Una historia de amor al deporte

Por Ezequiel Fernández Moores (La Nación, Buenos Aires)

Barack Obama pujará por Chicago; los poderosos Joao Havelange y Juan Antonio Samaranch, ancianos ex patrones del deporte mundial, recordarán viejos favores a cambio de votos para Río de Janeiro y Madrid, respectivamente, y Tokio insistirá en el filón asiático. Pero la votación de este viernes en Copenhague, entre las cuatro ciudades finalistas que competirán por la sede de los Juegos Olímpicos de 2016, no tendrá esta vez a un conocido miembro de "la gran familia del deporte". Se trata del mexicano Rubén Acosta, que en mayo de 2008, tras 24 años en el cargo, renunció como presidente de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB). Se fue tras ganar unos 30 millones de dólares en concepto de comisiones por contratos de patrocinio y de TV que sólo él podía autorizar.
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Exhibe su amistad con Havelange y Samaranch y disfruta del cargo de "presidente honorario vitalicio" de la FIVB. Su historia interesa no sólo porque desnuda la obscenidad del poder, sino también porque afecta muy de cerca a la Argentina. El hombre que hace hoy siete años denunció a Acosta, Mario Goijman, ex presidente de la ex Federación Argentina de Voleibol (FAV), está arruinado moral y económicamente.

Los 30 millones que Acosta recibió en concepto de comisiones suenan desproporcionados respecto del casi millón de dólares que Goijman perdió a partir de su denuncia: 350.000 para los abogados suizos, 200.000 por más de treinta viajes a Lausana por juicios y audiencias y 250.000 que puso de su bolsillo cuando la organización del Mundial de Argentina 2002 se iba a pique por el estallido de la crisis de 2001, según un préstamo que hizo a la FAV ante escribano y con aprobación de todos los consejeros. Hoy no tiene dinero para pagar deudas ni seguir su demanda. Le remataron el automóvil, ordenaron la liquidación de parte de su casa y no puede salir del país. En julio pasado pensaba viajar a Inglaterra, invitado otra vez a Play the Game, la organización danesa que en 2005, desafiando amenazas judiciales de la FIVB, le dio a Goijman un premio especial por haber denunciado al inescrupuloso señor Acosta. La justicia argentina lo bajó del avión. Goijman siempre creyó que cumpliría las deudas cuando la FIVB le pagara a la FAV la comisión del diez por ciento por haber logrado el contrato de televisación de cuatro millones de dólares del Mundial 2002 con la cadena ESPN. No sabía que el único que podía cobrar esa comisión era Acosta.

Goijman cometió errores en su cruzada. Su estilo personalista, a veces arrogante, conspiró tal vez contra él mismo. Pero el informe oficial de la reunión que el Consejo de Administración de la FIVB celebró en abril pasado en Lausana y que tengo ante mis ojos es revelador: dirigentes que no se atreven a acusar al ex presidente que aplaudían hasta mayo pasado, que temen consecuencias legales y prefieren decir que sólo ahora advierten cómo funcionaba "el sistema Acosta", el mismo que Goijman había denunciado en 2002. "El Sr. (Miroslav) Przedpelsky opinó que debíamos actuar con cautela, ya que los ojos del mundo entero y los medios de comunicación observan a la FIVB y no debemos admitir que cometimos un error en el pasado", dice la página 25 del informe, en la cual, párrafos más abajo, el vicepresidente André Meyer revela ante una pregunta del brasileño Ary Graca que el total de comisiones pagadas por la FIVB supera en realidad los 33 millones de dólares. Se trata del mismo Graca que en 2002 no sólo aplaudió la expulsión de Goijman como miembro de la FIVB, sino también la del peruano Luis Moreno, que era presidente de la Confederación Sudamericana y se negaba a ejecutar la cabeza del argentino. "Fui expulsado en 24 horas porque querían atemorizar al resto", me dice Moreno desde Lima. También avaló la política de la "guillotina" el dominicano Cristóbal Marte Hoffiz, quien sólo ahora parece descubrir que ya en 2004 el COI había advertido que las comisiones cobradas por Acosta violaban los reglamentos olímpicos. La Comisión Etica del COI debió pronunciarse sobre el caso en 2004 por una carta-denuncia que le fue enviada por el propio Goijman. Al COI no le gustó que Acosta extendiera las sanciones a las propias selecciones de la Argentina y que, supuestamente, se quedara con parte del dinero de los Juegos Olímpicos. Pero el abogado de Acosta, Michel Rossinelli, contragolpeó y advirtió que él podía dar más detalles sobre supuestas comisiones que el COI habría pagado entre 1996 y 2002 a una agencia de nombre Meridien. La "familia olímpica" entendió el mensaje y la sangre no llegó al río.

