sábado, 27 de junio de 2009

La economía poselectoral

Por Maximiliano Montenegro (Crítica de la Argentina)

Es la elección que más interrogantes abre desde 2003. Será decisiva para despejar u oscurecer el horizonte de, por lo menos, seis candidatos presidenciales (Scioli, Reutemann, Macri, Binner, Cobos, Carrió). Alumbrará una nueva matriz del poder, inimaginable hace apenas un año y medio, con la que deberá convivir el matrimonio presidencial hasta fines de 2011. Y develará hasta qué punto Néstor Kirchner conservará el papel protagónico en la escena política. En Olivos ya se delineó un plan de acción para el Día Después o, mejor dicho, las próximas semanas. El programa supone un escenario base: el oficialismo se impondría en Buenos Aires, por un margen de 5 o 6 puntos. Éste es, a su vez, el escenario deseado por buena parte de los intendentes del conurbano. Una ventaja necesaria para ratificar su poder territorial y preservar a Daniel Scioli. Pero insuficiente para alentar las fantasías de Kirchner de correr por un nuevo mandato.

Ningún gobernador justicialista hizo esta vez campaña con afiches del ex presidente y señora. Varios intendentes del conurbano que en 2007 triunfaron gracias a esa postal, esta vez prefirieron jugar sólo con sus apellidos. Dos son las verdades más escuchadas por estos días en el justicialismo: uno, soplan vientos de cambio en la sociedad que Néstor no supo olfatear a tiempo; dos, la alta imagen negativa de Kirchner –según las encuestas propias, segundo sólo detrás de Patti– sería un obstáculo insalvable en cualquier elección con ballottage. Los pasos futuros de gobernadores, caciques del conurbano y dirigentes con peso territorial se guiarán por esas dos flamantes verdades peronistas.

Proyectos. Volvamos a las medidas que prepara el matrimonio presidencial para encarrilar la política económica tras los comicios. En Olivos se asume como dato que en el nuevo Congreso de diciembre el oficialismo perderá el quórum propio y la mayoría en Diputados y afrontará discusiones más reñidas en el Senado. Frente a ese diagnóstico, el objetivo será aprovechar la actual conformación legislativa para retomar la iniciativa ante una oposición fortalecida como nunca en los últimos años. Según confió un ministro a este diario, sólo una inesperada derrota en Buenos Aires obligaría a un replanteo. Pero aun así varias de esas iniciativas continuarían en pie. Veamos cuáles son:

• Convocatoria al Consejo Económico y Social, con participación tripartita (empresarios, sindicatos y funcionarios). Desde principios de 2008 que el Gobierno coquetea con el asunto. Sin embargo, después del último cruce con la UIA, Scioli fue quien más presionó para reflotar el proyecto. Y en el Gabinete dicen que una de las primeras movidas de Cristina en los próximos días será enviar el proyecto al Congreso.

• Autonomía del INDEC. Más allá del respaldo incondicional de Kirchner a Moreno, el proyecto iría al Parlamento para anticiparse a las iniciativas que impulsará la oposición desde diciembre. En la propuesta se destaca la designación de un consejo académico presidido por el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que debería monitorear los estudios del organismo.

• Un proyecto de ley para que el Congreso evalúe la propuesta de canje de deuda para los llamados holdouts, que tres bancos extranjeros presentaron al Gobierno. La operación de canje ya estaría lista, pero en la Rosada prefirieron archivarla hasta después de las elecciones.

Fuentes oficiales aseguran que también se girará al Parlamento el proyecto de ley de Radiodifusión. En cambio, no figura en carpeta la estatización del comercio de granos, con el que Kirchner había amenazado en febrero último, en medio de las negociaciones con los dirigentes rurales.

Tampoco hay luz verde con el Fondo Monetario, por ahora. Si bien funcionarios como Sergio Massa, Martín Redrado y Amado Boudou –el candidato con más chances de ocupar el Ministerio de Economía en poco tiempo más– insisten con que sería una alternativa para financiar la política fiscal expansiva, Kirchner responde que no está dispuesto a pagar el costo político.

