argentinos de la dictadura que llegaron a Honduras en 1979 para enseñar su metodología terrorista.

En efecto, el secretario de Seguridad de Lobo es Oscar Alvarez. El funcionario es sobrino del general Gustavo Alvarez Martínez, graduado en el Colegio Militar de El Palomar en los años ’70, jefe de las fuerzas armadas hondureñas entre 1982 y 1984, el más notorio violador de derechos humanos de su país, confeso admirador de la dictadura argentina y huésped en Palmerola del destacamento del Batallón 601 enviado a Centroamérica para dictar cátedra sobre torturas y desapariciones.

El actual secretario de Seguridad es además el arquitecto de la política de súper mano dura contra las “maras” o pandillas, cuando ocupó el mismo cargo que tiene ahora durante la presidencia de Ricardo Maduro (2002-2006). A su cruzada contra la “delincuencia” de jóvenes sin futuro ahora le ha acoplado un nuevo enemigo, los “subversivos” sobrevivientes de la campaña de aniquilación del tío Gustavo.

Es bajo su política de seguridad que aparece una nueva forma de terrorismo de Estado. Ya no se ataca frontalmente a los blancos elegidos, sino que se hace a través de lo que esas personas más quieren, que son sus hijos. Para lograr mayor eficiencia se hace gradualmente, desde la amenaza de muerte a la violencia física y al asesinato liso y llano, buscando así quebrar a los padres para que desistan de sus activistas políticas.

Como suele pasar en estos casos, la represión persigue fines tanto políticos como económicos, ya que los líderes de la resistencia son también, en muchos casos, líderes comunales y sindicales, especialmente del gremio docente, el más activo de la resistencia. Y los mismos empresarios mediáticos y grupos económicos que apoyaron el golpe hoy se benefician con el clima de terror que siembran las patotas activadas por Romeo y Goriletti, que hoy actúan a la sombra del manto de legalidad que consiguieron Alvarez y Lobo.

Está bien. Lo hecho, hecho está. Los hondureños eligieron y es lógico que no quieran volver atrás. El tiempo pasó. Pero en el apuro de Washington y Brasilia por cerrar este desagradable capítulo, no estaría de más exigirles que en vez de preparar una fiesta de bienvenida le exijan a Honduras un mínimo respeto por los más elementales derechos humanos.

Porque un pato es un pato y ya sabemos lo que hacen los patos. Hacen lo que hacen porque no saben hacer otra cosa, y también lo hacen porque no pueden parar.

Cómo Islandia congeló a sus acreedores

Por Gustavo Veiga (Página 12, Buenos Aires)

Hace una semana los islandeses decidieron no pagar a inversores de Gran Bretaña y Holanda unos 3700 millones de euros. Esa deuda, que el Parlamento había aprobado honrar en votación dividida (33 a 30) fue desautorizada en un referéndum por el 90 por ciento del electorado. El 14 de octubre de 2008, cuando se precipitó la crisis –ese día la Bolsa cayó un 77 por ciento–, este pueblo de mansos pescadores pasó sin escalas de vivir una especie de islandian way of life a la peor de las pesadillas. Súbditos de las reinas Isabel y Beatriz, muy ávidos buscadores de oportunidades, depositaron sus dineros en la banca de esta isla de los géiseres y perdieron todo cuando explotó la burbuja financiera. La abrumadora mayoría de los 320 mil islandeses que se inclinó por el “no” canalizó así su hastío contra el mismo sistema, ahora desacralizado, que antes les había permitido tener una expectativa de vida de 80 años y ocupar el ranking de sexta nación más rica de la OCDE.

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Andri Snaer Magnason, un activista islandés, explica aquel pasado –no tan pasado– esplendoroso: “En 2002 el gobierno decidió doblar nuestra producción de energía, lo que provocó un boom inmobiliario y la llegada de mucho dinero del extranjero a nuestra economía”. Es autor del libro Dreamland: un manual de autoayuda para una nación asustada, best-seller en su país. “Antes de la crisis –dice Magnason– el 80 por ciento de los jóvenes islandeses aspiraba a convertirse en un banquero millonario y ahora eso ya no pasa.” Al contrario: marcharon durante los últimos dos años y aún lo hacen todos los sábados frente a la sede del gobierno, en Reykjavik, la capital. Sus protestas no se han detenido.