¿Y el nuevo presidente chino Wei Jhizong? ¿No era él secretario legal, primero, y vicepresidente, luego, en los tiempos de Acosta? ¿Y no dijo en mayo pasado en Dubai, cuando asumió en su lugar, que Acosta era "un exitoso líder" y que seguiría su "legado" de "principios democráticos y justos"? Menos de un año después, Wei decide que nadie cobrará comisiones y que ni siquiera le pagará a Acosta los 4,8 millones de dólares que todavía se le deben por contratos ya firmados. Se venderá también el último

Mercedes-Benz que había comprado Acosta. Lo mismo que la mansión suiza de Epalinges, en Lausana, que la FIVB compró en 2001 a pedido de Acosta por 1,2 millones de dólares, sin decirle a la entidad que él ya vivía allí desde 1984, porque era la casa familiar de su esposa, la influyente Malú, actual Consejero Honorario Vitalicio de la FIVB. Acosta envió hace sólo dos semanas cartas a los miembros de la FIVB recordándoles el viejo compromiso y las acompañó de un texto de Havelange, el ex patrón de la FIFA, que lo felicita por sus 24 años de "habilidad, competencia y devoción" en el voleibol mundial. "Escuché muchas historias de corrupción dentro del deporte, pero ésta es una de las más increíbles", me dijo Jan Borgen, director de Transparencia Internacional en Noruega, cuando Goijman expuso sus denuncias en 2005 en Copenhague. Play the Game consultó ese mismo día a una decena de dirigentes del voleibol europeo. Todos avalaron las denuncias, pero se negaron a hablar públicamente. Temieron sumarse al casi centenar de despidos, una lista que incluye a Jean Pierre Seppey. El suizo era el brazo derecho de Acosta. Sabe demasiado. Su juicio contra la FIVB contiene jugosas revelaciones: amantes, cabarets, limusinas, autos lujosos, premios comprados y hasta periodistas pagos.

Acreditado como miembro de la Asociación de Periodistas Olímpicos (OJA), estará este viernes en la votación por la sede de los Juegos de 2016 el dirigente Jean-Marie Weber. El ex director de la quebrada empresa ISL es un viejo conocido de gente como Havelange y Samaranch, dos de los personajes más influyentes en la cita de Copenhague, acaso por encima del propio Obama. En un juicio celebrado en marzo de 2008 en el cantón suizo de Zug, Weber admitió que pagó más de 140 millones de dólares a altos dirigentes del deporte mundial, cuyos nombres se guardó el derecho de no mencionar. Eran "comisiones", dijeron sus abogados. "Sobornos", afirmaron los fiscales.

Dinero como el que durante muchos años recibió Acosta. "Sé que el reglamento de la OJA autoriza al Comité Ejecutivo a ofrecerle ser miembro asociado a cualquier persona cuyo trabajo profesional provoque impacto en el Olimpismo", protestó el periodista alemán Jens Weinreich al presentar su renuncia a la entidad. "¡Oh sí! Las actividades del señor Weber impactaron al deporte olímpico. Weber –completó Weinreich– es el hombre que compró al deporte con grandes valijas repletas de dinero. ¿Realmente él es uno de nosotros?"

