Por Martín Granovsky (Página 12, Buenos Aires)
A veces “cierra la oficina, crece el desvarío, los peces se amotinan contra el dueño del río”. Lo canta Joaquín Sabina en “Crisis”. Fuera del tono catastrófico de algunas consultoras privadas, un informe especial del Servicio de Investigaciones del Congreso de los Estados Unidos diferencia por primera vez a los fondos buitre de otros bonistas que quedaron fuera de la reestructuración argentina de la deuda en el 2005, critica “los préstamos y los consejos que en el pasado dio a la Argentina el Fondo Monetario Internacional” y consigna con respeto el argumento de que cuando un país se empobrece los bonistas también deben perder algo de sus expectativas.
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“Los fondos buitre a menudo lucran con las pérdidas de otros bonistas y emplean una estrategia de holdout que puede impedir cualquier solución”, dice el documento.
La expresión “fondos buitre” se puso de moda en alusión a la compra de bonos argentinos –casi carroña, porque fueron adquiridos a veces en sólo un 20 por ciento de su valor– en tiempos de la caída y la bancarrota que alcanzaron el pozo más hondo en la crisis del 2001. Los holdouts son, en general, los bonistas que no arreglaron y esperan una situación de acuerdo en mejores condiciones.
Escrito en tono neutro, el informe fue preparado por el experto J. F. Hornbeck, quien se presenta como “especialista en comercio internacional y finanzas”, y lleva fecha del 21 de enero último.
El economista terminó de escribir su informe, que ahora circula entre los representantes de todos los Estados, justo en la misma semana utilizada por el embajador argentino en los Estados Unidos, Héctor Timerman, para denunciar por carta al Congreso que “dos fondos buitre con domicilio en paraísos fiscales y sus lobbistas han comenzado un ataque sistemático para impedir un acuerdo entre las partes”. Timerman había hablado de “Elliot Associates de Cayman Islands y EM Limited, también con sede en Cayman Islands y liderado por Kenneth Dart, quien renunció a su ciudadanía para no pagar impuestos en los Estados Unidos”. Dijo que “ambos grupos unieron esfuerzos para boicotear la reapertura del canje, [detectándose] la ejecución de operaciones financieras tendientes a bajar los precios de los bonos argentinos que podrían entrar en el canje como forma de pago”.
El contexto es la nueva reestructuración de la deuda que encara la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Sobre las variantes actuales y los reclamos contra la Argentina, registra Hornbeck que como muchos bonos aún están en proceso de cambio de manos es difícil saber a quién pertenecen. Ejemplo: “Los fondos que litigaron contra la Argentina en tribunales de los Estados Unidos reclaman dos mil millones de dólares del capital, pero como muchos de esos fondos están organizados legalmente en países conocidos por su falta de transparencia financiera es difícil establecer la nacionalidad de quién los posee”.
El experto diferencia entre tres tipos de estrategia. Los fondos institucionales que representan bancos de inversión y grandes empresas buscan mejorar los términos de la negociación. Los que representan inversores individuales, sobre todo europeos, también siguen una línea parecida. Y los fondos buitre, “que compraron valores riesgosos en el mercado secundario a precios altamente descontados, procurar recuperar todo”. Dice Hornbeck que la estrategia puede ser buena para inversores con paciencia, si al final los holdouts terminan siendo un porcentaje suficientemente pequeño del total de la deuda no resuelta. Agrega también que, de hecho, los fondos buitre buscan un papel de coordinación de los acreedores, al encarnar el reclamo de máxima y no vacila en ejercer presiones duras a favor de los embargos.
En otro tramo, define a la Fuerza de Tareas Norteamericana sobre la Argentina (AFTA, en sus siglas en inglés) como “un grupo privado de lobby que representa a intereses diversos, incluidos los fondos buitre”. Refiere el experto que fue la AFTA la que quiso que el Congreso del 2009 aprobara una ley sobre el incumplimiento judicial de Estados extranjeros, pero consigna que no lo logró.
¿Por qué el Gobierno argentino quiere reestructurar la deuda otra vez?
Hornbeck informa a los congresistas que a mediano y largo plazo la Argentina necesitará conseguir dinero en el mercado internacional de capitales y que hacerlo hoy, sin amenazas financieras inmediatas, permite que el país se maneje con tiempos compatibles con tasas de interés razonables como las que ofrece hoy el mercado internacional. En segundo lugar, las oportunidades de financiación especial, como la estatización de la jubilación privada, son un menú limitado. El experto incluye en este menú el reciente programa Bicentenario porque “mina la independencia del Banco Central, disminuye la posición argentina en reservas y permite al Gobierno que demore decisiones difíciles de ajuste fiscal”.