La saga de un par de magnates islandeses da cuenta de cómo se pulverizó la bonanza económica de esta nación con paisaje lunar donde la propia Nasa envía a sus aspirantes a astronautas para aclimatarse. Uno de ellos, Jon Asgeir Johannesson, en apenas un puñado de años adquirió varias de las más exclusivas tiendas británicas y danesas, al frente del grupo inversor Baugur. Otro, Bjorgolfur Gudmundsson, se apropió con dinero fresco (en Islandia la moneda es la corona) del club inglés West Ham, el mismo que contrató a Carlos Tevez y Javier Mascherano cuando llegaron al fútbol europeo desde Corinthians de Brasil.

El destacado periodista Ezequiel Fernández Moores escribió una nota muy ilustrativa sobre el último tema en octubre de 2007. Conoce Islandia y recuerda: “En aquel momento todos mandaban a sus hijos a estudiar al continente. Allá todos o casi todos se conocen entre sí, tenían un estándar de vida medio, casas nórdicas sin grandes lujos y cada uno hacía lo que se le daba la gana”. Eso ya no es posible. Las largas e ininterrumpidas noches que van de noviembre a enero, parecen haberse extendido en un plano simbólico al resto del año. La segunda isla más grande de Europa, que tenía un PBI semejante al de nuestra provincia de Santa Fe, ya no es lo que era. Pero intenta comenzar su reconstrucción sobre otras bases y otras voces.

Voces del Pueblo se llama el movimiento que encabeza un grupo de intelectuales y personalidades de la cultura que horadaron el poder político de la coalición conservadora-socialdemócrata, derrumbada por la crisis. Sus integrantes bloquearon el Congreso, se enfrentaron con la policía y cuentan con la simpatía de los trabajadores que, históricamente, siempre estuvieron ligados a los socialdemócratas. Niklas Svensson, un autor de formación marxista, escribió un artículo el año pasado en el que sostiene: “La deuda externa de Islandia no la ha contraído la población islandesa. La deuda no es el resultado de comprar automóviles de lujo o invertir en servicios públicos. Es el resultado de la especulación de una minúscula camarilla dentro de la población, que ahora huye del país a sus lujosas casas en el extranjero”. Cualquier semejanza con otras naciones del planeta es pura coincidencia.

Contra las deudas que pretenden cobrarles, los bancos que colapsaron (Kaupthing, Landsbanki y Glitnir), la falta de transparencia en el sistema financiero y la clase dirigente, los islandeses empezaron a agruparse. Primero fueron unos cientos, después un par de miles y en las movilizaciones más grandes, llegaron a reunir cinco mil personas. Un número más que respetable si se toma en cuenta la población del país.

Con su posición inequívoca en el referéndum, decidieron desembarazarse del lastre que les hubiera causado pagar la deuda con los acreedores ingleses y holandeses a razón de 40.000 euros por familia y en quince años, a un interés del 5,5 por ciento. La inminencia de otro problema –un eventual bloqueo de Inglaterra al ingreso islandés a la Unión Europea– todavía se discute en las calles de Reykjavik. Aunque parece que a los islandeses no los arredra la moneda por el suelo, la baja del consumo y los cortocircuitos con sus políticos. No consideran que sea justo pagar por la quiebra que provocaron otros. La primera ministra, Johanna Sigurdardottir, (ver aparte) dijo que el resultado de la votación le saldría “caro” a la nación que tanto cautivó a Borges.