Crimen de “ilesa” impunidad

Por Carlos Slepoy, abogado especialista en derechos humanos

Se ha escrito mucho sobre las causas que motivaron el acuerdo de los dos partidos mayoritarios para erradicar el principio de justicia universal de la legislación española. El límite se sobrepasó cuando se pretendió enjuiciar crímenes de lesa humanidad y/o genocidios y/o crímenes de guerra cometidos por chinos en el Tíbet, israelíes en Gaza y estadounidenses en Guantánamo, o quizás –o además– por las investigaciones sobre los crímenes del franquismo –que eran asimismo un ejercicio de justicia universal—, respecto de los cuales, como sabemos, se ha pactado igualmente la más absoluta y cruel impunidad. También se ha escrito ampliamente acerca de que limitar el principio de justicia universal –que por algo se llama así– a la existencia de víctimas españolas o a vínculos de conexión relevantes con España y que se acredite en todo caso, mediante prueba diabólica, que no hay otro procedimiento abierto en otro lugar del mundo es, lisa y llanamente, desterrar de la legislación española la persecución de criminales contra la humanidad.
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Traicionando su naturaleza, se pretende su compatibilidad con la discriminación de las víctimas por su nacionalidad y con el principio de subsidiariedad de jurisdicciones. Esto es un oxímoron, grosera y vergonzosa contradicción con lo que el principio enuncia y significa. El sello propio y distintivo de la jurisdicción universal es la inclusión de la universalidad de las víctimas –para que todas ellas puedan ser protegidas por todas las jurisdicciones del mundo– y el principio de concurrencia de jurisdicciones, para garantizar entre todas la mejor persecución de los criminales.

No importa que esta medida vulnere la doctrina del mismísimo Tribunal Constitucional, tratados suscriptos por España y prácticas judiciales –de las que la judicatura española fue referente hasta ahora– extendidas a otros países y que ya forman parte del Derecho imperativo internacional. Se ensordecen los oídos para no escuchar el clamor que surge de cientos de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales –nacionales y extranjeras– y personas de todo el mundo para que se detengan. La urgencia y nocturnidad con que se tramitó el proyecto de ley, actualmente en el Senado, quiere dejar tranquilos, no importa a qué coste moral, a los grandes violadores de derechos humanos que hasta ahora han sido y a los que lo serán en el futuro. Acostumbrados estamos a leyes y prácticas que dejan impunes crímenes pasados. Ahora el Parlamento español nos anuncia impunidad, también, para los que serán.

Quiero creer que muchos legisladores, en especial socialistas, no han reflexionado suficientemente sobre el grave mal que están por cometer. Supongo que celebraron la detención de Pinochet, el juicio y la condena al genocida argentino Adolfo Scilingo y los distintos procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional para perseguir a grandes criminales de distintos países del mundo. Más aún, me atrevo a decir que se enorgullecieron de que estos hechos fueran protagonizados por la Justicia española. ¿Puede llegar a tanto la obediencia partidaria como para traicionar estos sentimientos y los principios que los inspiran? Está claro que ningún tribunal los procesará. Habrá un día en que se considerará un crimen la promoción y sanción de la impunidad pero, por ahora, pueden estar tranquilos los impunidores.

