Por Juan Gelman
(Página 12, Buenos Aires)
El primer golpe de Estado en América latina desde la asunción de Obama ha enfrentado a la Casa Blanca con un problema complejo: no lo puede apoyar públicamente, pero tampoco quiere que Zelaya se acerque a Venezuela.
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Así, incurre en maniobras de diverso color para conciliar los dos propósitos: la primera fue descargar en la OEA la responsabilidad de negociar entre el depuesto Zelaya y el usurpador Micheletti y la respuesta, la unánime condena al golpe y la expulsión de Honduras del organismo, desagradó al Departamento de Estado, que ya le bajó el pulgar a la posible reelección de su secretario general, el chileno Insulza. El segundo paso consistió en pasarle el encargo a Oscar Arias, amiguísimo de todo lo estadounidense empezando por su gobierno, cualquier gobierno.
La propuesta de Arias, supervisada por el Departamento de Estado, incluye la reposición de Zelaya, pero con condiciones que castran su mandato fijadas por los golpistas: nada de plebiscito sobre la reforma de la Constitución, aunque no sea vinculante, integración de opositores en puestos claves del gabinete, y adiós al “comunista” Chávez. En otras palabras, titiritear al depuesto repuesto hasta las elecciones de enero próximo. Un comunicado de los militares golpistas emitido el domingo manifestó apoyo al plan de Arias, pero su comandante en jefe, el general Romeo Vásquez Velásquez, declaró a la BBC al día siguiente que no se permitiría la reinstalación de Zelaya.
Washington suspendió la ayuda económica y militar al gobierno de Honduras –unos 20 millones de dólares– y el martes pasado revocó a cuatro prominentes golpistas la visa de entrada a EE.UU., pero el doble juego continúa. Hillary Clinton declaró “irresponsable” la breve estancia de Zelaya en Honduras y dos de sus adláteres participan activamente en el reconocimiento del golpe cívico-militar. Uno es Lanny Davis, especialista en relaciones públicas, que presenta el hecho como un “esfuerzo valiente” para “preservar” la Constitución y “el imperio de la ley”. Davis fue el vocero de Hillary más beligerante contra Obama durante la precampaña por la candidatura presidencial demócrata. Antes había asesorado y defendido a Bill cuando el escándalo de Mónica Lewinsky. Luego entró al servicio del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), institución de la oligarquía que fomentó el golpe y que tiene apoyos ilustrados como éste: “La oligarquía en Honduras siempre tendrá de rodillas a esos indios catrachos”. O el que firma Junior: “Pues sí, comunistas basuras, la oligarquía de nuestro país jamás dejará que estos indios haraganes salgan de ese agujero así que a llorar al tamarindo” (foro.univisión.com, 30609).
Lanny Davis no carece de antecedentes en el rubro: en 1999, cuando se desempeñaba en la firma de abogados Patton Boggs, cabildeó para convencer al mundo de que el presidente de Kazajstán, Nursultan Nazarbayev –uno de los déspotas más corruptos del planeta– era un “reformador democrático” (www.democracynow.org, 15709). Un segundo amigo de Hillary participó en la trampa antidemocrática diseñada en San José: “La semana pasada Micheletti convocó a las conversaciones en Costa Rica al asesor de otra firma, relacionado con los Clinton. El asesor, Bennett Ratcliff de San Diego, se negó a dar detalles sobre el papel que juega en la negociación. ‘Cada propuesta que presentó el grupo de Micheletti fue escrita o aprobada por los estadounidenses’, dijo otro funcionario cercano a las conversaciones refiriéndose al Sr. Ratcliff” (New York Times, 12709).
El progolpe tiene el apoyo de un grupo de legisladores demócratas neoconservadores que el despacho de abogados Covington & Burling estaría alentando como si hiciera falta. Esta importante empresa jurídica con sede en Washington y más de 500 abogados en sus oficinas ha cerrado jugosos contratos de cabildeo con Chiquita Brands, la ex United Fruit Company, especializada en voltear gobiernos centroamericanos molestos. Y acontece que Zelaya incomodó a la Chiquita: aumentó el salario mínimo de los trabajadores hondureños en un 60 por ciento y la empresa frutera exigió que subiera el precio de venta de sus productos (www.counterpunch.org, 6709). El golpe de Estado no le vino mal.
La Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros (Colsiba) ha denunciado las infernales condiciones de trabajo que imperan en los dominios de Chiquita: jornadas de más de 12 horas, mujeres y niños de 14 años expuestos, como los hombres, a los efectos del DBCP, un plaguicida de uso prohibido que causa esterilidad, cáncer, congestión pulmonar y deformaciones congénitas en los hijos. Esta es la Honduras que los golpistas y Chiquita quieren conservar. También Hillary Clinton, por qué no: Micheletti acaba de elogiarla por sus “sabias políticas”.
“En Honduras, una mula cuesta más que un miembro del Parlamento”, dijo alguna vez el despectivo director de la United Fruit, Sam “The Banana Man” Zemurray, cuando la empresa comenzó sus operaciones a comienzos del siglo pasado. En los años ’20 controlaba casi una cuarta parte de la tierra cultivable de Honduras y además se dedicaba a derrocar gobiernos elegidos en las urnas, como el de Arbenz en Guatemala en 1954. A fines de los ’90, Chiquita se inspiró en su ejemplo y pagó 1,7 millón de dólares a grupos paramilitares para controlar el cultivo y la distribución del banano en Colombia: decenas de trabajadores aparecían muertos en las plantaciones, la empresa fue demandada por familiares de los asesinados y compró su impunidad con una multa de 25 millones de dólares impuesta por un juez estadounidense. Chiquita financió a terroristas colombianos, pero nunca ingresó a la lista negra del Departamento de Estado. Es que no todos los terrorismos son iguales.
