jueves, 25 de junio de 2009

Nostalgias de los noventa

Por Federico Basualdo y Pablo Manzanelli, sociólogos de la Universidad de Buenos Aires (Página 12, Buenos Aires)

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Podría resultar paradójico que la predicación de reprivatizar el sistema de jubilaciones por parte de Mauricio Macri resurja en el actual clima mundial, más aún cuando las tres cuartas partes del dinero de las jubilaciones privadas estaban invertidas en los cada vez más derrumbados bonos y acciones. También podría resultar sorprendente que se aspire a reprivatizar la doblemente vaciada (por capitales privados) línea de bandera Aerolíneas Argentinas. Lo propio cabría plantearse frente a las graves consecuencias, sociales y medioambientales que conllevaron la mercantilización del agua potable y el saneamiento. Sin embargo, indudablemente, lo más llamativo fue la “omisión” de otra posible privatización, estrechamente relacionada con los vínculos familiares del jefe de gobierno de la ciudad, sin eufemismos: el correo oficial. En este sentido, cabe preguntarse si este olvido fue producto de la casualidad o “causalidad”.

En 1997 se adjudicó la concesión del correo oficial al grupo Socma (Sociedades Macri), luego de que la desmonopolización del mercado postal, que se inicia durante la última dictadura militar, y la desregulación total de la actividad, consolidada en el gobierno de Carlos Menem, estructuraran un mercado afín al negocio privado.

Consistente con otros ejemplos privatizadores, el deterioro “deliberado” de la empresa pública se vio reflejado en múltiples indicadores (participación en el mercado, calidad de las prestaciones, etc.). El consorcio empresario encabezado por Socma no hizo más que profundizarlos al punto tal de que, por ejemplo, contando con la complacencia del menemismo, el despido o “retiro voluntario” de 4000 trabajadores postales fue considerado como una inversión de la empresa y, como tal, parte constitutiva de los compromisos contractuales asumidos por la misma en cuanto a “inversión de bienes tangibles”. Igualmente, no por ello, y aun sin pagar el canon comprometido, la gestión del grupo Macri alcanzó pérdidas contables que, en el 2000, representaron más de la mitad del patrimonio neto.

Sin embargo, el análisis de este proceso no debe dirimirse en términos de ineficiencias empresariales, puesto que la conformación de un particular entramado de intereses en el sector aparece como uno de los más destacados resultados del proceso de privatización. En este sentido, cabe preguntarse si la casualidad o “causalidad” del olvido pueda deberse al acelerado proceso de terciarización, incluso de las actividades más rentables del operador histórico. Si bien la subcontratación de servicios se inició tiempo atrás, durante la gestión del grupo Macri (1997-2003) comenzó una nueva etapa de desvinculación de actividades que dieron lugar a la conformación de “empresas satélite” encargadas de distintas funciones, como el mantenimiento del sistema informático y la contratación de personal eventual. Y, a su vez, a propósito del fracaso de la fusión entre el correo oficial de Macri y OCA (Exxel Group), en el 2000, el estratégico servicio de transporte terrestre de correspondencia pasó a manos de la empresa Logística de Avanzada (LDA).

Estas políticas afectaron drásticamente la organización de la empresa que por esos años incrementó la incorporación de cuadros gerenciales y asesores, llegando a representar el 10 por ciento de una planta cada vez más achicada de empleados (en seis años expulsaron a más de 7000 trabajadores), y fueron acompañadas por un drástico desplazamiento del correo oficial en el mercado postal.

Es recién durante el gobierno de Néstor Kirchner, frente a los reiterados incumplimientos del concesionario, que se dispuso la temporaria reestatización (vía decretos cada 180 días se ha venido renovando el compromiso de convocar a una nueva licitación pública para su transferencia) del correo oficial. Esta iniciativa interrumpe la caída de la participación del operador histórico en el mercado e inicia una nueva etapa de reincorporación de personal y de mejoras en las condiciones de trabajo.

La nueva experiencia de gestión estatal, que contrasta con la deficitaria administración privada, requiere para consolidarse como proyecto estratégico y desactivar el entramado de intereses vigentes la decisión oficial de reestatizar definitivamente el operador histórico y reconstruir un marco normativo que regule la actividad privada. Si ello ocurre, quizás el jefe de Gobierno de la ciudad no “omita” incorporar al servicio postal dentro de sus demandas neoliberales.