En su famosa “Carta desde la cárcel de Birmingham, Alabama” –16 de abril de 1963– dirigida a un grupo de clérigos blancos que lo cuestionaban, Martin Luther King estampó esta frase que pasaría a la Historia: “Nosotros nos tendremos que arrepentir en esta generación no sólo de las palabras odiosas y las acciones de la gente malvada, sino también del aterrador silencio de la gente buena”. Están a tiempo los buenos legisladores españoles de no tener que arrepentirse ya no de su pasividad y su silencio, sino de su activa complicidad con los malvados. Es necesario que los diputados mediten sobre lo que ya han hecho y los senadores sobre lo que van a hacer. Quizá Dios exista e inspire a estos últimos a vetar el proyecto de ley y enviárselo a los primeros para que lo eliminen o, mejor, perfeccionen la ley actualmente existente para garantizar una mayor y mejor aplicación del principio de jurisdicción universal. Más terrenalmente, y aunque se reitera la improbabilidad de que vayan a rendir cuentas ante la Justicia, es pertinente recordarles que el artículo 451 del Código Penal califica como encubridor al que, sin haber intervenido como autor o cómplice en el delito y con conocimiento del mismo, interviniere con posterioridad a su comisión ayudando a sus responsables a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a su busca o captura, siempre que concurra, entre otras, la siguiente circunstancia: que el hecho encubierto sea constitutivo, entre otros, de genocidio, delito de lesa humanidad, delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. Si el favorecedor hubiere obrado con abuso de funciones públicas, además de la pena de privación de libertad, de seis meses a tres años, se le impondrá la de inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años.

Se está por cometer un crimen de ilesa impunidad. Los genocidas y sus instigadores, que buscan inmunidades e impunidades por doquier, dormirán un poco más tranquilos, confiando además en el efecto multiplicador del ejemplo. Ojalá no les ocurra lo mismo a los legisladores que están por delinquir, aunque, como aquéllos, no vayan a ser castigados. Quizás el mal sueño los haga despertar.

Las leyes y las voces

Por Pablo Alabarces
(Crítica de la Argentina)

Uno se debe a su público: hace dos semanas, los atentos colaboradores de la página web del diario no hicieron otra cosa que recriminarme no tomar posición sobre la Ley de Servicios Audiovisuales, esa que la derecha argentina insiste en llamar “ley de control de medios”. No la había leído aún –son 150 páginas, tampoco es un folletito– y no quería parecerme a la mayoría de los que opinan, incluidos algunos legisladores y buena parte de los medios de comunicación: a todos ellos/as parece haberles faltado un buen tiempo de lectura. O un poco de honestidad intelectual, digamos.

Por mi parte, me dediqué estas semanas a leerla y a seguir el debate. Acuerdo con la ley, un poco más con las modificaciones que le hicieron en Diputados, espero que aún más con alguna modificación en el Senado. No es la mejor ley posible, pero, ¿cuál es la mejor ley posible, en esta Argentina y con el peronismo como gobernante?
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Por lo menos, rompe con los monopolios y con la hiperconcentración, federaliza un poco el espectro, amplía las posibilidades para que aparezcan otras voces, democratiza los órganos de aplicación. En este punto es donde pensaría las modificaciones más radicales: introducir la figura del concurso con supervisión académica, por ejemplo, esos concursos que un tipo como Mariotto jamás ganaría, pero la diputada Giúdici o Julio Bárbaro tampoco.

En este tipo de reformas, los organismos de aplicación, regulación y supervisión son claves: vean si no lo que ocurrió con la inutilidad de los que debían supervisar los servicios públicos. A pesar de muchas debilidades, las universidades públicas siguen siendo un lugar fantástico desde donde ejercer esas supervisiones: propongo pensar con más énfasis su rol como autoridad de aplicación. Quizá de esa manera se podría conseguir algo parecido a un Comfer que sirva para algo: lo que es éste, hay que disolverlo con premura. Para desdicha de los que anuncian el apocalipsis y la censura, el Comfer censor fue el de la presidencia De la Rúa, que en 2001 prohibió la difusión pública de ciertas canciones de cumbia villera. Pasamos del Comfer censor de los radicales al inútil de los peronistas: Tinelli aún espera su condigno castigo.