Parece la metáfora de la más conocida película que transcurre en Islandia, 101 Reykjavik, que se centra en la vida de Hlynur (Hilmir Snaer Gudnason), cuya vida disipada sólo gira en disfrutar y ser irresponsable. Pero el personaje cambia cuando se entera de que Berglind (Hanna Maria Karlsdottir), su madre, mantiene una relación íntima con Lola, una profesora de flamenco (Victoria Abril), de la cual él también es su amante esporádico.

La explosión de la burbuja capitalista sorprendió a los islandeses por la noche y entre sábanas. Cuando despertaron, se dieron cuenta de que no querían repetir ese sueño. Cambiaron como Hlynur, e instruidos como son (tienen la mayor cantidad de libros publicados por cápita del planeta) y guiados por la fuerza de sus volcanes y aguas surgentes, decidieron que no pagarían la deuda contraída por sus banqueros.

Los gorriones de la catedral

Por Osvaldo Bayer (Página 12, Buenos Aires)

En una de mis últimas contratapas –desde Alemania– expresé mi alegría porque por fin se hacía justicia en un ámbito donde, por principio, la civilidad no intervenía: la Iglesia. Se habían denunciado ante la Justicia delitos sexuales de miembros del catolicismo en conventos y colegios. Y la prensa se hacía eco de ello y se informaba de hechos que desde siempre se callaban.

Pues bien, esa línea ha continuado y día tras día se conocen nuevas denuncias contra sacerdotes, frailes y así llamados hermanos por el abuso sexual de niños y adolescentes en colegios e internados, lo que ha causado una verdadera conmoción en Alemania. Este es un problema que afecta a la mayoría de los países donde los representantes de religiones están sometidos a reglas de “castidad”, es decir de negación absoluta del sexo, de por vida. Al mismo tiempo de la ola de denuncias de casos de violación y abuso de menores, se ha iniciado una polémica pública acerca de estos temas.

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Los hechos se han ido sucediendo uno tras otro. Tal vez el que más conmocionó fue el abuso sexual contra los niños del coro de los llamados Domspatzen, un hermoso nombre que quiere decir “gorriones de la catedral”, de la ciudad de Regensburg. Escucharlos es como recibir los sonidos de un cielo lleno de ángeles niños que nos elevan a esferas de vuelos de palomas y paraísos. Pues bien, se ha comprobado que muchos de esos niños fueron abusados por los religiosos que estaban a su cargo. ¿Y quién fue durante treinta años el director? Georg Ratzinger, el hermano del Papa, quien dice hoy no haber sabido nada de esos abusos. Reconoció, sí, que había castigos para los niños, y como si fuera un chiste, dijo que él también dio algunas cachetadas.

Largo sería aquí enumerar las acusaciones de las últimas semanas contra miembros de la Iglesia Católica en el mundo, acusaciones que han sido publicadas principalmente en Alemania, Canadá, Holanda y Austria.

La Iglesia trató de que todo quedara dentro de su jurisdicción. Que los “pecadores” se confesaran ante sus superiores y éstos les dieran la pena religiosa que les corresponde. (Sí, tal vez rezar tres Padrenuestros y tres Avemarías, como castigo.) La ministra de Justicia alemana, Leutheusser-Schnarrenberg, dijo claramente que la Iglesia tendría que ayudar a denunciar todos los delitos, los que serían penados de acuerdo con las leyes que rigen para todos. Por supuesto que eso es lo único justo y no protegerse con autodefensas de cofradías.