Según el paper, la Argentina está hoy en mejores condiciones financieras que en el 2001 y en el 2005 por su balanza de pagos positiva, por el aumento de reservas de 10.400 millones de dólares en 2002 a 47.500 millones en el 2009 y por el crecimiento del 8.5 por ciento entre el 2003 y el 2008.
El texto da una gran importancia al cepo que implicó para la economía el Plan de Convertibilidad y marca que “las acciones de la comunidad internacional fueron cómplices en la profundización de la severidad de la crisis financiera de la Argentina”.
Detalla Hornbeck:
- “Los mercados globales de crédito prestaron generosamente a la Argentina, incluso cuando los factores de riesgo comenzaron a crecer a niveles preocupantes”.
- “El FMI acordó numerosos préstamos entre 1991 y 2001 basados en cambios prometidos de política económica que fueron o demasiado optimistas o irreales”.
- “Es imposible separar, en buena parte de ese tiempo, la política de los Estados Unidos de la política del Fondo”.
- “Sin el FMI la convertibilidad hubiera colapsado antes. Muchos economistas dijeron después que hubiera sido mejor que el FMI hubiera quitado su apoyo y hubiera presionado antes a favor de la reestructuración de la deuda”.
Aquello sí era para Sabina: “Crisis de valores, funeral sin flores y dólares de calcetín”.
Explica el informe que el proceso actual de reestructuración requiere un porcentaje alto de participación de quienes quedaron afuera en el 2005 y dice que “esta acción permitiría a la Argentina renovar el acceso a los mercados internacionales de crédito”.
Indica que históricamente, los problemas de deuda se resuelven cuando el 90 por ciento de los acreedores quedan dentro de la solución. Como los holdouts componen el 24 por ciento de los tenedores originales de bonos, si se consigue que participe el 60 por ciento de ese 24 la Argentina se acercaría, entre su propuesta de 2005, aceptada por el 76 por ciento de los acreedores, y la propuesta actual, a ese ansiado 90 por ciento. En ese caso, la Argentina habrá completado una reestructuración de deuda que abarcó al capital más grande en toda su historia, reza el documento del Congreso norteamericano.
El tono neutro tiene frases como ésta, que haría saltar de felicidad a los teóricos de la corresponsabilidad de la deuda: “Los tenedores originales de bonos quedaron severamente heridos por aquel acuerdo, pero lo mismo le pasó a la Argentina con la crisis” que remató en diciembre del 2001.
Al revés del estilo habitual de las consultoras en finanzas, la descripción del experto es más histórica que fotográfica. La deuda restante (que el experto reparte entre 20 mil millones de dólares para tenedores privados, 10 mil millones en intereses del pasado y 6200 millones en créditos al gobierno norteamericano y a otros Estados) aparece luego de “un extenso período de inestabilidad política y económica” que levó a la crisis financiera de diciembre del 2001 y al “peor default de deuda soberana en la historia”.
El 2001, según el informe, fue la culminación de una mezcla de factores: “En buena medida, la Argentina cayó víctima de sus propias políticas económicas, pero esas políticas fueron acompañadas por una política cuestionable de préstamos y consejos por parte del Fondo Monetario Internacional, una recesión global” y el descuido de los factores de riesgo en los mercados internacionales de crédito. De ese modo la deuda se hizo imposible de sustentar “y terminó en un default sin precedentes y en el esquema de reestructuración”.
Dice Hornbeck que la solución del 2005 permitió reducir una parte importante de la deuda, pero que “los métodos heterodoxos dejaron a la Argentina lejos de los mercados de crédito por aproximadamente una década y dispararon acciones legislativas y sanciones en los Estados Unidos”. Recuerda la tesis oficial de que los bonistas debían compartir la pobreza que afectaba a toda la Argentina y, práctico, termina citando la que es, a su juicio, la razón quizá más importante de la reestructuración del 2005: “Simplemente, la Argentina no estaba en condiciones de repagar esa deuda masiva”.
Hoy, en su opinión, reestructurar la deuda consiste en negociar con los holdouts privados, pagar o reescalonar la deuda con el Club de París y reconectarse con el FMI, que en el pasado cuestionó, recuerda el experto, la forma de recolección de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, aunque dice que en los últimos meses el Indec reparó parcialmente el origen de aquellas críticas. Cita un documento del Fondo, el Global Markets Monitor del 14 de diciembre de 2009, para decir que las cifras del Indec registran el 70 por ciento de la inflación total.
En cuanto a las chances concretas de que la Argentina alcance el 90 por ciento de acreedores incluidos en un nuevo arreglo, dice Hornbeck que podría lograrse gracias a quienes en su momento compraron títulos de la deuda en el mercado secundario a un precio muy deprimido y que ahora, en cambio, podrían recuperar posiciones.