La clave de la ley es desmontar la hipótesis de que la comunicación y la cultura pueden ser espacios desregulados. Los que saben de esto, los especialistas en economía política de la comunicación, vienen señalando hace años que, en realidad, las políticas de medios de los noventa no desregularon, sino que re-regularon a favor de la concentración y los monopolios, además de incidir de manera desvergonzada a favor de esos mismos actores, por ejemplo, cuando Menem le cedió a Radio 10 la frecuencia de Radio Ciudad. No hay tal desregulación: la economía y la sociedad argentina se regularon a favor de los grupos de poder, con el aplauso entusiasta tanto de peronistas –que siguen aplaudiendo– como de radicales –que hoy se hacen las vírgenes suicidas–. Y lo que se jugaba y juega en estos ámbitos es crucial para el devenir de una comunidad: es nada más y nada menos que los espacios donde se construye y pone en circulación la mayor cantidad de bienes simbólicos. Identidades, memorias, expectativas, deseos –no pienso usar la palabra relato, devaluada por nuestra Presidenta–: y fíjense que los pongo en plural, porque además no se trata de una única versión del asunto, sino de su pluralidad –si el concepto de una identidad nacional me une con Macri, Aguinis, Moyano y Tinelli, prefiero volverme brasileño.

Por supuesto que todo esto no significa entregarse a los cantos de sirena kirchneristas. Como dijo Beatriz Sarlo en La Nación hace dos semanas, el Gobierno se mueve por impulsos y calenturas, fuera de todo plan y de todo programa. Entonces, una buena ley, más justa, no vuelve a este gobierno ni mejor ni más justo. Pero eso no puede llevarnos a criticar una ley porque anuncia una limitación a ciertas libertades: eso es una falacia insostenible, que sin embargo muchos sostienen y más creen. La libertad de expresión es una conquista democrática de quienes la ejercen, y de ninguna manera una concesión de las empresas periodísticas, que suelen trastabillar cuando las voces que reclaman no coinciden con sus intereses económicos desvergonzados. Hace pocos días, cuatro líderes piqueteros debieron recordarle a Tenembaum que si no hubieran cortado las calles, nadie los hubiera invitado a la tele –al cable, no a Telenoche.

Nadie puede afirmar seriamente que esta ley limite posibilidades de expresión. Los límites siguen estando en otro lado: en la economía y en la desigualdad, que tan poco hacemos por reducir. Esta ley se ocupa de ampliar algunas posibilidades para que las voces circulen: pero el problema seguirá siendo quién puede tomar la palabra –que no es lo mismo ni es igual.

El regreso de un tlatoani

Por Raymundo Riva Palacio
(Eje Central, México)