Aunque, claro, el problema es más de fondo. Ni rezar ni confesarse pueden dar una solución a este problema. Que parte, en gran medida, del juramento de castidad a que son sometidos los eclesiásticos de esa religión. Y ya han comenzado las opiniones. Una que ha tenido mucha repercusión es la del prior del convento de Andechs, Austria, Anselm Bilgi, quien exige la “apertura de la Iglesia” y salió a criticar al obispo Mixa, quien sostuvo en una rueda de prensa que la culpa de los curas pedófilos y pederastas la tiene “la revolución sexual que ha tenido lugar en el mundo actual”. No es eso, sostuvo el prior, sino que en la Iglesia Católica “necesitamos una franqueza absoluta, claridad y transparencia” y “dejarnos de disimulos y encubrimientos”. Y continuó: “El cardenal Kaspar ha dicho que en la Iglesia hay que ‘limpiar los escombros’ y ‘volver a acomodar’. Sí –continuó el prior–, pero no volver a la vieja moral sexual, eso que la sociedad en general no acepta más”. “Mientras muchos católicos –agregó– sostienen hoy la autodeterminación sexual, la Iglesia como institución está totalmente en contra. Creo que el escándalo de la pederastia y la pedofilia que soportamos actualmente es una gran oportunidad para la Iglesia, para que comience abiertamente la discusión sobre la vida sexual. Mientras el obispo Mixa exige que la Iglesia se refugie detrás de barricadas y permita sólo sexo en el matrimonio porque lo demás es pecado, lo racional ha terminado con esos conceptos y lo que debe valer es el amor, los sentimientos mutuos y no lo denominado legal.” Y sostuvo esto que es fundamental: “El tema del celibato para los sacerdotes ha llegado a la mesa de discusión de la propia Iglesia, no hay otra salida”.

La Iglesia Católica actual se defiende sólo con la negación absoluta de toda discusión acerca de sus principios.

En televisión, el ex secretario general de la Democracia Cristiana y varias veces ministro, Heiner Geissler, dijo que él quiso llegar a ser sacerdote y estudió en un seminario durante seis años, pero luego decidió salir porque no podía cumplir con dos de los tres votos fundamentales para ser sacerdote: la castidad y la obediencia.

Muy sincero el político conservador. Porque la obediencia puede ser muy peligrosa, la exigen sólo los dictadores, los que no quieren la discusión ante la duda. Y con respecto a la castidad, sólo se basa en la palabra “pecado”. ¿Acaso es pecado acariciar el cuerpo de una mujer? ¿Es pecado hacer uso de la ternura en toda su ilimitada extensión?

Otro de los temas a los cuales se suman las proposiciones de jóvenes católicos es que también puedan ordenarse mujeres como sacerdotes y no sea reservada esa misión sólo a los hombres. ¿Acaso la realidad no ha demostrado que es tan necesaria la mujer como el hombre para la vida diaria, además de que posee la sabiduría natural de traer la vida al mundo desde su cuerpo? ¿Por qué seguir con los preconceptos medievales?

Además, hay otro tema fundamental que la inteligencia humana debe discutir. Un tema constante de la filosofía: la existencia de Dios. Sobre eso es necesaria la realización de múltiples foros, para que se nos acerque más al conocimiento científico. Hace muy poco, el teólogo Ariel Alvarez Valdés escribió, ante las catástrofes de Haití y Chile, que “Dios no podía crear un mundo perfecto porque lo único perfecto que existe es él. Todo lo demás es limitado”. Una frase que hace nacer la duda de: bien, si es el único perfecto, por qué construyó un mundo imperfecto. Hubiera sido mejor, tal vez, no construir algo tan imperfecto como este mundo, donde existen niños con hambre, catástrofes naturales que siempre afectan a los más humildes y guerras donde precisamente no mueren los culpables de la violencia.

Esto nos abre la puerta para demostrar que lo único valedero es la investigación, perseguir el saber para llegar, tal vez, a desentrañar el misterio de la vida.

En esa discusión, pues, que debe iniciar la Iglesia Católica a pedido de sus teóricos, estudiosos y exploradores, como principio, se debe dar fin a la versión de la divinidad de Jesús nacido de una virgen, tema que más pareciera ya de una telenovela que producto de un análisis ético que debe significar la Vida. Y llevar a cabo precisamente eso, que Jesús fue un ser humano como todos pero con principios que buscaban la paz, la igualdad, la bondad como fundamento de las relaciones humanas, para poder llegar por fin a terminar con la violencia en la vida de los pueblos. Si la Iglesia Católica logra que sus adeptos lleven a cabo los principios que movieron a Jesús, ya podría darse por satisfecha, realizada, y gozaría del infinito agradecimiento de los pueblos. Al mismo tiempo que aconsejara el camino de la ciencia para llegar a saber más, cómo es el principio de la vida y para qué estamos en la Creación.

