Por Joaquín Estefanía
(El País, Madrid)
Entre las cosas más pintorescas figura la acusación al presidente de EE UU de ser un socialista oculto (como Fidel Castro antes de 1959), dirigida por los mismos que han llevado al mundo a la debacle económica actual y al darwinismo social que padecemos. Los principales escenarios internos en los que se mueven los neocons para atacar a Obama son sus dos reformas estrella: la de la sanidad y la de la regulación del sistema financiero.
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Obama ha decidido mejorar a Roosevelt, que creó la Seguridad Social y el seguro de desempleo en los años treinta, y a Johnson, que en 1965 instauró el perfil básico del sistema sanitario estadounidense que ha durado básicamente hasta hoy con la creación de los programas Medicare y Medicaid: seguro a cargo del Gobierno para ancianos, pobres y veteranos de guerra (ejecutado a través de estructuras sanitarias privadas), seguro médico privado pagado por la empresa para los empleados con buenos puestos de trabajo, seguro particular -si pueden permitírselo- para quienes no tienen la suerte de poder acceder a la modalidad anterior, y una vida de zozobra sin seguro de ningún tipo para 50 millones de ciudadanos (una población equivalente a algo más de un país como España).
Bill Clinton también quiso aliviar el hecho de que EE UU, caso único entre los países ricos, no garantice una asistencia sanitaria básica a sus habitantes, pero entre los republicanos más recalcitrantes y la presión de las aseguradoras privadas se cargaron aquella reforma.
A pesar de las limitaciones actuales, el gasto sanitario de EE UU -muy ineficiente- absorbe una cantidad similar al 16,5% del PIB americano. El 85% de la población tiene seguro, y muchos temen que extender la cobertura al 15% restante genere déficit (que habrá de pagarse con subidas de impuestos) y signifique perder calidad en las prestaciones que ya existen.
Obama no busca una sanidad universal gratuita del tipo de los países europeos más avanzados, sino extender la cobertura mediante un seguro público que pueda ser contratado por cualquier persona de modo voluntario, con lo que aumentaría la competencia y obligaría al sector privado a mejorar los servicios y reducir su precio.
Paul Krugman, que en las primarias demócratas apoyó a Hillary Clinton por considerar que ella sería la más consecuente con la voluntad de aplicar la reforma sanitaria y mejorar la calidad de vida de la mayoría de la población, ha descrito del siguiente modo la actuación de las aseguradoras privadas: "... no ganan dinero pagando por la asistencia sanitaria, sino cobrando primas y no pagando por ellas, si les resulta posible. Tanto es así que en el seno del ramo de seguros de salud los pagos en concepto de asistencia, por ejemplo en el caso de una operación pública importante, se designan, literalmente, como pérdidas médicas" (Después de Bush, editorial Crítica).
Cuenta nuestro economista que en la medida en que está en sus manos hacerlo, las aseguradoras privadas someten a examen a sus posibles clientes a fin de comprobar si habrán de necesitar tratamientos costosos, considerando a tal fin su historial familiar, el tipo de actividad profesional que desempeñan y, por encima de todo, las condiciones previas. De ese modo, el más mínimo indicio de que un individuo pueda llegar a generar gastos médicos en mayor medida que el promedio bastará para que su solicitud para contratar una póliza médica a un precio razonable se vea desestimada sin más. Si alguien que supera ese proceso de selección de riesgos acaba, no obstante, requiriendo asistencia, aún habrá de franquear una segunda línea defensiva: los intentos de la compañía por buscar formas de no pagar. Así, las aseguradoras revisarán detenidamente el historial del paciente, a fin de comprobar si se da alguna condición previa de la que no hubiera llegado a informar y que permitiera, por tanto, anular su póliza. Más significativo resulta, en la mayoría de los casos, el recurso a poner en cuestión los dictámenes de médicos y hospitales, tratando de hallar motivos que excluyan el tratamiento ofrecido por éstos de las prestaciones que la aseguradora tiene responsabilidad de cubrir.
Krugman concluye que "las compañías no actúan así por maldad, sino porque el propio funcionamiento del sistema apenas les deja otra elección". Resulta patético que a tratar de solucionar ese infierno se le denomine "socialismo". Indica hasta dónde hemos retrocedido.
Bill Clinton también quiso aliviar el hecho de que EE UU, caso único entre los países ricos, no garantice una asistencia sanitaria básica a sus habitantes, pero entre los republicanos más recalcitrantes y la presión de las aseguradoras privadas se cargaron aquella reforma.
A pesar de las limitaciones actuales, el gasto sanitario de EE UU -muy ineficiente- absorbe una cantidad similar al 16,5% del PIB americano. El 85% de la población tiene seguro, y muchos temen que extender la cobertura al 15% restante genere déficit (que habrá de pagarse con subidas de impuestos) y signifique perder calidad en las prestaciones que ya existen.
Obama no busca una sanidad universal gratuita del tipo de los países europeos más avanzados, sino extender la cobertura mediante un seguro público que pueda ser contratado por cualquier persona de modo voluntario, con lo que aumentaría la competencia y obligaría al sector privado a mejorar los servicios y reducir su precio.
Paul Krugman, que en las primarias demócratas apoyó a Hillary Clinton por considerar que ella sería la más consecuente con la voluntad de aplicar la reforma sanitaria y mejorar la calidad de vida de la mayoría de la población, ha descrito del siguiente modo la actuación de las aseguradoras privadas: "... no ganan dinero pagando por la asistencia sanitaria, sino cobrando primas y no pagando por ellas, si les resulta posible. Tanto es así que en el seno del ramo de seguros de salud los pagos en concepto de asistencia, por ejemplo en el caso de una operación pública importante, se designan, literalmente, como pérdidas médicas" (Después de Bush, editorial Crítica).
Cuenta nuestro economista que en la medida en que está en sus manos hacerlo, las aseguradoras privadas someten a examen a sus posibles clientes a fin de comprobar si habrán de necesitar tratamientos costosos, considerando a tal fin su historial familiar, el tipo de actividad profesional que desempeñan y, por encima de todo, las condiciones previas. De ese modo, el más mínimo indicio de que un individuo pueda llegar a generar gastos médicos en mayor medida que el promedio bastará para que su solicitud para contratar una póliza médica a un precio razonable se vea desestimada sin más. Si alguien que supera ese proceso de selección de riesgos acaba, no obstante, requiriendo asistencia, aún habrá de franquear una segunda línea defensiva: los intentos de la compañía por buscar formas de no pagar. Así, las aseguradoras revisarán detenidamente el historial del paciente, a fin de comprobar si se da alguna condición previa de la que no hubiera llegado a informar y que permitiera, por tanto, anular su póliza. Más significativo resulta, en la mayoría de los casos, el recurso a poner en cuestión los dictámenes de médicos y hospitales, tratando de hallar motivos que excluyan el tratamiento ofrecido por éstos de las prestaciones que la aseguradora tiene responsabilidad de cubrir.
Krugman concluye que "las compañías no actúan así por maldad, sino porque el propio funcionamiento del sistema apenas les deja otra elección". Resulta patético que a tratar de solucionar ese infierno se le denomine "socialismo". Indica hasta dónde hemos retrocedido.