Carlos Salinas fue un presidente tan eficiente y con una inteligencia tan magnificada por la leyenda urbana, que está convertido en el mito que divide a México: lo odian o lo admiran. Sus adversarios lo ridiculizaron por un largo tiempo, estimulando incluso la proliferación de máscaras de hule que vendían en las esquinas de las principales avenidas de la capital mexicana, y socializando la parodia de que cada vez que llegaba a México -porque vive en Europa-, temblaba, lo que efectivamente sucedía, pero no por causas metafísicas, sino por juguetona coincidencia. Pero el tiempo y la lejanía de su administración, que terminó hace tres lustros, los derrotó. Salinas ha recompuesto su imagen pública y proyección política. Tanto, que popularmente lo consideran como el verdadero jefe del PRI.
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Su comportamiento político alimenta el imaginario mexicano. Quién, una publicación de creciente influencia en la clase gobernante, que ha combinado los contenidos de las revistas del corazón con la política, publicó en su último número una portada dedicada a Salinas, dedicándole seis páginas a una colección de fotografías de Mr. Socialité, como lo llaman, donde lo muestra en bodas y fiestas durante los últimos meses. La revista no informa más allá de la epidermis social que refleja, ni analiza, por lo que queda sin explicación el porqué de la percepción de las élites sobre su poder. Pero en esos eventos, como en otros no registrados por Quién, Salinas ha sido el centro de la atención.
Invitado de lujo, no deja de aceptar pláticas en instituciones académicas de alcurnia, como Harvard y Oxford, o convocar a tertulias a estudiantes de las más prestigiadas universidades, a la majestuosa biblioteca de su casa de dos pisos donde se apilan miles de libros. El año pasado, por ejemplo, en la boda de una de las hijas de la aristocracia de Monterrey, donde se encuentra buena parte del poder económico mexicano, coincidieron Salinas y el ex presidente Vicente Fox. Cuando se retiraron de la fiesta, Salinas tardó casi 30 minutos en alcanzar la puerta porque se paraban políticos y empresarios a saludarlo; Fox no tuvo mayor dilación en salir. Sus principales adversarios ayudan, paradójicamente, a alimentar la percepción de fuerza suprema. Andrés Manuel López Obrador, a quien Salinas trató inútilmente de golpear políticamente en 2004 y descarrilar su candidatura presidencial, no deja de señalarlo como el jefe de la mafia política que gobierna a México. Salinas debe disfrutarlo.
Cuando está en México, que es al menos una vez al mes por cuando menos una semana, satura su agenda con asuntos políticos. Suele reunir a varios de sus viejos colaboradores en torno a una mesa de trabajo en su casa en el sur de la capital federal, y como si fuera una de sus antiguas reuniones de gabinete, les pregunta cómo ven la situación del país y les expresa su punto de vista. Les pide trabajos específicos, como si aún fueran sus colaboradores, y recurre sin pudor a los más brillantes de aquél grupo que gobernó el país con él, sobre temas coyunturales. Algunos le siguen fieles; otros, ya se cansaron y sutilmente se han ido alejando de él.
Pero Salinas, quien durante toda su vida universitaria y profesional fue entrenado para ser presidente, no puede dejar de sentir, o de proyectar a sus interlocutores cuando menos, que tiene una misión para México. Esta es que los aspirantes a la candidatura presidencial no se peleen entre sí y pueda recuperar su partido el poder de la Presidencia en 2012, y no causen los cismas internos que le impidieron al PRI mantener el poder en 2000 y recuperarlo en 2006. Hoy, Salinas ha permitido que crezca la percepción de que es el padrino político del gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, quien es el político mejor colocado en la popularidad nacional, y cuyas preferencias de voto entre los priistas duplican la suma combinada del segundo y tercer lugar en la lista.
Peña Nieto ya ha dado señales que esa relación, aunque cercana, no es ni tan fuerte ni tan estrecha, pero el ex presidente no ha contribuido para matizarla. A Salinas le gusta hacer sentir que está detrás de las nuevas figuras del partido, como el gobernador del estado de México, o como Rodrigo Medina, quien es un clon de Peña Nieto -joven, atractivo, fresco-, quien asumirá en octubre la gubernatura del próspero Nuevo León, en el norte del país, y que es uno de los caballos negros para la candidatura presidencial en caso de que los principales contendientes terminaran aniquilándose unos a otros.
Tras las elecciones federales donde el PRI se alzó como la primera fuerza política del país -sin alcanzar, empero, la mayoría absoluta-, Salinas habló con varios gobernadores priistas para persuadirlos a que apoyaran a un incondicional de él, Francisco Rojas, como coordinador de los diputados priistas en el Congreso, que es una posición que, bien manejada, es muy poderosa. A cambio, le pidieron favores políticos. Uno de ellos, el de Oaxaca, Ulises Ruiz, quiere que le ayude a ser presidente del partido en 2011. Salinas no es de los que rápidamente da piezas de cambio, pero está buscando ampliar su poder. A través de los diputados más cercanos a él, ha enviado mensajes a otras figuras ascendentes en el Congreso para ofrecerles apoyo para que puedan quedar al frente de comisiones parlamentarias y que, de esa manera, le deban su emergencia política en esa Cámara.
El poder de Salinas, que se siente abrumador, no es tan infalible. Dentro del PRI lo conocen bien, y aunque sienten genuino respeto por su inteligencia y capacidad política, no hay subordinación ante él. Hay diputados que rechazaron el ofrecimiento de apoyo, porque no quieren tejer compromisos de esa naturaleza con él, y entre los gobernadores, los más veteranos lo mantienen a distancia. Varios líderes del partido lo ven como un actor que, aunque relevante, no deja de ser uno más de las personas cuya voz influye, pero no como el jefe político que muchos fuera del partido creen. El poder hacia dentro está más repartido, y las alianzas para 2012 apenas se están probando y conformando.
Pero el tiempo de Salinas ya pasó. Algunas de las figuras actuales le han perdido confianza porque sienten que los traicionó en el pasado, o que jugó con ellos. Ya no es el gran Tlatoani, con la T mayúscula de los dioses aztecas, sino un tlatoani con T minúscula, como hay varios dentro del PRI, que tendrán que arreglarse en los dos próximos años y negociar sus alianzas y comprometerse entre ellos, si no quieren que 2012 sea una reedición de las dos últimas elecciones presidenciales, donde se quedaron en la antesala del poder por no ponerse de acuerdo. En la firma de ese pacto, seguramente estará Salinas, pero no presidiendo el cónclave, sino ocupando uno de los lugares alrededor de la mesa. El poder que tuvo, aunque no quiera verlo, se ha venido diluyendo con el tiempo. Todo, como él mismo atestiguó en su metamorfosis de "villano" a "Mr. Socialité", como lo llamó Quién, se desgasta.