Sólo así podrían borrarse palabras como “pecado”, “Inquisición”, “infieles”, “esclavitud”, “explotación” y otras palabras de nuestra así llamada civilización occidental y cristiana.

Ojalá principalmente los eclesiásticos jóvenes aprovechen este momento en que ha caído tanto el concepto católico para descorrer la cortina e iniciar un amanecer que intente resumir todas las enseñanzas sabias que nos ha dejado esta cruel historia del ser humano que hemos llevado a cabo hasta ahora.

Será el momento en que los “gorriones de la catedral” volverán a cantar como ángeles.

Los 37

Por Luis Bruschtein (Página 12, Buenos Aires)

La estrategia de tierra arrasada con que los grandes medios empujan y presionan a la oposición desde la derrota del oficialismo en las elecciones del 28 de junio empezó a mostrar efectos de irrealidad y síntomas de desgaste. La derrota en el Senado después de varios días de exaltación de una realidad monolítica que la oposición no tiene –ni tiene por qué tener– demostró los hechos como son: existe una primera minoría y una oposi ción saludablemente diversa. Una situación que deja el juego abierto y no lo condena al determinismo antigobierno reclamado con argumentos equívocamente republicanistas.

Pintar a un gobierno, éste o cualquier otro, como un villano peor que la dictadura, proponer el odio contra los Kirchner y en función de ese escenario convocar a una unidad opositora de salvación nacional, como hacen los grandes medios heridos por una ley que los perjudica, es un esquema que no parece demasiado ajustado a la realidad. Esa homogeneidad que se exige a la oposición para arrinconar al gobierno solamente es legítima en situaciones límite de verdad, las que, por suerte, no se dan. Cuando esa unidad se fuerza sin que existan las condiciones que la justifican, la democracia se empobrece en un juego entre dos partidos, el oficialista y el opositor, la polarización tiende a borrar diferencias y matices de uno y otro lado, y el debate y la confrontación de ideas son reemplazados por una lucha sólo por el poder.
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Pero insistir en ese escenario tan extremo es la única forma de eliminar las críticas más cercanas, tanto en el oficialismo como en la oposición. La crítica se acalla ante el riesgo que despunta desde el campo adversario. En general, el escenario que vienen reclamando los grandes medios a la oposición, y que de algún modo empobrece aún más el hacer político, fue el que se vivió durante toda la semana que pasó y que implicó una derrota inesperada para la oposición. Inesperada para ellos porque se confiaron en una homogeneidad que por suerte no existe. Por suerte para la democracia, no para el Gobierno, que ahora resultó favorecido pero que en otras oportunidades esta característica le puede jugar en contra.

Durante esos días desapareció la oposición de centroizquierda en un fenómeno difícil de explicar, por el cual legisladores que provienen de corrientes progresistas, como los cordobeses del juecismo o el socialista de Santa Fe, se plantaron junto a Carlos Menem, Juan Carlos Romero o Liliana Negre de Alonso en contra de Mercedes Marcó del Pont, una de las pocas presidentas progresistas que ha tenido el Banco Central.

Se sabe que juecistas y socialistas tienen diferencias con los otros senadores de pensamiento tan conservador, sin embargo no lo demuestran cuando acuerdan que la senadora Negre de Alonso, partidaria del Opus Dei, presida la Comisión de Legislación General del Senado. Para el socialista Rubén Giustiniani, que ha impulsado proyectos a favor del aborto, constituye un retroceso esta alianza falsamente planteada como de salvación nacional. Para los juecistas, que han impulsado temas de derechos humanos, coincidir con senadores que están planteando amnistías o la reivindicación de Videla, también es un problema. Pero sobre todo desaparece esa diversidad de enfoque que puede plantear la oposición de centroizquierda.