De todos modos, el autor no confunde este final potencialmente feliz con la recomendación del default como la solución de los problemas del mundo. Incluso teniendo en cuenta que ese default, el más grande de la historia, “requería soluciones radicales, abarcando una quita de los bonistas”, el default no es un modelo deseable. En lo que parece un consejo a los legisladores de su país, destaca Hornbeck que el rigor del mercado internacional de capitales y la necesidad combinada con oportunidad pesa más en las decisiones argentinas que las sanciones o las propuestas legislativas extranjeras.
La expresión “fondos buitre” se puso de moda en alusión a la compra de bonos argentinos –casi carroña, porque fueron adquiridos a veces en sólo un 20 por ciento de su valor– en tiempos de la caída y la bancarrota que alcanzaron el pozo más hondo en la crisis del 2001. Los holdouts son, en general, los bonistas que no arreglaron y esperan una situación de acuerdo en mejores condiciones.
Escrito en tono neutro, el informe fue preparado por el experto J. F. Hornbeck, quien se presenta como “especialista en comercio internacional y finanzas”, y lleva fecha del 21 de enero último.
El economista terminó de escribir su informe, que ahora circula entre los representantes de todos los Estados, justo en la misma semana utilizada por el embajador argentino en los Estados Unidos, Héctor Timerman, para denunciar por carta al Congreso que “dos fondos buitre con domicilio en paraísos fiscales y sus lobbistas han comenzado un ataque sistemático para impedir un acuerdo entre las partes”. Timerman había hablado de “Elliot Associates de Cayman Islands y EM Limited, también con sede en Cayman Islands y liderado por Kenneth Dart, quien renunció a su ciudadanía para no pagar impuestos en los Estados Unidos”. Dijo que “ambos grupos unieron esfuerzos para boicotear la reapertura del canje, [detectándose] la ejecución de operaciones financieras tendientes a bajar los precios de los bonos argentinos que podrían entrar en el canje como forma de pago”.
El contexto es la nueva reestructuración de la deuda que encara la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Sobre las variantes actuales y los reclamos contra la Argentina, registra Hornbeck que como muchos bonos aún están en proceso de cambio de manos es difícil saber a quién pertenecen. Ejemplo: “Los fondos que litigaron contra la Argentina en tribunales de los Estados Unidos reclaman dos mil millones de dólares del capital, pero como muchos de esos fondos están organizados legalmente en países conocidos por su falta de transparencia financiera es difícil establecer la nacionalidad de quién los posee”.
El experto diferencia entre tres tipos de estrategia. Los fondos institucionales que representan bancos de inversión y grandes empresas buscan mejorar los términos de la negociación. Los que representan inversores individuales, sobre todo europeos, también siguen una línea parecida. Y los fondos buitre, “que compraron valores riesgosos en el mercado secundario a precios altamente descontados, procurar recuperar todo”. Dice Hornbeck que la estrategia puede ser buena para inversores con paciencia, si al final los holdouts terminan siendo un porcentaje suficientemente pequeño del total de la deuda no resuelta. Agrega también que, de hecho, los fondos buitre buscan un papel de coordinación de los acreedores, al encarnar el reclamo de máxima y no vacila en ejercer presiones duras a favor de los embargos.
En otro tramo, define a la Fuerza de Tareas Norteamericana sobre la Argentina (AFTA, en sus siglas en inglés) como “un grupo privado de lobby que representa a intereses diversos, incluidos los fondos buitre”. Refiere el experto que fue la AFTA la que quiso que el Congreso del 2009 aprobara una ley sobre el incumplimiento judicial de Estados extranjeros, pero consigna que no lo logró.
¿Por qué el Gobierno argentino quiere reestructurar la deuda otra vez?
Hornbeck informa a los congresistas que a mediano y largo plazo la Argentina necesitará conseguir dinero en el mercado internacional de capitales y que hacerlo hoy, sin amenazas financieras inmediatas, permite que el país se maneje con tiempos compatibles con tasas de interés razonables como las que ofrece hoy el mercado internacional. En segundo lugar, las oportunidades de financiación especial, como la estatización de la jubilación privada, son un menú limitado. El experto incluye en este menú el reciente programa Bicentenario porque “mina la independencia del Banco Central, disminuye la posición argentina en reservas y permite al Gobierno que demore decisiones difíciles de ajuste fiscal”.
Según el paper, la Argentina está hoy en mejores condiciones financieras que en el 2001 y en el 2005 por su balanza de pagos positiva, por el aumento de reservas de 10.400 millones de dólares en 2002 a 47.500 millones en el 2009 y por el crecimiento del 8.5 por ciento entre el 2003 y el 2008.
El texto da una gran importancia al cepo que implicó para la economía el Plan de Convertibilidad y marca que “las acciones de la comunidad internacional fueron cómplices en la profundización de la severidad de la crisis financiera de la Argentina”.