Eso de la comunicación

Por Eduardo Aliverti
(Página 12, Buenos Aires)

Cuando ocurre algo así, lo primero es apuntar que la fortaleza del sentido común no debe verse mellada por la presunta estrictez de las estadísticas. Y ni siquiera cabe hablar de los fantasiosos números del Indec sino de cifras cualesquiera, así las rodee el “prestigio” que tantas veces se inventa para favorecer intereses de los poderosos que atienden a consultoras privadas. En todo caso, el descrédito del organismo oficial azuza la sensación. Haber difundido que los pobres e indigentes de la Argentina son menos de un 14 por ciento es un despropósito. En una de sus últimas apariciones públicas, fue el propio Kirchner quien ubicó al índice por encima del 20 por ciento. ¿Cómo es posible esta contradicción? Vaya uno a saber qué milagro sucedió desde la primera mitad de 2008 para que haya un millón y medio menos de pobres, justo en medio del deterioro de los parámetros macroeconómicos. Y más allá de que el país soportó la crisis internacional, si no bien, mucho mejor que el resto. Como no sea –piensa el periodista, porque es lo único que se le ocurre– el hecho de autoestimarse impunes, o jugados por jugados. O, en la visión más benévola, presos de una forma de medir que no les deja otra opción a los técnicos.
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Básicamente, el Indec señala que los precios de la canasta básica de alimentos no aumentaron; que no hubo un crecimiento significativo del desempleo, y que por el contrario se incrementaron de modo sustantivo los ingresos de asalariados, jubilados y autónomos. Lo primero no resistiría el menor análisis, salvo que se tomen los reducidos productos que el secretario Moreno acuerda con algunas cadenas de supermercados. Lo segundo es correcto, como lo reconoce cualquier indicador. Y lo tercero, depende de si el cristal con que se mira es la inflación oficial o la real. No hace falta especialización alguna para apuntar esos aspectos, pero tampoco es eso de lo que se trata sino, para volver, del sentido común. En una enjundiosa nota publicada el jueves pasado en este diario, el director de la Encuesta Permanente de Hogares, Claudio Comari, dice por ejemplo que “se ha registrado en el período un importante crecimiento del número de personas que reciben asistencia a través de distintos programas sociales, como el Plan Familias y otros”. Caramba: ¿no cabe inferir que si aumenta de manera “importante” la cantidad de gente asistencializada es, justamente, porque la pobreza subió en la misma proporción? Pero vamos a suponer que la respuesta es negativa. ¿Un asistencializado deja de ser un pobre, o un indigente sube el escalón y pasa a serlo, por el solo acto de recibir un plan de ayuda o un plato de comida? Es, por lo menos, una lógica muy curiosa. Para no hablar de conceptos tales como la calidad de la vivienda, sin siquiera entrar en otros como el acceso a la educación y la salud o las probabilidades de esparcimiento. Y si es cuestión de que esas cuantificaciones corresponden a barrios estadísticos diferentes, entonces vuelve a agredirse al sentido común. Porque bajo ese raciocinio, resulta que si se vive en una villa o un suburbio marginal, en cuatro paredes desvencijadas, yendo a la escuela para comer o teniendo que esperar seis meses para un turno en el hospital, pero ayudado por un plan al que se sumen changas u otros ingresos circunstanciales, no se es pobre. Comari explica, y bien, que la medición de la pobreza a través de este mecanismo fue adoptada por la Argentina en los primeros años de la década de la rata, y que, como todavía no se tomó una nueva metodología, el Indec debe remitirse a publicar los números de acuerdo con esos criterios. Tomado esto por cierto (que lo es, o al menos nadie lo desmiente), y sin que haga falta desmenuzar tópicos como lo que provoca que, según el Indec, la Canasta Básica Alimentaria para un grupo familiar de matrimonio y dos hijos no llegue a los 500 pesos ($ 453,33), igualmente no hay modo de desmentir el choque desopilante que se produce entre la “prisión” numérica y lo bruto de la realidad. A pura caloría de papas, arroz y fideos, más planes de ayuda social, o algún empleo estable que supere mínimamente la marca de ingreso-base (empleo del que carece alrededor del 40 por ciento de la población), ocurre que el régimen calórico es suficiente y que se queda por encima de la línea de pobreza. Quizá técnicamente pueda ser irrebatible, pero seguro que moral y socialmente es un escándalo.