Este reduccionismo de la diversidad política intenta que voten juntos reutemistas y socialistas y que los juecistas compartan el discurso con su comprovinciano el “milico” Aguad, cuando ellos surgieron supuestamente para superarlos. Pero, más allá de los nombres, tampoco hubo nada de progresista en ninguna de las posiciones que los unificó. Por el contrario, todos estos acuerdos han sido en función de propuestas conservadoras como la intangibilidad de las reservas del Central, el rechazo a Marcó del Pont o el fortalecimiento de las posiciones más conservadoras en cuestión de género, educación sexual o discriminación. Apoyar a Negre de Alonso y votar en contra de Marcó del Pont es reaccionario.

Para la oposición progresista, esta alianza a la que es llevada por la gran bola mediática que pinta un cuadro imaginario de crisis extrema implica perder gran parte de su identidad en función de hechos y medidas de corte conservador. Incluso en un determinado momento la ofensiva lanzada desde esta alianza opositora dejó en el aire el fuerte olor a pólvora destituyente. No de impulso golpista, sino de no dejar gobernar, de atarle las manos al Ejecutivo entre un coro de columnistas exaltados que reclamaban cada vez más de la oposición cuando sus dirigentes no lograban ponerse de acuerdo o expresaban sus diferencias lógicas.

El famoso mito alrededor de los 37 no puede definir los movimientos de todos los actores de un paisaje tan heterogéneo. Si la oposición reúne o no esa cantidad de votos en el Senado para tener quórum y mayoría propia debería ser algo a discutir frente a cada debate. Resulta absurdo que por el famoso 37, cual fórmula de la Cabala, desaparezcan las diferencias, muchas de ellas de fondo, entre las distintas corrientes políticas que están expresadas en la Cámara alta, tanto en el oficialismo como en la oposición. A no ser que los socialistas piensen igual que los menemistas, o los menemistas igual que la Coalición Cívica y los radicales y que todos ellos formen el gran partido de la oposición, en cuyo caso sería interesante que se lo hubieran comunicado a sus afiliados antes de las elecciones.

Los medios no tuvieron piedad por la derrota de la oposición en el Senado y titularon con un desprecio profundo hacia este sector que, desde sus necesidades, no sirve para frenar al Gobierno. Algunos de los dirigentes salieron a repartir culpas y sospechas, como suele suceder después de las derrotas, las que, como todo el mundo sabe, no tienen madre ni padre. Luis Juez y Elisa Carrió se anotaron en esa gimnasia bajo la suposición de que esos 37 senadores opositores están condenados a votar en línea durante los próximos dos años. Los radicales fueron más sensatos al reconocer que en los debates políticos a veces se gana y otras se pierde. Se puede buscar el motivo de esa derrota en la corrupción, como eligieron Juez y Carrió, o en el reconocimiento de la diversidad que existe entre esos 37 senadores.

No es un dato menor que se trataba de votar en contra de una de las economistas con mejores antecedentes para encabezar el Banco Central, “una militante de siempre por la producción y contra el ajuste”, como ella misma se definió, coincidiendo, seguramente, con una porción importante de peronistas, socialistas, radicales y algunos juecistas. Y, sin embargo, se les exigía a los 37 un rechazo airado a Marcó del Pont como si se tratara de una delincuente. Se la citó sin escucharla ni hacerle preguntas y con predictamen negativo ya anunciado públicamente en revancha por la maniobra del Gobierno de anular un DNU para pagar deuda con reservas y, al mismo tiempo, promover otros dos similares.