Detalla Hornbeck:
- “Los mercados globales de crédito prestaron generosamente a la Argentina, incluso cuando los factores de riesgo comenzaron a crecer a niveles preocupantes”.
- “El FMI acordó numerosos préstamos entre 1991 y 2001 basados en cambios prometidos de política económica que fueron o demasiado optimistas o irreales”.
- “Es imposible separar, en buena parte de ese tiempo, la política de los Estados Unidos de la política del Fondo”.
- “Sin el FMI la convertibilidad hubiera colapsado antes. Muchos economistas dijeron después que hubiera sido mejor que el FMI hubiera quitado su apoyo y hubiera presionado antes a favor de la reestructuración de la deuda”.
Aquello sí era para Sabina: “Crisis de valores, funeral sin flores y dólares de calcetín”.
Explica el informe que el proceso actual de reestructuración requiere un porcentaje alto de participación de quienes quedaron afuera en el 2005 y dice que “esta acción permitiría a la Argentina renovar el acceso a los mercados internacionales de crédito”.
Indica que históricamente, los problemas de deuda se resuelven cuando el 90 por ciento de los acreedores quedan dentro de la solución. Como los holdouts componen el 24 por ciento de los tenedores originales de bonos, si se consigue que participe el 60 por ciento de ese 24 la Argentina se acercaría, entre su propuesta de 2005, aceptada por el 76 por ciento de los acreedores, y la propuesta actual, a ese ansiado 90 por ciento. En ese caso, la Argentina habrá completado una reestructuración de deuda que abarcó al capital más grande en toda su historia, reza el documento del Congreso norteamericano.
El tono neutro tiene frases como ésta, que haría saltar de felicidad a los teóricos de la corresponsabilidad de la deuda: “Los tenedores originales de bonos quedaron severamente heridos por aquel acuerdo, pero lo mismo le pasó a la Argentina con la crisis” que remató en diciembre del 2001.
Al revés del estilo habitual de las consultoras en finanzas, la descripción del experto es más histórica que fotográfica. La deuda restante (que el experto reparte entre 20 mil millones de dólares para tenedores privados, 10 mil millones en intereses del pasado y 6200 millones en créditos al gobierno norteamericano y a otros Estados) aparece luego de “un extenso período de inestabilidad política y económica” que levó a la crisis financiera de diciembre del 2001 y al “peor default de deuda soberana en la historia”.
El 2001, según el informe, fue la culminación de una mezcla de factores: “En buena medida, la Argentina cayó víctima de sus propias políticas económicas, pero esas políticas fueron acompañadas por una política cuestionable de préstamos y consejos por parte del Fondo Monetario Internacional, una recesión global” y el descuido de los factores de riesgo en los mercados internacionales de crédito. De ese modo la deuda se hizo imposible de sustentar “y terminó en un default sin precedentes y en el esquema de reestructuración”.
Dice Hornbeck que la solución del 2005 permitió reducir una parte importante de la deuda, pero que “los métodos heterodoxos dejaron a la Argentina lejos de los mercados de crédito por aproximadamente una década y dispararon acciones legislativas y sanciones en los Estados Unidos”. Recuerda la tesis oficial de que los bonistas debían compartir la pobreza que afectaba a toda la Argentina y, práctico, termina citando la que es, a su juicio, la razón quizá más importante de la reestructuración del 2005: “Simplemente, la Argentina no estaba en condiciones de repagar esa deuda masiva”.
Hoy, en su opinión, reestructurar la deuda consiste en negociar con los holdouts privados, pagar o reescalonar la deuda con el Club de París y reconectarse con el FMI, que en el pasado cuestionó, recuerda el experto, la forma de recolección de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, aunque dice que en los últimos meses el Indec reparó parcialmente el origen de aquellas críticas. Cita un documento del Fondo, el Global Markets Monitor del 14 de diciembre de 2009, para decir que las cifras del Indec registran el 70 por ciento de la inflación total.
En cuanto a las chances concretas de que la Argentina alcance el 90 por ciento de acreedores incluidos en un nuevo arreglo, dice Hornbeck que podría lograrse gracias a quienes en su momento compraron títulos de la deuda en el mercado secundario a un precio muy deprimido y que ahora, en cambio, podrían recuperar posiciones.
De todos modos, el autor no confunde este final potencialmente feliz con la recomendación del default como la solución de los problemas del mundo. Incluso teniendo en cuenta que ese default, el más grande de la historia, “requería soluciones radicales, abarcando una quita de los bonistas”, el default no es un modelo deseable. En lo que parece un consejo a los legisladores de su país, destaca Hornbeck que el rigor del mercado internacional de capitales y la necesidad combinada con oportunidad pesa más en las decisiones argentinas que las sanciones o las propuestas legislativas extranjeras.