Por otro lado, el Gobierno aprovecharía los próximos cinco meses, antes de que se arme el nuevo rompecabezas legislativo, para prorrogar leyes que en Olivos consideran engranajes de la gobernabilidad. Una es la ley de impuesto al cheque, que sólo coparticipa con las provincias un 30% de la recaudación y se suele prorrogar año tras año en diciembre. La otra es la Emergencia Económica, que habilita a la renegociación de contratos con las privatizadas, entre otras facultades excepcionales. En septiembre, en tanto, junto con el Presupuesto 2010, el oficialismo buscaría renovar la facultad de la Jefatura de Gabinete de reasignar partidas del gasto público a través de decisiones administrativas.

Dólar atado. La incertidumbre preelectoral volvió a meter presión en los últimos días al dólar. Pero la mayoría de los analistas coinciden en que Redrado mantendrá sin sobresaltos la política de “devaluación gradual”. El consenso de la encuesta que releva el Central entre las principales consultoras privadas arroja un valor del dólar de $ 4,10 a fin de año, 8% superior a la cotización actual. Ese pronóstico implica una devaluación del peso similar –o algo menor– a la que indujo el Central desde principios de año, acompañando la inflación real. Salvo Alfonso Prat-Gay, el candidato de Carrió en Capital, nadie prevé una maxidevaluación.

Sin embargo, la fuga de capitales (a razón de u$s 20 mil millones anuales), que se largó a fines de 2007, continúa. Y es lo que impide al Central, fijarle un techo al dólar, acumular reservas y bajar las tasas de interés. Sin escenario de crisis a la vista, la duda de los economistas apunta a la duración de la recesión. Como ya se dijo en esta columna, hay indicadores que mostrarían que se tocó fondo en mayo-junio. Y llegan desde el exterior señales favorables: la soja a u$s 440 la tonelada, el real apreciándose en Brasil, reactivación en China, etc. Pero, ¿quién puede jurar que la reactivación está a la vuelta de la esquina?

La caja. Otro interrogante poselectoral: ¿cómo apuntalar una política fiscal expansiva –necesaria para la salida de la recesión– con la recaudación en el tobogán y mayores vencimientos de deuda en el horizonte? Con el superávit fiscal en picada, la metáfora de la frazada corta es cada vez más real.

Hacia fines de 2008, la escapatoria a ese dilema fue la estatización de los fondos de las AFJP. En la segunda mitad de 2009, los caminos son más estrechos. Una posibilidad –discutida entre funcionarios– para mantener los niveles de gasto y al mismo tiempo cumplir con los compromisos de la deuda sería la utilización de los excesos de liquidez inmovilizados en el sistema financiero. Por ejemplo, emitiendo un bono del Tesoro contra los dólares que los bancos mantienen indisponibles ante el Banco Central (sobre el encaje legal), excedente que rondaría los u$s 4.000 millones. Sin embargo, cualquier jugada en tal sentido conlleva un riesgo: que la desconfianza de los depositantes dispare una corrida bancaria.

La misma chispa podría encenderse si se optara para pagar vencimientos de deuda echando mano sólo a las reservas. A propósito, el Central todavía no publicó su balance anual 2008, donde se observar con precisión cuánto de los u$s 46.209 millones de dólares informados ayer como reservas son tales y cuánto son, por ejemplo, préstamos del Banco de Basilea y otros organismos.

Otro camino para sostener una política keynesiana con la recaudación desinflándose sería apelar a “fuentes de financiamiento externo”, como el FMI. Pero, como se dijo, Kirchner todavía se niega.

Desde que estalló la crisis internacional –en los últimos ocho meses– la recaudación se desaceleró de golpe: los ingresos fiscales –incluso con los aportes de las ex AFJP– crecieron al 15%, cuando un año antes aumentaban casi al 40%. Por el lado del gasto público, en cambio, se pisó el freno levemente: entre octubre y mayo último, el gasto creció 30% frente a 37% en igual período del año anterior. Pero dos partidas sobresalen muy por arriba del promedio: las transferencias discrecionales a provincias (+56%) y las erogaciones en obra pública (+70%). Pasadas las elecciones, ¿se viene un ajuste en las transferencias para pagar obras en provincias y municipios, como de hecho ocurrió tras las elecciones de 2007?

En despachos oficiales, admiten que el goteo de esos fondos será, nuevamente, una carta de la Rosada para alinear voluntades.