Los contendientes de ambos lados, el oficialismo y la oposición, mostraron que están dispuestos a jugar fuerte, sin salirse del marco institucional, pero forzándolo al máximo. Los dos argumentan que es la única opción que les dejan desde la trinchera de enfrente. En todos esos encontronazos ya hubo algunos resultados que deberán concretarse la semana próxima. Marcó del Pont ganó dos votos de los 37 que tenía en contra y es probable que permanezca al frente del Banco Central. Y en relación con las reservas, finalmente el Gobierno accedió a respaldar un proyecto de ley similar a sus DNU. Se verá en ese caso el resultado, aunque también habría otros dos votos de los famosos 37 que respaldarían el proyecto además del oficialismo. Es un resultado al que se llega con los ojos morados y varios chichones. No parece la mejor manera para tomar decisiones y no estaría de más que oficialismo y oposición investiguen caminos menos dramáticos. Por otro lado, la idea de un sector de la oposición de atornillar los 37 votos se demostró como irreal, y muy desfavorable sobre todo para el centroizquierda opositor, que termina desdibujado detrás de posiciones muy reaccionarias.

A matar al mensajero

Por Raymundo Riva Palacio, director de Eje Central (El País, Madrid)

Trabajar como periodista en México puede ser una cosa de vida o muerte. Sobretodo si se vive y labora en las zonas más calientes en el país, donde los cárteles de la droga han sentado sus imperios. En esas regiones la autoridad no importa, pues mandan los criminales. Como los gobiernos no son capaces de proveer seguridad para el trabajo, los medios optan por callar. La censura en México cambió de dueño aceleradamente: de ser la bota dura de gobiernos autócratas hasta hace unos tres lustros, pasó a ser la mano dura de los monopolios que exigían impunidad a cambio de publicidad a principio de esta década. Hoy, las cosas son más violentas.

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El viejo adagio de plata o plomo de las mafias se transformó en silencio o plomo. Muy simple. Antes compraban su silencio con dinero; ahora con su benevolencia para permitir mantener la vida. Casi nadie traga fuego en México. El último, y prácticamente el único que sí lo hizo fue Jesús Blancornelas, un periodista controvertido y heroico que vivía en Tijuana, Baja California, la frontera más transitada hacia Estados Unidos, donde cuando los políticos dejaron de ser relevantes se enfrentó a los narcotraficantes. Los jefes del Cártel de Tijuana ordenaron su asesinato, pero sobrevivió gracias a que 120 balazos de un fusil de asalto que estaban dirigidos a él, pegaron sobre su chofer que se lanzó sobre de él para protegerlo.

Blancornelas acabó su vida de muerte natural, pero sus últimos años vivió muerto. Tras el atentado, una escolta de militares se encargó de cuidar de él; perdió toda la libertad de movimiento. Pese a vivir recluido y amenazado, nunca perdió la libertad de pensamiento y continuó, hasta el final, horadando todo lo que podía a los narcotraficantes. Su pluma se convirtió en fierro caliente, y hace casi una década empezó a notar cómo cada vez más, los periódicos de la frontera norte mexicana y algunos más hacia el sur, dejaban de publicar sus artículos. En las condiciones de inseguridad que vivían, eran imposibles de publicar.

Con él se dio el punto de inflexión real en la vida diaria de los medios y los periodistas que trataban de registrar lo que estaba sucediendo en sus plazas con el deterioro en la seguridad. Fue un cambio notable en la batalla por la libertad de prensa en México, que siempre tuvo sus bemoles y remó a contracorriente. Durante los 25 últimos años del Siglo XX fue una lucha de algunos contra el autoritarismo, donde se pagaba con represión y despidos realizados por dueños subordinados al poder. Siguen existiendo vestigios de aquellas épocas hoy en día, pero lo que antes era norma, hoy es excepción.

Con la delincuencia organizada, los términos son distintos. En un periódico de Tamaulipas llegaron un día hace no mucho los abogados del Cártel del Golfo para pagar un desplegado de su ex líder, Osiel Cárdenas. Cuando los dueños dijeron que no lo publicarían, la respuesta de los abogados fue muy clara: o publicaban la inserción, o al día siguiente publicaban el obituario del propietario. La espectacularidad de recientes acontecimientos en varias ciudades de la frontera norte regresó a un primer plano de preocupación la seguridad de los periodistas.

