Por Reynaldo Sietecase
(Crítica de la Argentina)
Comprar un medicamento es un acto de fe. El consumidor está convencido de que adentro de esa cápsula o frasco hay una sustancia que sirve para prevenir, curar o mitigar una enfermedad. El contrato invisible entre pacientes y expendedores de medicamentos se basa en la confianza. Para despejar cualquier duda está el Estado. Nada de eso funciona en el país. Grupos mafiosos con la complicidad de sindicalistas y funcionarios le han dado veracidad al dicho popular que titula esta nota.
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En la Argentina, se dan todas las variantes del negocio espurio de la salud. Medicamentos robados que vuelven al mercado. Medicamentos vencidos con las fechas adulteradas que se venden como nuevos. Medicamentos que no tienen las propiedades curativas prometidas. Medicamentos inocuos. Medicamentos truchos. Medicamentos falsificados como se hace con cualquier mercancía. Aquí radica el núcleo del problema: los medicamentos son equiparables a cualquier producto del mercado. Hace poco más de cuarenta años, el doctor Arturo Oñativia, ministro de Salud del gobierno del radical Arturo Illia, revolucionó la visión sobre los remedios al considerarlos un bien social y no una mercancía.
La Ley de Medicamentos –16.462 y 16.463– que impulsó este médico salteño, formado en la UBA y en el hospital público, regulaba el mercado y garantizaba el acceso de la población a los remedios, establecía reglas claras para su comercialización y penas ante su incumplimiento. También prohibía expresamente la publicidad. Como Oñativia sabía que la mitad del gasto de salud de la población estaba relacionado con los medicamentos, la norma imponía un riguroso control de precios. Las empresas multinacionales dueñas de laboratorios, muy afectadas por la medida, contribuyeron al golpe que terminó con el gobierno de Illia. La ley fue derogada de inmediato por la dictadura de Onganía ¿Por qué ningún gobierno democrático retomó el espíritu de aquella iniciativa?
En los últimos años, hubo dos movimientos contradictorios vinculados con los medicamentos: un gesto de autonomía sanitaria al habilitar el gobierno la prescripción de genéricos y uno en sentido contrario, la inexplicable tolerancia a la proliferación de droguerías, algunas verdaderas pymes de la comercialización ilegal. Las droguerías aparecieron como intermediarios indispensables entre los laboratorios y las farmacias. También se convirtieron en proveedores del Estado, los hospitales y las obras sociales. En muchos casos, con negocios cautivos y a medida, con licitaciones arregladas y compras directas, todo con el amparo de funcionarios.
Hace dos años, los diputados Fernando Sánchez y Sebastián Cinquerrui presentaron una denuncia penal para que se investiguen los aportes a la campaña de la fórmula de Cristina Fernández y Julio Cobos durante las presidenciales de 2007. De las 104 empresas aportantes, 28 estaban relacionadas con servicios de salud y medicina. El 35 por ciento de los 12 millones aportados por los privados se originaban en droguerías y laboratorios. Allí aparecen cheques de Sebastián Forza y de varios socios del polémico Néstor Lorenzo, responsable de la droguería San Javier y sujeto de la investigación por la llamada mafia de los medicamentos. Esta investigación es complementaria a la que investiga el juez Oyarbide y es fundamental para dilucidar si existió algún tipo de cobertura oficial a estos negocios.
Los laboratorios estatales que funcionan en distintas ciudades de la Argentina son una de las herramientas que tienen los gobiernos para marcar pautas y evitar abusos. Sin embargo, muchas veces, sus estructuras están ociosas. Vale un ejemplo: en una intervención parlamentaria, el año pasado, el ex ministro Ismael Passaglia señaló: “No sé si el ministro Zin sabrá que acá, en La Plata, hay un laboratorio central llamado Tomás Perón, que se dedica a la producción de medicamentos. Cuando me retiré, en 2005, producía 12 millones de comprimidos por mes, además servía para regular el mercado de medicamentos ya que cuando un laboratorio quería aumentar el precio de algún medicamento, nosotros lo empezábamos a producir. Y cuando la provincia de Buenos Aires producía un medicamento, lo hacía al 10 por ciento del precio de mercado. ¿Sabrá el ministro Zin que en lo que va del año el Laboratorio Central ‘Tomás Perón’ no ha producido un solo comprimido?”. El Estado no es bobo, lo hacen bobo.
