Editorial del diario El País (Madrid)
El presidente Obama tendrá que enfrentarse a las secuelas jurídicas de la "guerra contra el terror" pese a su reiterada voluntad de mirar hacia el futuro. Así lo ha decidido un tribunal federal que, a principios de semana, exigió desclasificar un informe de la CIA elaborado en 2004 sobre los distintos métodos de tortura aplicados por miembros de la agencia a los detenidos sospechosos de terrorismo. A la vista del informe, el fiscal general, Eric Holder, no tenía otra salida que investigar los casos de tortura de los que tiene noticia cierta.
[Sigue +/-]Los republicanos han acusado a la Casa Blanca de llevar a cabo una venganza contra la anterior Administración, mientras que, entre los demócratas, surgen voces que le reprochan el intento de evitar que los responsables políticos de las torturas, así como los ideólogos jurídicos, comparezcan ante la justicia, convirtiendo en inevitable chivo expiatorio a los agentes sobre el terreno. Ni unos ni otros están del todo en lo cierto. Los republicanos, porque parten de la idea de que se enfrentan a una decisión política del Ejecutivo, no a un proceso impulsado e instruido en instancias judiciales independientes. Los demócratas, porque, de seguir apareciendo pruebas, no será la Casa Blanca quien decida dónde deben detener los tribunales su investigación. Por más que Obama se muestre políticamente reticente a depurar responsabilidades por la "guerra contra el terror", el Estado de derecho que trataron de burlar Bush y los neoconservadores se ha puesto de nuevo en marcha en EE UU.
Durante la campaña electoral, y también durante sus primeras semanas en la Casa Blanca, Obama se comprometió a terminar con las prácticas antiterroristas de su predecesor. La tarea se ha revelado más compleja de lo esperado, y no sólo porque, como se ha visto en Guantánamo, resulte más sencillo crear un limbo jurídico que acabar con él. Obama se enfrenta, sobre todo, a una grave polarización de la opinión pública y a una fractura sin precedentes en el seno de los organismos de seguridad, que puede repercutir en su eficacia. Es, sin duda, parte de la herencia recibida, pero eso no le exime de tener que resolverla.
Al mismo tiempo que el fiscal Holder activaba la investigación sobre algunos casos de tortura bajo la Administración de Bush, la Casa Blanca anunciaba nuevas decisiones sobre el tratamiento a los detenidos por terrorismo. Algunas están a la altura de las expectativas que creó el propio Obama. Otras, en cambio, parecen quedar lejos, como el traslado de prisioneros a cárceles fuera de EE UU para ser interrogados. Obama ha establecido más garantías contra la tortura que durante el periodo de Bush, pero lo inaceptable es la existencia misma de estas prisiones. Si la nueva Administración pretende reconducir la lucha antiterrorista a los límites de la ley, no se entiende que mantenga en el extranjero unas cárceles cuya única razón de ser consiste en poder burlarlos.