Este es un tema que divide a muchos, e inclusive polariza. Hay a quienes no les importa en absoluto lo que suceda o deje de suceder con ese gremio, y otros, periodistas algunos de ellos, consideran que la protección para ellos debe ser la misma que tiene un ciudadano ordinario. No es lo mismo, por las características del trabajo que realizan los periodistas y los medios. En los tiempos que se viven, acallar a la prensa ha permitido a la delincuencia organizada en varias regiones del país proveer un blindaje a los funcionarios y policías que tienen en sus nóminas, y a dejar inermes a las sociedades que los padecen. El que las cosas nunca lleguen a la opinión pública no significa que no sucedan. A lo que sí contribuye el silencio de la prensa es a la impunidad.

En Michoacán, una provincia en la costa del Pacífico, los periodistas viven permanentes bajo amenaza. Cada vez que escriben un texto o salen a hablar en la radio o televisión, deben de cuidar muy bien sus palabras para evitar que alguien, entendiéndose por alguien un capo de las drogas, se vaya a sentir afectado y ordene matarlo. En Zacatecas, hace poco más de un año, los criminales convocaron a una rueda de prensa para exigir a los periodistas -que llevaron el mensaje a sus jefes- que dejaran de informar sobre hechos en donde estuvieran involucrados, o se atuvieran a las consecuencias.

La semana pasada, dos enviados de la estación de televisión del Grupo Milenio en Reynosa, una ciudad en la provincia de Tamaulipas que hace frontera con Texas, fueron "levantados" (secuestrados) por sicarios y los expulsaron de la ciudad. Les salió barato. Periodistas en esa zona ni siquiera hablan en privado de lo que sucede, ni envían correos electrónicos aportando alguna información sobre lo que sucede, por temor de que los criminales monitoreen sus comunicaciones y les cueste la vida. Alejandro Junco, dueño del influyente diario Reforma, se fue con sus hijos y nietos a vivir a Estados Unidos luego que recibió un video que mostraba los movimientos de sus familiares al salir de su casa, en las escuelas de los niños y en los trabajos. Como en Colombia, cuando en vísperas de asesinar a un periodista le llegaban flores sin destinatario, el video que le llegó a Junco parecía seguir el mismo patrón.

A diferencia de la gran mayoría de los periodistas, Junco pudo acudir a una pronta cita con el presidente Felipe Calderón para exponerle el caso. La respuesta de Calderón fue descorazonadora: está mal, pero se va a poner peor. De hecho, se ha puesto peor para los periodistas. El Centro de Periodismo y Ética Política documentó el año pasado 183 actos de violencia contra periodistas en el país, que significó un incremento de 10,23% con respecto a 2008. De ellos, presume en 12 la autoría de la delincuencia organizada. Un creciente número de medios en todo el país está dejando de publicar las firmas de sus reporteros en informaciones relacionadas con el narcotráfico; varios de ellos como resultado de amenazas directa contra sus periodistas.

La semana pasada el presidente Calderón reconoció que la delincuencia organizada se ha convertido en la principal amenaza para la libertad de prensa, pero sus palabras parecen estar más cerca de la demagogia que del reconocimiento pleno de lo que significa una sociedad sin información. El gobierno federal está pensando en crear una comisión intersecretarial que incluya a representantes de periodistas y de defensores de derechos humanos para enfrentar los riesgos en los que viven. Organizaciones de periodistas dicen que no está mal, pero que es insuficiente.

Lo que no ataca el gobierno, pese a reconocerlo, es que la debilidad de las instituciones y la falta de gobernabilidad en varias regiones del país han permitido que sean los cárteles de la droga quienes decidan qué se informa y qué no, quién vive y quién no. Se supone que uno de los objetivos de la guerra contra el narcotráfico era precisamente fortalecer instituciones y generar gobernabilidad, lo que no ha sucedido. Se pueden haber reducido las bolsas territoriales controladas por los criminales, es cierto, pero como lo pueden corroborar en diversas regiones del país consideradas como zonas calientes, el gobierno no ha podido proveer seguridad a los informadores para que informen, y tampoco ha tenido la capacidad para frenar la temporada de caza de periodistas en la que estamos entrando.