Los asesinatos de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina a partir de una posible vendetta por la comercialización de efedrina destaparon un entramado de negocios y muerte que perdura y se consolida con el tiempo. Los únicos remedios efectivos contra este flagelo los pueden suministrar la Justicia y el poder político. Claro, habría que encontrar a varios Oñativia.
La Ley de Medicamentos –16.462 y 16.463– que impulsó este médico salteño, formado en la UBA y en el hospital público, regulaba el mercado y garantizaba el acceso de la población a los remedios, establecía reglas claras para su comercialización y penas ante su incumplimiento. También prohibía expresamente la publicidad. Como Oñativia sabía que la mitad del gasto de salud de la población estaba relacionado con los medicamentos, la norma imponía un riguroso control de precios. Las empresas multinacionales dueñas de laboratorios, muy afectadas por la medida, contribuyeron al golpe que terminó con el gobierno de Illia. La ley fue derogada de inmediato por la dictadura de Onganía ¿Por qué ningún gobierno democrático retomó el espíritu de aquella iniciativa?
En los últimos años, hubo dos movimientos contradictorios vinculados con los medicamentos: un gesto de autonomía sanitaria al habilitar el gobierno la prescripción de genéricos y uno en sentido contrario, la inexplicable tolerancia a la proliferación de droguerías, algunas verdaderas pymes de la comercialización ilegal. Las droguerías aparecieron como intermediarios indispensables entre los laboratorios y las farmacias. También se convirtieron en proveedores del Estado, los hospitales y las obras sociales. En muchos casos, con negocios cautivos y a medida, con licitaciones arregladas y compras directas, todo con el amparo de funcionarios.
Hace dos años, los diputados Fernando Sánchez y Sebastián Cinquerrui presentaron una denuncia penal para que se investiguen los aportes a la campaña de la fórmula de Cristina Fernández y Julio Cobos durante las presidenciales de 2007. De las 104 empresas aportantes, 28 estaban relacionadas con servicios de salud y medicina. El 35 por ciento de los 12 millones aportados por los privados se originaban en droguerías y laboratorios. Allí aparecen cheques de Sebastián Forza y de varios socios del polémico Néstor Lorenzo, responsable de la droguería San Javier y sujeto de la investigación por la llamada mafia de los medicamentos. Esta investigación es complementaria a la que investiga el juez Oyarbide y es fundamental para dilucidar si existió algún tipo de cobertura oficial a estos negocios.
Los laboratorios estatales que funcionan en distintas ciudades de la Argentina son una de las herramientas que tienen los gobiernos para marcar pautas y evitar abusos. Sin embargo, muchas veces, sus estructuras están ociosas. Vale un ejemplo: en una intervención parlamentaria, el año pasado, el ex ministro Ismael Passaglia señaló: “No sé si el ministro Zin sabrá que acá, en La Plata, hay un laboratorio central llamado Tomás Perón, que se dedica a la producción de medicamentos. Cuando me retiré, en 2005, producía 12 millones de comprimidos por mes, además servía para regular el mercado de medicamentos ya que cuando un laboratorio quería aumentar el precio de algún medicamento, nosotros lo empezábamos a producir. Y cuando la provincia de Buenos Aires producía un medicamento, lo hacía al 10 por ciento del precio de mercado. ¿Sabrá el ministro Zin que en lo que va del año el Laboratorio Central ‘Tomás Perón’ no ha producido un solo comprimido?”. El Estado no es bobo, lo hacen bobo.
Los asesinatos de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina a partir de una posible vendetta por la comercialización de efedrina destaparon un entramado de negocios y muerte que perdura y se consolida con el tiempo. Los únicos remedios efectivos contra este flagelo los pueden suministrar la Justicia y el poder político. Claro, habría que encontrar a varios Oñativia.
