Buenos Aires. Si hay algo que los argentinos temen es la "desgobernación", una palabra que les trae el recuerdo de los peores momentos de 2001, cuando gobiernos incapaces de hacer frente a la crisis abandonaban su tarea, sin cumplir sus mandatos. Esa palabra vuelve a ser protagonista, con una diferencia. Ahora la oposición dice que quiere apuntalar el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, debilitado por la pérdida de las elecciones legislativas de junio, para garantizar que llega a 2011. La cuestión es qué exige a cambio que limite sus poderes y reforme su programa económico. En definitiva, que Néstor Kirchner pierda protagonismo y deje que sea un grupo de peronistas conciliadores quien controle el resto del mandato presidencial.
El resultado electoral ha aumentado la preocupación ante la posibilidad de que se precipite una crisis política en un país que sigue padeciendo una profunda crisis social (el 40% de la población rondaría niveles de pobreza, según denunció ayer la Iglesia) y una apurada situación económica. A finales de agosto el Congreso decidirá anular el decreto que concedió "superpoderes" a los Kirchner y empezará a discutir un nuevo presupuesto, en el que la oposición, mayoritariamente de derechas, exige cambios radicales.
"Los argentinos quieren ver a los dirigentes políticos sentados en una mesa hablando", asegura Francisco de Narváez, peronista crítico y uno de los ganadores de junio. "El país está desgobernado, pero eso no quiere decir que el gobierno de la presidenta esté terminado. Debe terminar su mandato. Pero tiene que actuar de otra forma. No se puede esperar a 2011 para llevar a cabo un ajuste económico serio".
En medio del llamamiento al diálogo, sorprendieron las declaraciones del propio Narváez asegurando que imagina a "Néstor Kirchner en prisión" por delitos de corrupción. Para unos, debía interpretarse como una advertencia, para que Kirchner se retire del primer plano. Para otros, fueron unas palabras imprudentes, que colocan a la presidenta en una posición difícil, porque nadie puede imaginarla en la Casa Rosada con su marido condenado por delitos tan serios. (En Argentina los diputados pueden ser juzgados pese a su condición de aforados, que sólo impide que vayan realmente a prisión sin autorización del Congreso).
Pocos días después de que su marido perdiera las elecciones, Cristina Fernández anunció una reforma del Gabinete que la oposición criticó duramente, porque daba más poder al grupo de leales kirchneristas. Pero 48 horas después, Cristina Fernández lanzó otro mensaje: estaba dispuesta a abrir un diálogo con las fuerzas políticas, económicas y sociales para garantizar la gobernabilidad del país. El rápido giro presidencial pilló desprevenida a la oposición, temerosa de que se trate de una maniobra.
"La cuestión ahora es definir la agenda y sus protagonistas", mantiene Narváez. Se supone que participarían los presidentes de los partidos políticos representados en el Congreso, pero eso dejaría fuera de la mesa al propio Narváez, que no ocupa otro cargo que el de diputado. Igualmente importante es fijar la agenda de debate. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, muy próximo a Néstor Kirchner, aludió incluso a lo que hasta ahora ha sido un tabú: hablar de los impuestos a la exportación agrícola, que constituyeron el peor fracaso presidencial.
Las miradas se dirigen al nuevo ministro de Economía, Amado Boudou, un economista de 45 años, próximo a la presidenta, a quien se atribuye crédito de buen gestor. "Boudou es un hombre inteligente y, si no quiere ser suicida, tendrá que convencer al matrimonio presidencial de que es imprescindible tomar medidas fiscales inmediatas", explica el diputado peronista Eduardo Amadeo.
Nada más tomar posesión, Boudou dio a entender cuál era su principal preocupación: "Mi primer objetivo es conseguir financiamiento para el Gobierno". Su obsesión por la financiación no es nueva: como responsable de la Seguridad Social, fue el responsable de la nacionalización de los fondos de pensiones privados, lo que se interpretó como una forma de inyectar dinero fresco al Gobierno.
"El resultado de las elecciones de junio ha creado una situación nueva, en el sentido de que ha distribuido el poder", explica Diego Guelar, del PRO (partido del alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri). Pero nadie ha obtenido un resultado tan claro como para proclamarse único vencedor. Los radicales, que llegaron casi a desaparecer en 2001, han experimentado una recuperación notable, pero todavía deben decidir si tienen un único candidato para 2011, es decir si Elisa Carrió (de Coalición Cívica) acepta meterse bajo el paraguas de Julio Cobos, vicepresidente de la Nación, y la Unión Cívica Radical, o si se opta por un tercer candidato, por ejemplo, el gobernador socialista de Santa Fe, Hermes Binner.
En el peronismo, las cosas están todavía menos claras. Nadie, ni Narváez, ni Carlos Reutemann quiere que el Partido Justicialista celebre ahora elecciones internas. Todos están de acuerdo en que necesitan tiempo para "armar" (palabra favorita de los jefes del justicialismo) una nueva candidatura. Falta por ver si Kirchner acepta una reducción de poderes y hasta qué punto la amenaza de una "espantada" o de una crisis política es un juego o una posibilidad real en el horizonte.
