Por Amnistía Internacional (España)
El juez Baltasar Garzón puede ser juzgado por un presunto delito de prevaricación por investigar las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Amnistía Internacional considera insólito que un magistrado pueda ser juzgado por buscar la verdad, la justicia y la reparación para más de 100.000 personas desaparecidas durante la Guerra Civil española y la posterior dictadura franquista.
La Ley de Amnistía de 1977 ha sido invocada para perseguir al único juez que ha intentado dar respuesta a víctimas de desaparición forzada y sus familias. Si este juicio se produce será el primer caso del que tenemos noticia, en todo el mundo, de que un juez es llevado al banquillo por intenta conseguir verdad, justicia y reparación para estas víctimas. Es un mensaje tremendo para otros jueces que lo intenten, en España y en el resto del mundo.
[Sigue +/-]Las leyes de Amnistía en un país no pueden entrar en contradicción con las normas internacionales de derechos humanos, y éstas dicen claramente que el crimen de desaparición forzada no es amnistiable, es imprescriptible, y que entorpecer su investigación es un delito.
Los familiares de los desaparecidos tienen derecho a conocer las circunstancias de su muerte, el paradero de sus seres queridos y poder ofrecer un entierro digno. Por ello, Amnistía Internacional, que trabaja por los derechos de la víctimas, se pronuncia en defensa de la legalidad internacional. El motivo ha sido el hecho que el Magistrado instructor en su auto de 3 de febrero expresase que el delito era no haber aplicado la Ley de Amnistía de 1977 a las desapariciones forzadas. La legalidad internacional es muy clara al respecto y sostiene que estos delitos no se pueden someter ni a prescripcion ni a amnistías ni a ningún tipo de mecanismo de impunidad.
Para Amnistía Internacional la mayor preocupAción de este proceso es que se está poniendo en juego uno de los principios mas importantes de la legalidad internacional y con ello los derechos de las víctimas.
El Estado español es responsable ante las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo
España tiene el deber de poner fin a la prolongada injusticia de la que han sido objeto las víctimas de desaparición forzada y otros crímenes y sus familiares, llevando a cabo las investigaciones necesarias para dar con el paradero de los restos de estas personas, y esclarecer las circunstancias en que tan graves abusos se produjeron.
De acuerdo con el Derecho Internacional, los crímenes contra la humanidad no son susceptibles de amnistía, indulto o prescripción. Es decir, el Estado español no puede sustraerse a la obligación de investigar estos crímenes, y debe poner fin a la impunidad garantizando a las víctimas y a sus familiares su derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral.
No es posible que los Tribunales españoles – en base a sus obligaciones bajo el derecho internacional - hayan asumido su competencia para investigar y perseguir los crímenes más graves de derecho internacional cometidos en países como Chile y Argentina, en cuyas causas han sostenido que las leyes de amnistía así como cualquier otra medida análoga carecen de validez en España, y se abstengan de investigar crímenes similares cometidos en su propio país.
Más información en nuestros informes:
La obligación de investigar los crímenes del pasado y garantizar los derechos de las víctimas de desaparición forzada durante la Guerra Civil y el franquismo. (noviembre de 2008).
Víctimas de la Guerra Civil y el franquismo: No hay derecho. (noviembre de 2006).
Poner fin al silencio y a la injusticia. La deuda pendiente con las víctimas de la Guerra Civil española y del régimen franquista (enero de 2005)