La propuesta de Arias, supervisada por el Departamento de Estado, incluye la reposición de Zelaya, pero con condiciones que castran su mandato fijadas por los golpistas: nada de plebiscito sobre la reforma de la Constitución, aunque no sea vinculante, integración de opositores en puestos claves del gabinete, y adiós al “comunista” Chávez. En otras palabras, titiritear al depuesto repuesto hasta las elecciones de enero próximo. Un comunicado de los militares golpistas emitido el domingo manifestó apoyo al plan de Arias, pero su comandante en jefe, el general Romeo Vásquez Velásquez, declaró a la BBC al día siguiente que no se permitiría la reinstalación de Zelaya.
Washington suspendió la ayuda económica y militar al gobierno de Honduras –unos 20 millones de dólares– y el martes pasado revocó a cuatro prominentes golpistas la visa de entrada a EE.UU., pero el doble juego continúa. Hillary Clinton declaró “irresponsable” la breve estancia de Zelaya en Honduras y dos de sus adláteres participan activamente en el reconocimiento del golpe cívico-militar. Uno es Lanny Davis, especialista en relaciones públicas, que presenta el hecho como un “esfuerzo valiente” para “preservar” la Constitución y “el imperio de la ley”. Davis fue el vocero de Hillary más beligerante contra Obama durante la precampaña por la candidatura presidencial demócrata. Antes había asesorado y defendido a Bill cuando el escándalo de Mónica Lewinsky. Luego entró al servicio del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), institución de la oligarquía que fomentó el golpe y que tiene apoyos ilustrados como éste: “La oligarquía en Honduras siempre tendrá de rodillas a esos indios catrachos”. O el que firma Junior: “Pues sí, comunistas basuras, la oligarquía de nuestro país jamás dejará que estos indios haraganes salgan de ese agujero así que a llorar al tamarindo” (foro.univisión.com, 30609).
Lanny Davis no carece de antecedentes en el rubro: en 1999, cuando se desempeñaba en la firma de abogados Patton Boggs, cabildeó para convencer al mundo de que el presidente de Kazajstán, Nursultan Nazarbayev –uno de los déspotas más corruptos del planeta– era un “reformador democrático” (www.democracynow.org, 15709). Un segundo amigo de Hillary participó en la trampa antidemocrática diseñada en San José: “La semana pasada Micheletti convocó a las conversaciones en Costa Rica al asesor de otra firma, relacionado con los Clinton. El asesor, Bennett Ratcliff de San Diego, se negó a dar detalles sobre el papel que juega en la negociación. ‘Cada propuesta que presentó el grupo de Micheletti fue escrita o aprobada por los estadounidenses’, dijo otro funcionario cercano a las conversaciones refiriéndose al Sr. Ratcliff” (New York Times, 12709).
El progolpe tiene el apoyo de un grupo de legisladores demócratas neoconservadores que el despacho de abogados Covington & Burling estaría alentando como si hiciera falta. Esta importante empresa jurídica con sede en Washington y más de 500 abogados en sus oficinas ha cerrado jugosos contratos de cabildeo con Chiquita Brands, la ex United Fruit Company, especializada en voltear gobiernos centroamericanos molestos. Y acontece que Zelaya incomodó a la Chiquita: aumentó el salario mínimo de los trabajadores hondureños en un 60 por ciento y la empresa frutera exigió que subiera el precio de venta de sus productos (www.counterpunch.org, 6709). El golpe de Estado no le vino mal.
La Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros (Colsiba) ha denunciado las infernales condiciones de trabajo que imperan en los dominios de Chiquita: jornadas de más de 12 horas, mujeres y niños de 14 años expuestos, como los hombres, a los efectos del DBCP, un plaguicida de uso prohibido que causa esterilidad, cáncer, congestión pulmonar y deformaciones congénitas en los hijos. Esta es la Honduras que los golpistas y Chiquita quieren conservar. También Hillary Clinton, por qué no: Micheletti acaba de elogiarla por sus “sabias políticas”.
“En Honduras, una mula cuesta más que un miembro del Parlamento”, dijo alguna vez el despectivo director de la United Fruit, Sam “The Banana Man” Zemurray, cuando la empresa comenzó sus operaciones a comienzos del siglo pasado. En los años ’20 controlaba casi una cuarta parte de la tierra cultivable de Honduras y además se dedicaba a derrocar gobiernos elegidos en las urnas, como el de Arbenz en Guatemala en 1954. A fines de los ’90, Chiquita se inspiró en su ejemplo y pagó 1,7 millón de dólares a grupos paramilitares para controlar el cultivo y la distribución del banano en Colombia: decenas de trabajadores aparecían muertos en las plantaciones, la empresa fue demandada por familiares de los asesinados y compró su impunidad con una multa de 25 millones de dólares impuesta por un juez estadounidense. Chiquita financió a terroristas colombianos, pero nunca ingresó a la lista negra del Departamento de Estado. Es que no todos los terrorismos son iguales.