Alguien insospechable de simpatías opositoras, el sociólogo y consultor Artemio López, indicó en un reciente artículo: “Subestimando el nivel de empobrecimiento realmente existente, (el Gobierno) desatendió las políticas sociales específicas que brindaran al menos contención a la carencia; no desplegó un plan consistente de transferencia de ingresos a los hogares más vulnerables y, por ejemplo, permitió que colara en el segundo cordón bonaerense, con (más) de un 30 por ciento de las preferencias, un personaje insólito como el colombiano rojo. Una pena, pero nada es gratis”. Sin embargo, incluso señalamientos como el precedente permiten espacio para ciertas preguntas. ¿No puede haber mejores explicaciones oficiales? ¿Es necesario que se expongan al ridículo? ¿No tienen forma, o no la encuentran, para comunicar distinto? ¿Tanto cuesta pensar en una campaña pública que contextualice las cifras del Indec, como para dejar claro que no hay la intención aviesa de tomarle el pelo a la sociedad o de ignorar lo elemental? ¿Tan obligatorio era difundir estos números en el momento en que se debate la ley de medios audiovisuales, que el mismo oficialismo rotula como la madre de todas las batallas, dándole pasto a una oposición urgida de hallar aunque sea argumentos conexos para voltearla –la voluntad de engañar, para el caso– y sumando clima adverso en la población? ¿La contestación es que el Indec está reglamentariamente obligado a hacerlo de modo fijo y periódico? Vamos...

La percepción es que hay una suerte de descuido congénito, en el kirchnerismo, respecto del estilo informativo. Una cosa es cuando eso “responde”, adrede, y está más que bien, para marcar territorio de diferenciación. Cuando pasa por “acá somos y estamos nosotros y allá son y están ellos”. Porque eso es la potenciación del inevitable conflicto que significa la política si es que de veras quiere afectarse intereses. Lo hicieron muy adecuadamente en algunos campos precisos y relevantes: derechos humanos, disputa con la gauchocracia, desde ya que el proyecto sobre medios audiovisuales, la decisión durante todos estos años de no reprimir la protesta sectorial y social (al margen de la horrible resolución tomada en el conflicto de la ex Terrabusi). Los errores procedimentales no quitan lo valiente.

Otra cosa es que lo sano de esa cualidad confrontadora mute a talante despreciativo. O que se expanda contaminada de necedad a áreas que son muy sensibles para el común de la gente, como la pobreza o la inflación. Hay las soberbias bien entendidas. Y hay las inaguantables.